Costo económico de la violencia en Colombia supera el 3% del PIB, según Corficolombiana | Crecimiento | Economía

La inseguridad ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate público y económico de Colombia, ya que más allá de su impacto en el orden público y la vida cotidiana, la violencia se ha convertido en una barrera estructural al crecimiento y actualmente amenaza con convertirse en una nuevo palo en la rueda del PIB.

Así lo advierte Corficolombiana en su más reciente informe semanal, en el que recuerda que ejemplos del pasado demostraron que este flagelo puede llegar a costar hasta un 3% del PIB, debido al debilitamiento de pilares como la inversión, el comercio y, a futuro, la contratación de personal, especialmente en las regiones más apartadas.

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Tomando datos del Banco Interamericano de Desarrollo y Fedesarrollo, concretamente los responsables del informe cifraron en al menos el 3,6% del PIB el costo que el crimen y la violencia le representaron al país en 2022. Esto, indicaron, es un efecto que hoy en día no solo persiste, sino que se amplía.

“La creciente violencia, la pérdida de control territorial y el deterioro de la seguridad jurídica están debilitando la confianza de inversionistas, frenando proyectos productivos y aumentando los costos operativos en múltiples sectores estratégicos. La seguridad, que se creía superada, vuelve a ser una prioridad. Su impacto en la economía es claro”, señalaron.

Pérdida de confianza

El informe sostiene que, durante los años 90, Colombia fue uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio que superaron los 80 casos por cada 100.000 habitantes en 1991 y tras una reducción sostenida en la década de 2010, que llevó esta cifra a 23,8 en 2020, el país parece haber entrado en una fase de estancamiento en la que la tasa se mantiene en torno a los 25 homicidios por cada 100.000 habitantes, aunque con un repunte preocupante en otros delitos de alto impacto.

“Entre 2022 y 2024, los actos de terrorismo aumentaron 52%, mientras que los ataques a infraestructura crítica crecieron 18%, incluyendo 43 atentados contra oleoductos y 42 voladuras de vías solo en 2024. Estos eventos no solo afectan la seguridad ciudadana, sino que deterioran las condiciones para la operación de sectores clave como minería, energía y transporte”, indicaron.

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Adicionalmente, manifiestan que la extorsión creció 38% entre 2022 y 2024, y los secuestros aumentaron 49% frente a los niveles de 2021. A esto se suma un repunte en las invasiones de tierras, que en 2024 registraron 1.005 casos, muy por encima del promedio histórico de 742. Así las cosas, indicaron que todos estos fenómenos contribuyen a aumentar los costos operativos, frenar nuevos proyectos y erosionar la confianza institucional.

El informe también dice que la violencia no afecta por igual a todo el territorio, ya que las regiones más ricas en recursos naturales y potencial productivo, como el Catatumbo, el sur del Cauca, Nariño, Putumayo o La Guajira, son también las más golpeadas por el accionar de grupos armados ilegales. La mina de Cerrejón, por ejemplo, enfrentó más de 300 bloqueos en 2024, afectando su operatividad y logística.

Inseguridad

Archivo

“A esto se suma la expansión del narcotráfico. Según cifras de la ONU, Colombia alcanzó en 2023 un récord de 252.572 hectáreas cultivadas con coca, un aumento del 10% frente al año anterior. La producción potencial de cocaína creció 49%, fortaleciendo la capacidad financiera y operativa de los grupos ilegales”, contaron desde Corfi.

Por otra parte, agregaron que la Defensoría del Pueblo ha identificado más de 230 municipios en alto
riesgo por la presencia de actores armados, lo que compromete la acción del Estado y restringe las decisiones de inversión pública y privada y de acuerdo con Corficolombiana, la pérdida de control territorial es uno de los factores que explican la reciente rebaja de la calificación crediticia de Colombia por parte de Standard & Poor’s.

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Un freno a la inversión

Corficolombiana fue enfática en que la violencia tiene consecuencias directas sobre la actividad empresarial. Según la Encuesta de Opinión Industrial de la ANDI (abril de 2025), el 32% de las empresas afirmó que la inseguridad ha afectado sus operaciones y sostuvo que este impacto se refleja tanto en el gasto creciente en seguridad como en la interrupción de operaciones logísticas y el aplazamiento de inversiones.

“En zonas de alta criminalidad, las empresas pueden llegar a destinar hasta el 7% de sus ventas anuales a cubrir costos relacionados con la violencia: escoltas, seguros, cierres temporales, rutas alternativas o sobornos. Además, el entorno de inseguridad frena la expansión territorial, limita el crecimiento de las mipymes y perpetúa la informalidad, al hacer inviable la operación formal en muchas zonas rurales o periféricas del país”, dijeron.

Inversión y economía América Latina.

Imagen generada con Inteligencia Artificial – ChatGPT

Uno de los aportes más relevantes del informe es la cuantificación del impacto de la violencia sobre el crecimiento. Citando un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional (2024), Corficolombiana señala que un aumento del 10% en la tasa de homicidios puede reducir la actividad económica local en alrededor del 4%; mientras que una reducción del 50% en esa tasa podría elevar el crecimiento económico local hasta en 30%.

“Si América Latina bajara su tasa de homicidios al promedio mundial, el crecimiento regional podría subir 0,5 puntos porcentuales por año, lo que equivaldría a +5% del PIB en 10 años y +10% en 20 años. Este hallazgo confirma que la violencia no es solo un síntoma del subdesarrollo, sino también una de sus causas más persistentes y costosas”, señalaron.

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Credibilidad internacional

Con todo lo anterior, la creciente inseguridad ha deteriorado la imagen internacional de Colombia y el país ocupa el puesto 146 entre 163 países en el Global Peace Index 2024–2025, siendo el peor calificado de Sudamérica. Así mismo, obtuvo una nota de 6,5 sobre 10 en el Índice de Amenaza a la Seguridad de The Global Economy, frente a un promedio mundial de 4,9.

El Global Terrorism Index también reflejó un deterioro, con un aumento de 0,2 puntos entre 2023 y 2024. Estos indicadores, junto con el repunte de cultivos ilícitos, han llevado a que Estados Unidos considere descertificar a Colombia como socio estratégico en la lucha antidrogas. Si esto ocurriera, se vería afectado el acceso a cooperación militar, respaldo financiero y beneficios comerciales.

Pesos Colombianos

EFE

Así las cosas, para Corficolombiana, la inseguridad es hoy uno de los principales frenos estructurales al desarrollo económico del país, puesto que la caída en la inversión limita la creación de empleo formal, debilita la productividad y alimenta un círculo vicioso de estancamiento y violencia.

“La evidencia es clara: garantizar condiciones mínimas de seguridad no solo responde a una demanda ciudadana urgente, sino que constituye una política fundamental para reactivar el crecimiento, elevar la competitividad y consolidar un desarrollo económico sostenible y de largo plazo”, concluye el documento.