Colombia en Jaque: Aumentan las Demandas y Reclamos por la Salud Pública

En medio de una de las situaciones más delicadas del sistema de salud colombiano, el más reciente informe del programa Así Vamos en Salud alerta sobre el incremento exponencial de las quejas ciudadanas y el uso creciente de mecanismos judiciales para exigir el cumplimiento del derecho a la atención médica.

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Los datos, que pertenecen al análisis más reciente sobre acceso y oportunidad en salud, evidencian un sistema tensionado, con signos de retroceso a pesar de mantener una cobertura formalmente alta.

Según el reporte, la cantidad de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) alcanzó un nuevo récord histórico en 2024, con 1,6 millones de documentos registrados, lo que representa un incremento del 101% respecto a los niveles reportados en enero de 2022.

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Esta tendencia, que se ha mantenido a lo largo de los últimos tres años, refleja una creciente insatisfacción de los usuarios frente a las barreras de acceso y a los tiempos de respuesta por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Simultáneamente, el uso de tutelas como mecanismo para exigir atención en salud también se disparó. Durante 2024, las acciones de tutela aumentaron un 34 % en promedio, con meses en los que el incremento alcanzó picos de hasta un 135 %.

El documento indica que estas cifras “no solo confirman la persistencia de fallas estructurales, sino que muestran una creciente judicialización del acceso al derecho a la salud“, una circunstancia que tensiona aún más a un sistema ya sobrecargado.

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A pesar de que el país mantiene una cobertura de afiliación del 98,5 %, uno de los índices más altos de América Latina, los investigadores advierten que la afiliación no debe confundirse con acceso efectivo.
Entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 se registró una disminución de más de 100.000 afiliados, lo que según los analistas podría estar asociado a factores económicos, migratorios y administrativos. Además, la infraestructura en salud no se expande al ritmo que demanda la necesidad.

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El Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) informó que en el último año se perdieron 516 camas para atención de salud mental de adultos y 161 para servicios de parto y recuperación,una disminución que intensifica los puntos críticos en servicios esenciales.

Las EPS gestionadas por el Estado han sido particularmente objeto de descontento público. El informe registra incrementos del 47 % en PQRS en Nueva EPS y del 46 % en Sanitas tras su intervención. Situaciones análogas se observan en organizaciones como Famisanar, SOS y Emssanar, donde las acciones de control estatal no se han traducido en mejoras palpables para los pacientes.

“La experiencia del usuario sigue empeorando, y en algunos casos, las intervenciones coinciden con picos sin precedentes en las quejas”, indica el documento. Para el equipo de Así Vamos en Salud, este fenómeno pone de manifiesto “una preocupante desconexión entre las decisiones administrativas y la realidad diaria de los ciudadanos”.

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Obstáculos en el acceso a los servicios de salud

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Ante este escenario, el llamado de los investigadores es apremiante. “El acceso a la salud no puede evaluarse únicamente por la afiliación, sino por oportunidades, efectividad y la opinión de la ciudadanía”, sostienen.
Por esta razón, instan a las autoridades, EPS, IPS y responsables de la toma de decisiones a examinar detenidamente las tendencias actuales y a adoptar medidas que prioricen la experiencia del paciente, con un enfoque territorial y con soluciones estructurales que vayan más allá de las estadísticas.

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El documento subraya que el sistema colombiano está bajo una presión, no solo por el incremento de la demanda, sino por la creciente desconfianza de la ciudadanía. Mientras que las cifras de quejas y tutelas continúan en aumento, el desafío de asegurar un acceso digno, oportuno y eficaz a la salud se convierte en uno de los retos más críticos del país.