Condena a esposos por intento de asesinato a comerciante de café en El Agrado

La condena a esposos Sandra Milena Cañaveral Zapata y Didier Fernando Puentes Gómez fue confirmada por el Tribunal Superior de Neiva tras intentar asesinar al comerciante de café Víctor Félix Vargas Plazas en zona rural del municipio de El Agrado, Huila. El ataque perpetrado el 5 de diciembre de 2017 dejó a la víctima parapléjica, sin uno de sus riñones y con daños en el páncreas, convirtiéndolo en un caso paradigmático de violencia rural en Colombia. Esta confirmación judicial marca un hito importante en la justicia penal del departamento del Huila, donde la inseguridad en zonas rurales ha sido históricamente un problema recurrente.

El Tribunal Superior de Neiva decidió mantener vigente la sentencia de primera instancia proferida por el juez Primero Penal del Circuito de Garzón, Luis Alberto Chacón Díaz, rechazando los argumentos presentados por los abogados defensores de la pareja. Esta decisión judicial ratifica la responsabilidad penal de ambos imputados en uno de los casos más graves de violencia registrados en la región durante los últimos años.

Detalles de la condena a esposos por intento de asesinato

Sandra Milena Cañaveral Zapata fue condenada a 315 meses de prisión, equivalentes a 26 años y 3 meses, mientras que su esposo Didier Fernando Puentes Gómez recibió una sentencia de 465 meses de prisión, es decir, 38 años y 9 meses. Ambos fueron hallados responsables de los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, delitos que reflejan la gravedad de sus acciones.

Además de las penas privativas de la libertad, la condena a esposos incluye medidas adicionales como la suspensión de la ejecución de la pena y la asignación de prisión domiciliaria como sustitutiva en casos específicos. Estas disposiciones judiciales consideraron el estatus de la pareja como cabeza de hogar, aplicando criterios humanitarios dentro del marco de la ley penal colombiana, aunque sin disminuir significativamente la magnitud de sus condenas.

Cómo ocurrió el ataque en la vía El Agrado-Garzón

El fiscal presentó en su acusación que el ataque ocurrió el 5 de diciembre de 2017, aproximadamente a las 10 de la mañana, en la altura del puente ubicado en inmediaciones de la represa El Quimbo, en la vía que conecta el municipio de El Agrado con Garzón. Víctor Félix Vargas Plazas se desplazaba en una motocicleta Yamaha de placa WQY-02D después de realizar diligencias comerciales relacionadas con la compraventa de café en El Pital, acompañado por Oscar Javier Sánchez Tovar, quien conducía una camioneta marca Toyota.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, los atacantes utilizaron armas de fuego de manera deliberada y premeditada contra la víctima, causándole lesiones que resultaron en consecuencias permanentes para su vida. El comerciante fue impactado por múltiples disparos que afectaron órganos vitales, dejándolo en condiciones de discapacidad permanente que transformaron completamente su existencia.

La investigación determinó que el ataque no fue un acto impulsivo, sino una acción planificada que involucraba a ambos miembros de la pareja en roles específicos durante la ejecución del crimen. Esta estructura criminal y la premeditación evidenciada fueron factores determinantes en la condena a esposos por parte de los jueces del circuito.

Impacto en la víctima y consecuencias legales

Víctor Félix Vargas Plazas quedó parapléjico de por vida tras el ataque, dependiendo de ayudas técnicas y cuidados permanentes para realizar sus actividades cotidianas. La pérdida de un riñón y los daños al páncreas comprometieron seriamente su salud, generando gastos médicos continuos y una calidad de vida drásticamente reducida. El comerciante de café se convirtió en símbolo de las víctimas de violencia en zonas rurales colombianas, donde la inseguridad ha afectado históricamente el desarrollo económico y social.

Esta condena a esposos representa un mensaje claro desde el sistema judicial colombiano sobre la tolerancia cero hacia la violencia de carácter criminal en territorios rurales. Los magistrados enfatizaron en sus considerandos la necesidad de proteger a los ciudadanos que realizan actividades económicas lícitas en regiones apartadas, donde la presencia estatal ha sido históricamente débil.

Las consecuencias legales establecidas en esta sentencia firme incluyen antecedentes penales permanentes, restricción de derechos civiles y políticos durante el período de condena, y la obligación de indemnizar a la víctima por los daños ocasionados. Esta sentencia se suma a otros casos de violencia rural documentados en el departamento del Huila, reflejando la necesidad continua de reforzar la seguridad en vías secundarias y zonas de difícil acceso. Para conocer más casos de justicia y seguridad en Colombia, consulta más noticias de Colombia.