La Corte Constitucional le puso fin a la incertidumbre jurídica en torno a la reforma pensional al decidir, por unanimidad, que esta fuera devuelta al Congreso de la República, que tendrá un plazo de 30 días para discutirla. Así las cosas, la Ley 2381 del 2024 no entrará en vigencia el próximo 1.° de julio como estaba previsto.
Tal como se lo dijo a EL TIEMPO Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, con la devolución de la norma al Legislativo se vuelve “a ese escenario a hacer las mejores propuestas para el sistema pensional, a seguir mejorando esa iniciativa. Nosotros esperamos que exista un velo de legalidad sobre las decisiones tomadas hasta este momento, sobre todo por las personas que se trasladaron aprovechando la ventana de oportunidad, es muy importante que eso se conserve”.
Por su parte, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, señaló que con esa decisión “habrá espacio para buscar mejorar varios aspectos preocupantes. No soy muy optimista de que sean posibles mejoras sustanciales, pero estaremos atentos al debate y en tono propósito buscar defender la sostenibilidad del sistema y mejorar el pobre diseño de pilar semicontributivo”.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, también aseguró que la decisión de la Corte Constitucional es una oportunidad para que la Cámara de Representantes haga “su tarea responsable y cabalmente”.
“Ojalá ese organismo se tome el trabajo de estudiar, entender y decidir sobre un tema de la trascendencia de esta reforma. También sea esta la oportunidad para enviar un mensaje a la Cámara y al Gobierno de la inmensa responsabilidad que tienen cuando toman estas decisiones”, agregó.
En su entrevista con esta casa editorial, el vocero de los fondos privados de pensiones llamó la atención sobre varios temas que están sin resolverse y que son fundamentales de cara a la implementación de la reforma pensional.
En ese sentido, dijo estar muy preocupado por tres temas, sobre todo con el seguro previsional de la población en transición, que es el que cubre al cotizante contra dos tipos de riesgos: accidentes que pueden causar discapacidad de la persona o su muerte, en cualquiera de los dos casos se activa la cobertura de dicho seguro para que la persona o su familia reciba la pensión.
Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos. Foto:CARF
El problema —explicó el vocero gremial— “es que esta póliza cada vez es más costosa porque la población colombiana está envejeciendo, cada vez hay más gente que tiene posibilidades de sufrir accidentes. Lo segundo, es que la población cada vez hace que suspensiones le duren más y las colas del seguro previsional son muy costosas porque son impredecibles. El señor o la señora que se casa con alguien más joven y su pensión, pues es heredable y eso es lo que ayuda a encarecer la póliza. Ese seguro se paga del 3 por ciento de la comisión que cobran las administradoras y hoy se está llevando el 2,5 por ciento y a la AFP les queda solo el 0,5 por ciento, lo cual nos obliga a ser más eficientes y ha mantener una competencia brutal en el sector”.
Hasta ahora eso se podía manejar con la población total con lo cual se podía bajar el costo de ese seguro, pero lo que hace la reforma es segmentar la población, hay una en transición y otra en no transición donde está la población más joven. La que está en transición, por definición, ha acumulado 750 y 900 semanas, lleva casi 20 años en el mercado laboral, es más costosa por la edad. La población que nos queda en las AFP es la de ingresos más bajos, es la que más se siniestra y el seguro previsional para cubrirla no se consigue porque el riesgo es mayor, entonces es una falla del mercado.
