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Este Jueves, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró la advertencia sobre los potenciales riesgos que conlleva la terminación anticipada del contrato relacionado con el proyecto en el Canal del Dique, lo que podría conllevar al desembolso de una cifra que actualmente ascendería a 434.000 millones de pesos.
El funcionario se pronunció sobre esta situación tras una visita de seguimiento a la advertencia emitida por la entidad en noviembre de 2024 dirigida a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Dicha advertencia fue realizada en su momento debido a los riesgos fiscales detectados durante el desarrollo del proyecto de concesión ‘Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.
Según la contraloría, en caso de que ocurra una terminación anticipada de este contrato de concesión por motivos “no atribuibles al concesionario”, el contrato estipula que se debe compensar al mismo una suma que ya podría llegar a $ 434.000 millones.
La Contraloría advirtió sobre riesgos en 2024. Foto:Prensa Contraloría
Lo anterior, con el agravante de que la nación no habría obtenido a cambio la restauración de ninguno de los ecosistemas degradados del Canal del Dique ni las demás actividades y obras programadas.
“Además, podría materializarse el grave riesgo social y fiscal de que cerca de 200.000 hectáreas de los 19 municipios en la zona de influencia del Canal del Dique queden expuestas y desprotegidas frente a inundaciones, como consecuencia del cambio climático”, comunicó la contraloría.
Otros riesgos destacados por la contraloría
Asimismo, se indicó que podría aumentar la degradación ambiental de los ecosistemas del Canal del Dique, debido al ingreso descontrolado de sedimentos al canal, ciénagas, caños y las bahías de Cartagena y Barbacoas.
Por otro lado, no habría soporte contractual ni ejecución para los casi $ 213.000 millones que se preveía invertir en gestión social, institucional y ambiental en los 19 municipios del área de influencia de este proyecto.
Asimismo, se perdería la inversión ya realizada de casi $ 11.000 millones en el desarrollo, protocolización y compromisos de las 17 consultas previas ya efectuadas con las comunidades por parte del concesionario y la ANI.
La comunidad ha expresado su preocupación por el macroproyecto. Foto:Prensa Contraloría
“A pesar de que estos riesgos fueron oportunamente señalados y anunciados por la contraloría, consideramos que aún pueden ser gestionados y solucionados adecuadamente, respetando plenamente la ley y el contrato vigente, de modo que se prevenga su materialización y no se conviertan en una de las causas para decidir una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión, que forma parte de una declaratoria de importancia estratégica para la nación y que generará importantes beneficios al país”, indicó el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Consideración de las cuatro opciones
En este sentido, la Contraloría General sugiere considerar la opción de subsidiar el estado real y pasar
Pronto el contrato de concesión a la Etapa de Construcción, la cual enumeró una continua:
Firma de una modificación contractual: formalizar la elaboración y reconocimiento del Estudio de Impacto Ambiental ordenado por la ANLA mediante la Resolución 0322 del 29 de febrero de 2024.
Efectuar un Estudio Jurídico y Acuerdo Entre las Partes para la eventual firma de un modificante contractual que formalice, entre otros aspectos, la elaboración y el reconocimiento del estudio de impacto ambiental requerido por la ANLA a través de la resolución 0322 del 29 de febrero de 2024.
En segundo lugar, revisión de requisitos de licenciamiento ambiental: evaluar jurídicamente la exclusión de las Unidades Funcionales 13 y 14 de la obligación de Licenciamiento Ambiental, permitiendo una intervención preventiva sugerente.
De igual manera, Optimización del Proceso de Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental: estructurar y agilizar al máximo posible el proceso de presentación y aprobación del estudio de impacto ambiental exigido por la ANLA tras la firma del contrato de concesión.
Así se optimiza la protocolización de las nuevas consultas previas que pudieran surgir, cuyo costo, no previsto inicialmente, podría eventualmente ascender a $ 300,000 millones.
Canal del Dique. Foto:Gobernación de Bolívar
Como aspecto de color, cumpliendo con las Condiciones Contractuales Restantes: garantizar que el concesionario cumpla con los requisitos pendientes para avanzar hacia la Etapa de Construcción, incluyendo estudios de fase 3, Plan de Gestión del Riesgo y Viabilidad Social y Predial.
La contraloría hizo hincapié en la relevancia de tomar acciones inmediatas para prevenir la terminación anticipada del contrato, lo que tendría graves repercusiones fiscales, sociales y ambientales.
“Una gestión coordinada es fundamental para avanzar en la restauración de los ecosistemas del canal del dique y asegurar la protección de las comunidades afectadas. Es momento de actuar con responsabilidad y compromiso para garantizar la viabilidad del proyecto y el bienestar de la ACTUAR DE LA REGROMISO DEL ALTENO.
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Deivis López Ortega
Corresponsal de El Tiempo
Barriga
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