Colombia avanza en bienestar animal: Gustavo Petro promulga las innovadoras Ley Ángel y Ley Lorenzo.

En una actividad que congregó a más de quinientos defensores de los derechos de los animales, un centenar de perros y distintas autoridades, el mandatario Gustavo Petro formalizó la promulgación de dos nuevas regulaciones que tienen como objetivo modificar la relación entre seres humanos y animales en el país. Las Leyes Ángel y Lorenzo, promovidas por la senadora Andrea Padilla, establecen medidas contundentes para erradicar el maltrato animal y mejorar las condiciones de los caninos empleados en tareas de seguridad privada. Este acontecimiento legislativo representa un hito en la protección animal en Colombia.

La Ley Ángel, conocida como Ley 2455 de 2025, introduce castigos penales y administrativos más rigurosos para quienes realicen actos de crueldad hacia animales domésticos o salvajes. Por otro lado, la Ley Lorenzo, Ley 2454 de 2025, pretende asegurar el bienestar de los perros utilizados en la vigilancia privada, favoreciendo su retiro digno y la adopción de tecnologías que eventualmente los sustituyan. Además, en una comunicación reciente, el Congreso ratificó la Ley Kiara, también de autoría de Padilla, que regulará los servicios para animales de compañía, como hospedajes y guarderías, un sector en expansión que hasta el momento carecía de regulación.

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Esta legislativa estipula penas más drásticas para quienes inflijan daño a los animales. Las sanciones abarcan penas de prisión de más de cuatro años para aquellos que acaben intencionadamente con la vida de un animal, convirtiendo este delito en inexcusable. De igual manera, se prevén multas que van de 15 a 60 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad del daño ocasionado, sea lesiones graves o muerte.

La regulación también incorpora agravantes específicos, como la violencia vicaria ejercida mediante animales, la difusión de pornografía o escenas de agresión animal, así como la mutilación de animales en actividades comerciales. Asimismo, se instituyen penas accesorias que impiden la posesión de animales por un plazo que puede ser el doble de la duración de la pena principal, así como la inhabilitación para ejercer profesiones relacionadas con el cuidado animal.

En lo administrativo, la ley autoriza a la Policía a ingresar a viviendas cuando existan indicios de que un animal está en peligro inminente. También dispone la creación de una ruta nacional de atención al maltrato animal, que debe alcanzar a todos los municipios del país, y establece un procedimiento sancionador para casos de maltrato leve o moderado. De acuerdo a la normativa, el abandono de animales también será objeto de sanción.

En el ámbito educativo, la ley tiene como finalidad sensibilizar a fiscales, jueces y otros operadores de justicia a través de capacitaciones obligatorias. Además, quienes incurran en maltrato leve podrán cumplir su sanción asistiendo a cursos sobre protección animal, promoviendo de esta manera un cambio cultural respecto al respeto por los animales.

Esta legislación se enfoca en los caninos empleados en funciones de seguridad privada. La regulación asigna al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) la responsabilidad de desarrollar opciones tecnológicas que faciliten la sustitución gradual de estos animales en la modalidad de defensa controlada.

Entre las principales disposiciones, la ley disminuye la edad máxima permitida para la utilización de perros en estas actividades de ocho a seis años y requiere su esterilización a partir de los seis meses de edad para prevenir la reproducción dentro de las empresas. Asimismo, las entidades de vigilancia están obligadas a establecer planes de retiro que aseguren la adopción de los animales una vez concluido su servicio.

La regulación impone rigurosos estándares de bienestar animal, que incluyen períodos semanales de descanso y diversión, adecuación de los caniles con condiciones óptimas de ventilación, iluminación y comodidad térmica, así como la provisión de alimentos de calidad y protección contra las inclemencias climáticas. Adicionalmente, las compañías deberán instalar cámaras de vigilancia en los puestos de trabajo y en los caniles para garantizar el cumplimiento de estas normas.

Con el fin de fortalecer la supervisión, se establece el Registro Nacional de Perros de Vigilancia y Seguridad Privada, que facilitará la identificación y el seguimiento del historial de cada animal. De igual manera, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) será el encargado de capacitar y certificar al personal en cuestiones de bienestar animal, mientras que las empresas tendrán la obligación de informar sobre cualquier caso de maltrato en sus instalaciones.