Barranquilla: Jorge Senior defenderá su contrato como rector de la UAC

El contrato Jorge Senior UAC hasta el 2030 será defendido por el exrector de la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) ante la justicia laboral, según declaró el académico a medios nacionales. Esta medida es la respuesta a un reciente fallo del Juzgado Segundo Municipal de Barranquilla que ordenó el regreso de Silvia Gette Ponce a la rectoría bajo los parámetros estatutarios de 2013, generando una disputa jurídica sobre la validez de los acuerdos laborales actuales. El contrato Jorge Senior UAC es un vínculo laboral a término definido por cuatro años que el Consejo Superior de la UAC le otorgó al académico hasta 2030, tras finalizar su periodo como rector designado por el Ministerio de Educación.

¿Qué implica la defensa del contrato Jorge Senior UAC?

La defensa del contrato Jorge Senior UAC implica que el exrector buscará proteger sus derechos laborales adquiridos, argumentando que un juez municipal no posee la competencia para disolver un contrato vigente sin el debido proceso en la jurisdicción correspondiente. Senior explicó que el fallo judicial, al no especificar el futuro del actual representante legal ni sus derechos, crea una inseguridad jurídica crítica para la institución. El núcleo del conflicto radica en el desconocimiento, por parte del fallo, de la normativa expedida durante la última década en la universidad.

Desde 2014, la Universidad Autónoma del Caribe ha estado bajo la vigilancia del Estado mediante la Ley 1740 de inspección y vigilancia especial. Este proceso llevó a la creación de nuevos estatutos en 2020 y 2021, bajo los cuales se firmó el contrato del exrector. “El juez retoma los órganos de gobierno de 2013, pero no dice qué pasa con el Consejo Superior actual, que es el órgano legítimo”, afirmó Senior a El Tiempo.

Aspectos clave de la disputa institucional

La administración de Jorge Senior, que duró 25 meses, se enfocó en proteger la infraestructura y los bienes de la universidad, evitando la venta de activos. Durante su gestión, la deuda de seguridad social de la UAC aumentó de 16.000 a 20.000 millones de pesos, un incremento atribuido por Senior a factores de intereses y no a un mal manejo de los recursos. La universidad, según los datos disponibles, enfrenta una deuda acumulada que supera los 210 mil millones de pesos.

La complejidad de la situación jurídica y administrativa de la UAC se puede resumir en los siguientes puntos:
Inseguridad jurídica: El fallo no define el estatus del actual representante legal ni sus derechos laborales.
Conflicto normativo: La sentencia ignora estatutos aprobados en 2020 y 2021, volviendo a reglamentos de 2013.
Choque institucional: Retrotraer la administración a un periodo anterior genera una colisión con el Ministerio de Educación.
Crisis financiera: La institución presenta una deuda considerable, añadiendo complejidad a la transición administrativa.

Esta situación genera un “choque de trenes” con el Ministerio de Educación, que es la entidad encargada de la vigilancia del servicio educativo y del registro de los cambios en la representación legal. Para más detalles sobre este tipo de conflictos en el sistema educativo del país, consulte más noticias de Colombia.