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La Contraloría General de la República ascendieron las alertas por los retrasos generalizados y persistentes de varios municipios de Cundinamarca en la actualización de sus instrumentos de ordenamiento territorial, una obligación clave para cumplir las órdenes judiciales orientadas a la descontaminación del río Bogotá.
Así quedó consignado en la Circular No. 007-2025, expedida por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, en el marco de una auditoría de cumplimiento a los recursos destinados por municipios y entidades ambientales para acatar las decisiones judiciales relacionadas con el río, durante las vigencias 2020 a 2024.
El documento está dirigido a los alcaldes de 29 municipios de Cundinamarca, así como a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)y señala como primera observación el incumplimiento de la orden 4.18 de la sentencia del Consejo de Estado, que obliga a los entes territoriales a ajustar, modificar o actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT)de acuerdo con el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) del río Bogotá.
Según la Contraloría, han transcurrido más de cinco años desde la actualización del POMCA —adoptado mediante la Resolución 957 del 2 de abril de 2019— sin que varios municipios hayan culminado dichos procesos. El informe advierte que algunos territorios no han logrado finalizar las modificaciones, mientras que otros ni siquiera las han iniciado, a pesar del tiempo transcurrido y del carácter obligatorio de la orden judicial.
Contraloría General de la República. Foto:Milton Díaz / El Tiempo
La auditoría también identifica demoras en los trámites ambientales que deben surtirse ante la CAR, especialmente en los procesos de revisión y concertación ambiental, lo que ha incidido en el estancamiento de los ajustes normativos requeridos para armonizar el ordenamiento territorial con la protección de la cuenca.
En cuanto al uso de los recursos, la contraloría advierte que la ejecución reportada por la CAR durante las vigencias auditadas se concentra principalmente en la contratación de órdenes de prestación de servicios (OPS) para asesorías, sin que se evidencie una inversión integral y robusta que permita superar los retrasos estructurales en la actualización de los instrumentos de planeación municipal.
Ante estos hallazgos, el ente de control otorgó un plazo de cinco días hábiles para que los municipios y la CAR se pronuncien y remitan los soportes correspondientes, con el fin de desvirtuar o aclarar las observaciones formuladas dentro del proceso auditor.
La Contraloría enfatiza que el cumplimiento oportuno de estas obligaciones es un elemento central para garantizar la ejecución efectiva de las decisiones judiciales que buscan la recuperación ambiental del río Bogotá, una de las cuencas más degradadas del país y eje fundamental del ordenamiento ambiental y urbano de la región.
CAROL MALAVER
SUBEDITOR BOGOTÁ
Escríbanos a carmal@eltiempo.com
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