Aunque el Congreso ya aprobó el presupuesto para 2026, el Gobierno aún no presenta un nuevo texto para la Ley de Financiamiento. Este instrumento será clave para cubrir el faltante de $16,3 billones en ingresos, de los cuales $10 billones deberán definirse mediante acuerdo político y tributario.
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El trámite de la Ley de Financiamiento, pieza central del equilibrio fiscal del Gobierno para 2026, se mantiene en pausa. Las comisiones económicas conjuntas (tercera y cuarta) aún no designan a los congresistas que actuarán como ponentes, un paso indispensable para avanzar en la redacción y discusión del articulado.
Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que, mientras no haya ponentes, no existe un nuevo texto radicado ni se abrirá el debate sobre las medidas tributarias o ajustes de gasto. El Ejecutivo espera que, una vez se conforme la ponencia, se construya un consenso político y técnico para cubrir los $10 billones que completarán la meta de financiación del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
Debate de Presupuesto 2026. Foto:Prensa Cámara de Representantes
El presupuesto aprobado: $546,9 billones para 2026
De acuerdo con el documento oficial del Ministerio de Hacienda titulado ABC del Presupuesto 2026, el PGN aprobado por el Congreso asciende a $546,9 billones, equivalentes al 30 % del Producto Interno Bruto (PIB)
De ese total, $530,7 billones provienen de los ingresos ordinarios del Estado y de los establecimientos públicos, mientras que $16,3 billones restantes dependerán de la Ley de Financiamiento, actualmente en trámite
El presupuesto se estructuró bajo los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), con un enfoque en crecimiento justo, protección del medio ambiente y reducción de desigualdades regionales.
El presupuesto para 2026 contempla tres grandes rubros:
Gastos de funcionamiento: $358,1 billones (65,4 % del total), destinados a la operación del Estado y cumplimiento de sus funciones.
Servicio de la deuda: $100,4 billones (18,3 %), para atender los créditos tomados por el país.
Inversión pública: $88,4 billones (16,1 %), orientados a infraestructura, programas sociales y proyectos estratégicos.
Estos montos reflejan una estructura fiscal con alta rigidez, pues una gran proporción de los recursos está comprometida por mandatos constitucionales, transferencias territoriales, pensiones, salud y educación pública.
El documento del Ministerio advierte que la actual coyuntura fiscal está marcada por obligaciones extraordinarias acumuladas entre 2022 y 2025, que suman cerca de $120 billones. Entre ellas destacan:
- $79,6 billones por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
- $22,9 billones por el pago de la Línea de Crédito Flexible del FMI utilizada durante la pandemia.
- $18,2 billones en subsidios de energía y gas
Presupuesto aprobación… Foto:Cámara de Representantes
Por ello, el Gobierno plantea la necesidad de un “Pacto Fiscal” que asegure la sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo sin frenar los programas sociales ni los objetivos del PND
En las prioridades de inversión están las principales áreas donde se concentrará la inversión del próximo año:
- Protección económica para la vejez, mediante el fortalecimiento del sistema pensional.
- Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud.
- Fortalecimiento de las capacidades de defensa y seguridad.
- Educación pública gratuita y de calidad, desde la básica hasta la superior.
- Ampliación del acceso a agua potable y saneamiento básico.
- Programas de transición energética como “Colombia Solar”.
Mientras se define el equipo de ponentes, el Ministerio de Hacienda mantiene abierta la conversación con bancadas y gremios para identificar las fuentes de ingreso que permitan equilibrar el presupuesto. Entre las opciones bajo estudio se mencionan revisiones a beneficios tributarios, mayor control a la evasión y mecanismos temporales de recaudo.
Solo después de alcanzar acuerdos iniciales se conocerá el texto final que entrará a debate. Hasta entonces, el Ejecutivo insiste en que la prioridad es garantizar la estabilidad fiscal sin afectar las metas sociales del Plan Nacional de Desarrollo.
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