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Cada vez es mayor el número de empresas que deben acogerse a la Ley de Insolvencia (Ley 1116 de 2006) o declararse en quiebra definitiva en el país debido no solo al impacto negativo del comportamiento de los mercados y las economías sino también a a problemas derivados del manejo y operación de las mismas compañías, como estrategias comerciales, pocas ventas y mal manejo de la liquidez.
A esos factores se suma con más frecuencia una mala gestión en el cobro de cartera, que golpea los flujos de caja y la operación general de las empresas, según lo concluye el reciente informe “Insolvencia Empresarial en Colombia”, elaborado por Solunion Colombia, firma experta en seguros de crédito y gestión del riesgo comercial.
“La falta de recaudo oportuno compromete las obligaciones operativas, deteriora el flujo de caja y termina llevando a muchas compañías a procesos de insolvencia. La verdadera fragilidad está en el ciclo de recuperación de cartera”, que además advierte que, “el problema no radica solo en las ventas o en el tamaño de las compañías, sino en su capacidad de gestionar el riesgo comercial de manera efectiva”.
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Cifras citadas por Solunion indican que entre 2024 y hasta mediados de mayo del presente año, se presentaron 2.530 solicitudes de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades, de las cuales 1.632 (64,5 por ciento) fueron para reorganización y 898 (35,5 por ciento) para liquidación judicial.
Los sectores más afectados son servicios (24,5 por ciento), comercio (20,4 por ciento) y manufactura (13,9 por ciento). Hasta mayo pasado había 4.166 procesos activos, de los cuales más de 1.298 han pasado a liquidación.
Para los analistas de la compañía las dinámicas empresariales actuales, en una economía hiperconectada, han expuesto a las empresas a choques sistémicos de gran alcance. “Una crisis logística en Asia o una subida de tasas de interés en Estados Unidos tiene efectos casi inmediatos sobre el capital de trabajo en nuestro país. Internamente, el encarecimiento del crédito, las reformas estructurales y la inflación de costos operativos agravan el panorama”.
Agregan que un elemento preocupante es el efecto dominó que puede producirse cuando una empresa entra en crisis. En ecosistemas productivos compuestos por pymes, una insolvencia de gran escala puede tener consecuencias multiplicadas.
Caso Justo & Bueno
Protestas de trabajadores y arrendadores de Justo & Bueno, que exigían el pago de obligaciones. Foto:
En el informe se hace alusión al caso ocurrido con Justo & Bueno, cadena de tienda que entró en quiebra y el impacto financiero generado en cientos de pymes del país.
La liquidación de dicha empresa en 2022 afectó a más de 5.000 empleados y dejó 15.866 acreedores, entre ellos proveedores, arrendadores y transportistas en crisis, pues muchos tenían una alta concentración de ventas en esta cadena minorista y vieron comprometido su flujo de caja, un impacto que se extendió a otros proveedores indirectos.
“Este tipo de colapso es especialmente grave en economías como la colombiana, donde más del 90 por ciento de las empresas son pymes y la cartera por cobrar representa en muchos casos más del 50 por ciento del activo total”, advierten los expertos de Solunion.
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Prevención, la estrategia
Desde la perspectiva de Solunion, proteger la cartera por cobrar es una decisión estratégica y casi imperativa para las empresas y solo las que anticipan los riesgos financieros de sus clientes y toman decisiones con base en información actualizada son las que logran sobrevivir.
Por eso recomiendan herramientas para el seguimiento de scoring financiero, las alertas tempranas y especialmente el seguro de crédito, que no solo cubre el impago, sino que brinda acceso a evaluaciones de riesgo, vigilancia permanente y servicios de recuperación. Esta combinación permite vender con mayor seguridad, ampliar mercados y blindar la liquidez ante escenarios imprevistos, señalan los expertos.
Es estudio enfatiza en que “la clave está en adoptar una gestión inteligente y preventiva del riesgo comercial, que combine herramientas tecnológicas, análisis de datos y coberturas financieras”, lo que implica conocer en profundidad a los clientes, monitorear su comportamiento de pago y activar alertas tempranas ante señales de deterioro financiero, evitando así situaciones que puedan afectar el flujo de caja”.
En ese sentido, sostienen, una de las herramientas más efectivas es el seguro de crédito, que ofrece respaldo ante un impago, pero además, acceso a evaluaciones de riesgo, información comercial actualizada y servicios de recuperación.
Dicho instrumento, agregan, permite a las empresas tomar decisiones de venta más seguras, ampliar su cartera de clientes con mayor confianza y blindar su liquidez ante imprevistos. En lugar de actuar cuando el problema ya está encima, las empresas que adoptan una estrategia preventiva están un paso adelante, construyendo resiliencia financiera desde la base, puntualiza el estudio.
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