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Un nuevo capítulo se suma a la controversia jurídica que involucra a la Gobernación del Atlánticola Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) y el abogado Pedro Torres Olivares, representante de la familia Torres Velásquez. Mientras la Andje aseguró días atrás que una reciente decisión del Consejo de Estado libró al departamento de riesgos judiciales por más de $22 mil millones, la contraparte sostiene que el proceso mencionado no está ejecutado y que la información divulgada es “incompleta y desinformativa”.
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La versión de la Andje: victoria y blindaje frente a riesgos
El pasado 13 de noviembre, la Andje informó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de tutela de segunda instancia del 30 de octubre de 2025, amparó el derecho fundamental al debido proceso del Departamento del Atlántico y dejó sin efectos una condena por $73 millones dictada en enero por el Tribunal Administrativo del Atlántico. Según la Agencia, esta decisión no solo corrige una interpretación errónea sobre un contrato de mandato, sino que evita un “efecto dominó” que habría consolidado las finanzas públicas en 38 procesos similares y hasta 300 casos potenciales, con riesgos estimados en más de $22 mil millones.
Consejo de Estado. Foto:Jesús Blanquicet
La Andje explicó que el Tribunal incurrió en “vía de hecho” al considerar vinculante para la Gobernación un contrato suscrito entre el abogado Javier Torres Velásquez y un particularpese a que el ente territorial no era parte en esa relación. El Consejo de Estado ordenó emitir una nueva providencia ajustada a derechoaplicando las normas sustantivas sobre responsabilidad estatal previstas en el artículo 90 de la Constitución.
La réplica de Pedro Torres: proceso activo y acciones en curso
En contraste, el abogado Pedro Torres Olivares, director jurídico de Servicios Legales Torresdesmintió en exclusiva a EL TIEMPO la versión oficial. A través de comunicados y declaraciones a las que tuvo acceso a esta casa editorial, afirmó que la sentencia de tutela citada por la Andje “no está en firme”pues se encuentra alguna solicitud de aclaración y otras acciones jurídicas. “La información divulgada es incorrecta, incompleta y busca desinformar a la opinión pública con fines de protagonismo”, señaló Torres, quien advirtió que se trata de un solo proceso, mientras que en otros casos el Consejo de Estado ha fallado a favor de su representado en las Secciones Segunda y Tercera.
El implicado Javier Torres y Pedro Torres Olivares, representante de la familia Torres Velásquez. Foto:cortesia
El abogado añadió que existe 12 sentencias ejecutoriadas contra el Departamento del Atlántico en cerca de 300 procesos activos, que reconocen la responsabilidad de la Gobernación y el daño causado a su familia. Además, anunció que interpondrá una nueva demanda por revictimización, alegando que la estrategia de la Andje y la Gobernación para promover una “tutelatón” contra fallos de segunda instancia ha generado afectaciones emocionales y de salud a los demandantes.
El origen, las condenas y la acción de repetición.
Los documentos confirman que el origen del litigio está en demandas de reparación directa por la omisión del Departamento en descontar honorarios pactados en contratos de mandato, tras la revocatoria de poderes otorgados por beneficiarios de homologaciones salariales. En varios procesos, el Tribunal Administrativo del Atlántico declaró la responsabilidad del ente territorial y lo condenó a pagar indemnizaciones por lucro cesante y perjuicios moralessumas que fueron reconocidas mediante resoluciones y comprobantes de egreso en 2023.
La Andje aseguró días atrás que el departamento se había librado de pagar más de $22 mil millones. Foto:iStock
Como consecuencia, la Gobernación inició una acción de repetición contra el exsecretario de Educación Carlos Prasca Muñoz, por considerar que su conducta gravemente culposa originó las condenas. La demanda estima una cantidad superior a $189 millones, correspondiente a pagos efectuados por el Departamento, y se fundamenta en la Ley 678 de 2001 y la Ley 2195 de 2022, que obligan a las entidades públicas a repetir contra sus agentes cuando el daño estatal deriva de dolo o culpa grave.
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Aunque la Gobernación afirma que la tutela reciente “blinda” al departamento frente a riesgos, también reconoció y pagó condenas previas y activó la acción de repetición contra un exfuncionario. Jurídicamente, esto no es contradictorio: la acción de repetición es obligatoria cuando el daño estatal se deriva de dolo o culpa grave de un agente público. Sin embargo, sí genera una percepción pública de incoherenciaporque mientras se comunica una victoria que reduciría riesgos, se admite que hubo fallos condenatorios firmes y se han hecho pagos en efectivo.
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