Colombia
Defensoría alerta riesgo electoral en todo el Atlántico y advierte control de grupos armados en municipios del Caribe colombiano

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la Alerta Temprana Electoral 2025-2026, un informe preventivo sustentado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial del organismo en los más de 1.100 municipios del país.
De acuerdo con el documento, Todo el departamento del Atlántico se encuentra en riesgo electoral. Cinco municipios, Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo; fueron clasificados en llamado a la acción urgentemientras que el resto del territorio y su capital, Barranquilla, quedaron en la categoría de acción prioritaria.
“Los riesgos electorales no son uniformes, pero su presencia es generalizada. En el Atlántico, identificamos factores asociados a la influencia de actores armados, el control social y las disputas políticas locales”, explicó Marín Ortiz durante la presentación del informe.
Municipios del Atlántico como Luruaco y Campo de la Cruz fueron clasificados en riesgo urgente. Foto:Captura de pantalla
En cifras regionales, la Defensoría del Pueblo indicó que la macrorregión Caribe está compuesta por 135 municipios, de los cuales 7 presentan llamado a la acción urgente (5,2 %), 81 acción prioritaria (60 %) y 47 se mantienen en observación permanente (34,8 %).
Presencia armada y debilitamiento institucional
El documento advierte que la combinación de violencia armada, baja presencia estatal y débil articulación institucional ha creado un escenario propicio para la cooptación de procesos democráticos en el Caribe.
“La situación de riesgo se sostiene sobre la influencia de estructuras armadas que buscan incidir en los procesos democráticos locales mediante amenazas, cooptación social y control territorial”, señala la Alerta Temprana.
Votaciones en Barranquilla. Foto:Agencia Kronos
Según la Defensoría, en varios municipios del Atlántico y departamentos vecinos “la ausencia del Estado ha permitido que actores armados ilegales ocupan el espacio público, definen reglas de convivencia y determinan quién puede participar en política”.
Aunque Barranquilla y otras capitales muestran mayor capacidad estatal, persisten “retos significativos en materia de seguridad ciudadanaacceso a la justicia y autoridad institucional”.
Rezagos en la organización electoral
El informe llama la atención sobre la fragilidad de los Comités de Garantías Electorales. A pesar del liderazgo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría sostiene que “otras entidades con responsabilidades en el proceso presentan rezagos preocupantes”.
votaciones Foto:EL TIEMPO
Entre las dificultades identificadas se mencionan demoras en la asignación de recursos logísticos, falta de coordinación interinstitucional y escasa socialización de los procesos electorales en instituciones educativas y espacios comunitarios.
“En varios municipios no se han adelantado las capacitaciones necesarias para incentivar la inscripción y participación de los jóvenes”, advierte el informe.
En Barranquilla se desarrolló recientemente un Comité de Seguimiento y Coordinación Electoral con presencia de la Fuerza Pública y autoridades departamentales, donde se socializó el calendario de elecciones previstas para 2025 y 2026. De igual forma, en Cartagena se verificaron los compromisos para las elecciones de los Consejos Locales de Juventud.
No obstante, la Defensoría insiste en que estos esfuerzos deben ampliarse hacia los territorios más vulnerables. “Su impacto dependerá de la capacidad estatal para convertirlos en garantías reales para comunidades históricamente marginadas”, subraya el informe.
Democracia en riesgo en el Caribe
De mantener las actuales condiciones de inseguridad y control territorial, el organismo advierte que “se prevé un debilitamiento progresivo de la democracia local y una mayor captura de las estructuras institucionales por intereses criminales”.
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra cuentan con más de 800 hombres armados. Foto:Captura de pantalla
“La continuidad de estas dinámicas podría consolidar escenarios donde el ejercicio político libre y plural se vea obstaculizando, especialmente en zonas rurales y periféricas”, advirtió la Defensora del Pueblo.
La Alerta Temprana Electoral 2025-2026 concluye con un llamado urgente al Estado: “Las autoridades deben garantizar condiciones mínimas de seguridad, libertad y transparencia para la participación política. De lo contrario, corremos el riesgo de que los procesos electorales sean instrumentalizados por estructuras ilegales”.
En un departamento como el Atlántico, históricamente clave para el Caribe, la advertencia tiene peso político y simbólico. Los municipios que hoy enfrentan acciones urgentes son el termómetro de un fenómeno que amenaza con extenderse si no se refuerzan las instituciones, la pedagogía democrática y la protección a líderes sociales






