El Consejo de Estado admitió una demanda que cuestiona la validez del Decreto 033 del 17 de enero de 2025, expedido por la Presidencia de la República y los ministerios de Justicia y Agricultura.
La acción judicial, interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia), pide la nulidad de la norma al considerar que excede la potestad reglamentaria del Ejecutivo, vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios rurales en el país.
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El Decreto 033 introdujo modificaciones sustanciales en el régimen de adquisición de predios rurales y en la operatividad del servicio público registral en zonas de reforma agraria.
Entre las disposiciones, reintrodujo la opción privilegiada de compra de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y estableció que los particulares en municipios priorizados deben informar a esa entidad sobre cualquier negocio de compraventa o promesa de venta de predios con áreas superiores a dos Unidades Agrícolas Familiares.
Esto permite que el Estado interrumpa o sustituya la negociación entre particulares y ejerza preferentemente su derecho de adquisición. Según la demanda, estas medidas incluso se aplican a negocios en curso, lo que afecta la libertad contractual y la confianza legítima de adquirentes y propietarios.
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De acuerdo con FEDe. Colombia, el decreto creó procedimientos y facultades de carácter expropiatorio sin que exista una ley previa del Congreso que los respalde. La organización también denunció irregularidades en la expedición del acto administrativo, pues la consulta pública se realizó en un plazo de apenas cuatro días, a pesar de que la normativa vigente exige un mínimo de quince. La demanda sostiene que no se garantizó una participación ciudadana efectiva y que la motivación de la norma se basó en argumentos generales de conveniencia sin sustento técnico ni jurídico.
La Fundación advierte que las disposiciones incluidas en el Decreto 033 restringen derechos constitucionales como la propiedad privada, el debido proceso y la publicidad de los actos administrativos. Señala además que la norma invade competencias propias de entidades técnicas como la Superintendencia de Notariado y Registro, al imponer trámites forzosos sin ley previa y al eliminar garantías registrales que protegen a los ciudadanos. Para la organización, este escenario configura una situación de inseguridad jurídica que afecta la confianza en el ordenamiento legal.
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En la acción presentada se solicita no solo la nulidad del decreto, sino también la adopción de una medida cautelar que suspenda de manera provisional sus efectos mientras avanza el proceso en el Consejo de Estado. La Fundación argumenta que la aplicación inmediata de la norma puede generar daños irreparables al orden jurídico y a los derechos de los propietarios rurales.
“Las restricciones al derecho de propiedad requieren una ley del Congreso, garantías de debido proceso y seguridad jurídica para todos los colombianos”, afirmó Andrés Caro, director de FEDe. Colombia. El directivo añadió que la organización no se opone a la función social de la propiedad ni al avance de la reforma agraria, pero rechaza que estos objetivos se impongan mediante decretos que desconocen la Constitución y la ley.
Con la admisión de la demanda, el alto tribunal iniciará el estudio de legalidad sobre el Decreto 033, que en la práctica habilita a la Agencia Nacional de Tierras a intervenir en operaciones privadas de compraventa de predios rurales. El pronunciamiento del Consejo de Estado será determinante para definir si las disposiciones adoptadas por el Gobierno se ajustan a la Constitución y a las normas legales vigentes, o si deben ser retiradas del ordenamiento.
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DIANA K. RODRÍGUEZ T.
Periodista de Portafolio
