El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, firmó un decreto que pone fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego, una restricción que tres gobiernos anteriores habían mantenido. La medida fue anunciada el 11 de septiembre de 2026 y generó de inmediato un intenso debate entre sectores de la sociedad, organizaciones de derechos humanos y la oposición política.
Qué dice el decreto
Según el anuncio del Gobierno, el decreto no establece un porte indiscriminado de armas: los ciudadanos deberán continuar cumpliendo los requisitos legales vigentes para obtener y renovar los permisos. Lo que cambia es la suspensión general que impedía la expedición de nuevas licencias, una medida de orden público que distintas administraciones habían prorrogado.
De la Espriella defendió la decisión argumentando que los ciudadanos “respetuosos de la ley” tienen el derecho a la legítima defensa, en un contexto de inseguridad que, según el gobierno, la política de “Paz Total” del gobierno anterior no logró contener.
Críticas y preocupaciones
Organizaciones no gubernamentales advirtieron que la medida podría disparar la violencia civil. El argumento central de los críticos es que ampliar el acceso a armas en un país con altas tasas de homicidio agrava, en lugar de mitigar, el problema de seguridad. La oposición calificó el enfoque como “belicista” y señaló que la medida contradice las recomendaciones de organismos internacionales de salud pública.
Simultáneamente, circularon en redes sociales videos grabados antes de la llegada de De la Espriella a la presidencia, en los que aparece usando armas de fuego en lo que parece un campo de tiro. El Gobierno señaló que esas imágenes no demuestran conducta ilegal.
Contexto: primer mes de gobierno
El decreto sobre porte de armas llega en el mismo día en que el Gobierno formalizó el cierre de todos los procesos de diálogo con el ELN y otras estructuras armadas heredados de la administración Petro. Ambas decisiones configuran la hoja de ruta de seguridad de De la Espriella: mano dura, sin negociación y con respaldo ciudadano al armamento legal.
La primera encuesta de imagen presidencial, realizada por AtlasIntel para Bloomberg durante la primera semana de septiembre de 2026, ubicó la favorabilidad de De la Espriella en el 54%, con su gestión en seguridad como el factor mejor evaluado.
Lo que sigue
La oposición y las organizaciones de derechos humanos han anunciado que revisarán el decreto y evalúan acciones jurídicas. El debate sobre sus efectos reales en la seguridad ciudadana apenas comienza, en un país que registra más de 10.000 homicidios anuales y donde las armas de fuego son el mecanismo más frecuente de comisión de esos crímenes.