Medellín, 10 de noviembre de 2025. El ámbito energético colombiano, un motor histórico de la evolución económica entre 1992 y 2022, enfrenta un deterioro considerable en los dos últimos años, de acuerdo con el análisis de Mauricio Santamaría, consultor privado, exdirector de Fedesarrollo y participante en el foro Energy Summit 2025, llevado a cabo en Medellín.

En conversación con ABC Economía, Santamaría señaló que esta regresión, marcada por inestabilidad financiera, fallas regulatorias y demoras en inversiones cruciales, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y obstaculiza la competitividad nacional.

Evolución anterior y estancamiento presente: De cooperación a obsolescencia

A hasta 2022, Colombia realizó una transición exitosa de un modelo estatal centralizado a uno de colaboración público-privada, mejorando la fiabilidad de los sistemas energéticos y sosteniendo un crecimiento promedio del PIB del 4% anual en la década anterior. Esta estructura generó un marco operativo sólido que atrajo inversiones y diversificó la matriz energética, disminuyendo interrupciones en un 30% y ampliando la capacidad instalada en un 50%, según información del Ministerio de Minas y Energía.

Para Santamaría, los dos últimos años han mostrado un deterioro en tres dimensiones fundamentales: la financiera, con balances de comercializadoras que carecen de flujo de caja adecuado para reinversión; la regulatoria, con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) operando a un nivel técnico deficiente; y la de inversión, con sistemas de distribución y transmisión anticuados que solo cubren el 70% de la demanda proyectada para 2030. El experto subrayó: «La distribución y transmisión están rezagadas, y la regulación ha caído a un nivel técnico muy bajo, lo que dificulta avanzar». Esta inercia estructural no solo restringe la expansión necesaria para un crecimiento del 3% en el sector, sino que socava la competitividad general: una mejora del 1% en eficiencia energética podría incrementar el PIB en 0,5 puntos, un efecto perdido en el actual estancamiento.

Para el sector privado, que aporta el 75% del PIB, esta regresión se traduce en oportunidades perdidas: la ausencia de inversión privada, desalentada por un entorno hostil con inconvenientes de licencias ambientales y sociales, disminuye la productividad laboral en industrias dependientes de energía estable, como la manufactura, que representa el 12% del PIB nacional.

Presiones fiscales y de inflación: El círculo vicioso del déficit y tasas elevadas

El deterioro energético se conecta con desequilibrios macroeconómicos, en especial el déficit fiscal del 8% del PIB —equivalente a 150 billones de pesos—, que obliga al gobierno a captar recursos internos, absorbiendo el ahorro nacional y elevando las tasas de interés en 1,5 puntos porcentuales. Santamaría relacionó esta dinámica con la política monetaria restrictiva del Banco de la República: «El déficit condena al sector privado a quedarse sin financiamiento, alimenta la inflación y mantiene tasas altas, con la política monetaria reduciendo la tasa muy lentamente». En los últimos tres meses, la tasa de intervención no ha disminuido, con la inflación estancada por encima del 5%, exacerbada por la dependencia energética que incrementa los costos operativos en un 10% para las industrias.

Esta interacción genera un círculo vicioso: el 60% de la financiación del déficit proviene de mercados locales, dejando a los bancos sin liquidez para el sector privado, cuyo crédito crece solo al 4% anual, por debajo del 7% necesario para un PIB del 3% en 2026. En el ámbito inflacionario, el sector energético contribuye de manera indirecta: sin expansión, choques como El Niño elevan tarifas en un 15%, trasladando presiones al IPC y complicando la meta del 3% del Banco Central.

Para analistas macroeconómicos, este escenario disminuye la prima de riesgo fiscal

en 2 puntos, aumentando el costo de financiamiento estatal y restringiendo la captación de IED en infraestructura, que se redujo un 10% en 2025.

Riesgo de cortes de energía y regulación inadecuada: Vulnerabilidad ante El Niño 2026

La amenaza de cortes de energía se presenta como un riesgo tangible, particularmente con un El Niño intenso en 2026. Santamaría advirtió: «Si hay un Niño severo, el peligro es considerable, ya que dependemos del agua y no ha habido una expansión suficiente en la generación, transmisión y distribución». Situaciones anteriores como las de 1998 y 2016 se gestionaron con tarifas elevadas, pero las condiciones actuales —con comercializadoras sin liquidez y capacidad instalada rezagada en un 15%— dificultan la respuesta, posiblemente restando 0,5 puntos al PIB trimestral en pérdidas productivas.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha perdido solidez técnica, transformándose en «una comisión de debates sin especialistas», según el consultor, lo cual retrasa licencias en un 40%. El Ministerio de Minas, centrado únicamente en tarifas, agrava el desajuste: «Es un error gravísimo; el Ministerio es político, no regulador, y eso termina mal». Esta centralización estatal, con el 70% de decisiones oficiales, inhibe la colaboración entre el sector público y privado que promovió el sector hasta 2022, incrementando costos en un 10% y desalentando inversiones en energías renovables, que deben alcanzar el 50% de la matriz para 2030.

En el ámbito social, conflictos con comunidades y licencias ambientales demoran proyectos en un 20%, intensificando la incertidumbre electoral que «mueve la inversión hacia la espera».

Eficiencia energética como motor para el PIB y productividad

Ante estos desafíos, la eficiencia energética se perfila como una solución inmediata: «Es producir más con recursos limitados, liberando capacidad para el crecimiento», explicó Santamaría. Sustituir equipos ineficaces reduce el consumo en un 30-40%, aumentando la productividad en un 0,5% por cada 1% de ahorro, de acuerdo con el Banco Mundial. En Colombia, con un consumo per cápita de 2.500 kWh anuales, esta eficiencia podría añadir 0,3% al PIB para 2026, impulsando la inversión en LED y electrodomésticos que ahorran 500.000 millones de pesos anuales en facturas industriales.

Esta agenda genera oportunidades en fondos verdes con rendimientos del 6-8%, respaldados por certificaciones ISO 50001 que cubren el 40% de la demanda industrial. Para el sector privado, la eficiencia disminuye los riesgos energéticos, estabilizando la balanza de pagos al reducir importaciones en un 10% y contribuyendo a la meta de PIB per cápita de 7.000 dólares para 2030.

Escenario prospectivo: Reforma regulatoria crucial para la recuperación

El panorama 2026 es incierto: la incertidumbre electoral provoca un «espera y ve», contrayendo la inversión privada en un 20%, según Santamaría. La regulación debe recuperar expertise en la CREG, priorizando la transmisión —atrasada en 20%— y la generación renovable. El Ministerio debe ceder el control tarifario, evitando intervenciones políticas que elevan los costos en un 10%.

Para los inversores, el sector presenta un beta de 0,8 en portafolios diversificados, con potencial de valorización del 10% si se resuelve la incertidumbre. En Colombia, donde el crecimiento histórico del 4% dependió de una energía confiable, la reforma es imperativa para retomar la senda de 30-40 años de expansión, contribuyendo al objetivo de PIB per cápita de 7.000 dólares para 2030.

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