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En un fallo definitivo que sienta un precedente para la protección de los recursos públicos, el Consejo de Estado ratificó la sentencia que niega las pretensiones de la sociedad Publicidad Lozano & Cía. SAS
La firma buscaba una indemnización superior a los 42.900 millones de pesos, alegando afectaciones económicas derivadas del Acuerdo 0436 de 2017, el cual congeló el registro de nuevas vallas publicitarias en la ciudad.
El Alto Tribunal determinó que el demandante debe pagar al Distrito el 3% de sus pretensiones. Foto:Consejo de Estado
La justicia considera que la administración actuó bajo la legalidad al implementar medidas para combatir la saturación visual y proteger el paisaje urbano. El fallo concluyó que no existía un “daño especial”, argumentando que las normas de ordenamiento territorial son cargas generales que todas las empresas deben asumir en beneficio del interés común.
Condena en costas y falta de sustento técnico
Además de negar la indemnización, el Alto Tribunal ordenó a la empresa demandante pagar al Distrito el 3% del valor de sus pretensiones, cifra que asciende a $ 1,287 millones de pesos.
La Alcaldía de Cali logró salvar $42.900 millones. Foto:Archivo EL TIEMPO
Esta decisión se tomó tras demostrarse que la demanda carecía de sustento legal y que la empresa pretendía obtener un beneficio a pesar de no haber cumplido con los registros exigidos por la norma local antes de instalar sus elementos publicitarios.
El abogado defensor del caso, Cristóbal Martínez, destacó la relevancia de la victoria judicial: “Logramos demostrar que la empresa pretendía un beneficio de su propia culpa. Esta condena es un mensaje contundente contra quienes intentan asaltar el presupuesto público con litigios sin fundamento”, precisó el jurista.
Impacto en la inversión social
Para la Alcaldía de Cali, este fallo representa un hito en la defensa jurídica del Distrito. Ana Catalina Castro, directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública, señaló que estos recursos salvados equivalen a la inversión social que requiere la ciudadanía.
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“Este dinero no es de la Alcaldía, es de cada ciudadano y hoy lo hemos salvado. Cali se consolida como un Distrito que defiende con rigor técnico su paisaje y su estabilidad financiera”, puntualizó Castro.
Blindaje al ordenamiento urbano
La decisión judicial no solo protege las finanzas de la ciudad, sino que también ciega las políticas de ordenamiento urbano y sostenibilidad ambiental.
El fallo ratifica que el ejercicio de la potestad reglamentaria sobre actividades económicas reguladas, como la publicidad exterior, no constituye un evento dañino, sino una condición propia del ejercicio comercial dentro de un marco legal.
Con el fallo, la ciudad recuperará recursos invertidos en el proceso. Foto:iStock
Con este resultado, los impuestos de los ciudadanos quedan protegidos de litigios injustificados, asegurando que el interés general prevalezca sobre los intereses particulares de carácter económico.
Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Alcaldía de Cali. Además, contó con la revisión del periodista y un editor.
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