La Contraloría de Bogotá estableció un hallazgo fiscal por $6.643.216.503 contra la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, tras una Actuación Especial de Fiscalización que revisó la gestión de los pasivos exigibles de las vigencias 2020 a 2025. El hallazgo apunta al Contrato 588 de 2022, suscrito para adquirir siete máquinas extintoras, y tiene incidencia disciplinaria.
El contrato y el problema del pago anticipado
El nudo del hallazgo está en cómo se estructuró el pago. Según la Contraloría, la entidad desembolsó el 49% del valor contractual como pago anticipado y no como anticipo: una distinción técnica que importa porque tiene consecuencias distintas en términos de garantías, vigilancia y responsabilidades del contratista.
El organismo de control señaló además que los vehículos no fueron entregados dentro del plazo establecido en el contrato, y que hubo múltiples suspensiones y prórrogas sin que el objeto del contrato se cumpliera. La Contraloría identificó deficiencias en la vigilancia contractual y una omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio —mecanismos que debieron activarse ante los retrasos— por parte de la supervisión interna.
Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá, afirmó que el hallazgo “demuestra la importancia de fortalecer la supervisión y el control de los contratos para garantizar que los recursos de los bogotanos se traduzcan en bienes y beneficios al servicio de la ciudadanía.”
La defensa de Bomberos: no hubo sobrecostos
La directora de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao, respondió a los señalamientos con tres argumentos. Primero: el segundo pago de 6.643 millones de pesos se realizó “conforme a lo pactado” en el contrato original. Segundo: sí hubo retrasos, pero no se hicieron adiciones al contrato ni se incurrió en detrimento patrimonial. Tercero: las siete máquinas extintoras quedaron debidamente amparadas por las pólizas correspondientes y el proceso de recepción inició el 15 de mayo de 2026.
La institución también destacó que las máquinas están operativas: a la fecha han atendido 1.495 servicios de emergencia en la capital y en otras ciudades del país donde han sido desplegadas.
¿Qué sigue después del hallazgo fiscal?
Un hallazgo fiscal de la Contraloría no es una condena automática, pero sí abre un proceso formal. La entidad debe pronunciarse sobre las respuestas de los auditados y puede archivar el hallazgo si las explicaciones son suficientes, o escalarlo a un proceso de responsabilidad fiscal. La incidencia disciplinaria mencionada en el informe significa que los funcionarios que supervisaron el contrato podrían enfrentar investigaciones ante la Procuraduría General de la Nación.
El caso se enmarca en una revisión más amplia que la Contraloría hizo sobre los pasivos exigibles de Bomberos entre 2020 y 2025. Los pasivos exigibles son compromisos de gasto adquiridos pero no ejecutados en el año fiscal correspondiente, un rubro que con frecuencia refleja contratos mal gestionados o pagos realizados sin que la contraprestación se haya cumplido.
El contexto: cinco años de contratos bajo la lupa
La Actuación Especial de Fiscalización que llevó al hallazgo abarcó cinco años de gestión presupuestal, de 2020 a 2025. Ese periodo incluyó la pandemia, la administración Claudia López en su totalidad y el comienzo de la administración Galán. La Contraloría no ha indicado en cuál de esas gestiones se concentran las deficiencias identificadas.
Para Bogotá, donde el Cuerpo de Bomberos atiende una ciudad de más de ocho millones de personas, la disponibilidad de máquinas extintoras es una cuestión de seguridad pública. Que un contrato por siete vehículos haya tardado más de dos años en cumplir su objeto —el Contrato 588 es de 2022 y los vehículos iniciaron recepción en mayo de 2026— pone sobre la mesa preguntas sobre los procesos de adquisición de equipos de emergencia en la capital.