Daneidy Barrera Rojas, más popularmente identificada como Epa Colombia, fue sentenciada a cumplir más de cinco años en prisión, debido a los delitos por los que fue imputada en 2019 relacionados con actos de vandalismo en una estación de Transmilenio.

Recientemente, se anunció la llegada de un nuevo concepto al juzgado tercero de ejecución de penas en Bogotá, el cual tiene como objetivo apoyar la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento que, según Semana, fue presentada por Francisco Bernate Ochoa, apoderado de la empresaria.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Según información divulgada por el medio antes mencionado, el documento en cuestión está firmado por la Fundación Faruq Abdala Internacional, que apoya las manifestaciones y cadenas de oración con el fin de demandar la liberación de la empresaria que “pide reconsiderar la condena”.

El mencionado documento está vinculado con las declaraciones realizadas por la directora de la fundación, María Elba Salazar, a través de sus redes sociales: “Es una mujer que ha sido condenada injustamente. Somos mujeres, somos madres y necesitamos apoyarnos (…) Que realicemos una oración conjunta para que nuestra amiga pueda ser liberada y reunirse con su hija”, expresó la mujer en esa ocasión.

Adicionalmente, la defensa de la empresaria de Bogotá solicitó la libertad bajo la normativa de la ley de utilidad pública, una medida que permite a mujeres jefas de hogar cumplir su condena en libertad, en lugar de ser encarceladas, otorgando también beneficios a quienes fomenten actividades de estudio y trabajo en la comunidad.

Teniendo en cuenta esto, conviene recordar que la empresaria ha indicado en varias entrevistas que estudiará la carrera de administración de empresas y desea capacitar a las mujeres recluidas en temas de peluquería, considerando su empresa de keratinas.

Sin embargo, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en diálogo con Blu Radio, aclaró que uno de los requisitos para optar a esta Ley de Utilidad Pública es que el delito cometido esté vinculado a su situación de extrema pobreza, como la falta de acceso a los beneficios y recursos sociales, así como a la satisfacción de necesidades básicas, como la alimentación.

Por esta razón, y considerando las condiciones socioeconómicas actuales de la empresaria de keratinas, no sería factible que Daneidy pudiera solicitar el beneficio de la Ley de Utilidad Pública.

“Existen personas que cometen delitos en relación con su extrema pobreza para, por ejemplo, poder asegurar su alimentación

a su descendiente. En ese contexto específico, existe una conexión entre su exclusión y su conducta; es prácticamente un requisito”, comentó.

Asimismo, al ser cuestionada sobre las opciones de la mujer, quien se encuentra detenida en el centro penitenciario El Buen Pastor de Bogotá por los actos de vandalismo que realizó contra las instalaciones y autobuses de Transmilenio en el 2019, Buitrago aclaró que hay un delito que le impedirá beneficiarse.

“En este contexto específico existe un delito y lo menciono teóricamente, que se refiere a la instigación al terrorismo; he sido clara al afirmar que no coincido en que en el caso de Epa haya existido terrorismo. No obstante, ella admitió cargos y ha sido condenada por dicho delito; eso lo impide”, puntualizó la funcionaria.

Incluso, el presidente Gustavo Petro también expresó su opinión respecto a la condena que cumple la creadora de contenido, lejos de su pequeña hija Daphne Samara.

“Esta mujer, al ser madre cabeza de familia, está protegida por la legislación que fue aprobada en el Congreso por nuestro ministro progresista de Justicia, Néstor Osuna: debe salir diariamente de la prisión. Solicito a la ministra de Justicia, ante el Inpec, que se aplique la ley”, afirmó el mandatario.