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La institucionalidad del departamento de Bolívar enfrenta un nuevo sismo jurídico tras una demanda de nulidad electoral contra la elección de Tatiana Margarita Romero Luna como Contralora Departamental para el periodo 2026-2029.
La Asamblea Departamental de Bolívar elegido el viernes 28 de noviembre a Tatiana Margarita Romero Luna como nueva contralora para el periodo 2026–2029.
Su elección marca un hecho histórico para la región: Por primera vez, una mujer ocupará este cargo en el departamento.
Romero Luna obtuvo 13 votos a favor y un voto en blanco por parte de la Duma departamental.
No obstante, la acción judicial, interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, sostiene que la funcionaria habría accedido al cargo estando inhabilitadalo que viciaría de raíz el proceso adelantado por la Asamblea Departamental.
La denuncia, liderado por los abogados Germán Percy Rodríguez y Willian Augusto Jácome Urrea, y en manos de EL TIEMPO, solicita además una medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de la elección, buscando impedir que Romero Luna inicie el ejercicio de funciones mientras se resuelve el fondo de la demanda.
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El eje de la controversia: ¿Inhabilidad automática?
El fundamento central de la demanda reside en el historial laboral inmediato de la elegida. Romero Luna se apoyó como Subcontralora Departamental de Bolívar desde finales de 2021.
Según el documento, la funcionaria ejerció dicho cargo público del orden departamental durante el año 2024 y parte de 2025, es decir, dentro del año anterior a su elección como Contralora.
Los demandantes invocan el Artículo 272 de la Constitución Política y el Artículo 6 de la Ley 330 de 1996, los cuales prohíbe taxativamente la elección de quien haya ocupado un cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal en el último año.
Para los juristas, esta es una inhabilidad “objetiva, automática e insubsanable” cuya fin primordial es garantizar la independencia del órgano de control frente a los entes vigilados.
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Lea y descargue la demanda de
nulidad contra la funcionaria
El respaldo de la Función Pública
La Contraloría ha encontrado graves irregularidades en las instituciones encargadas del PAE. Foto:contraloría
La demanda no llega sola. Los accionantes aportaron el Concepto 013101 de 2022 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). En dicho pronunciamiento técnico, el organismo aclara que para la elección de contralores departamentales es imperativo aplicar el criterio material de inhabilidad por haber ocupado cargos territoriales en el año anterior.
Este concepto refuerza la tesis de los demandantes, indicando que la ocupación del cargo de Subcontralora se encuadra precisamente en la hipótesis que vicia el acto administrativo de elección y proclamación.
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Riesgo de ‘Perjuicio Irreparable’
Cartagena de Indias, Centro Histórico. Foto:John Montaño/EL TIEMPO
La solicitud de medida cautelar advierte sobre el fenómeno jurídico del periculum in mora (peligro en la demora). Según el texto de la demanda, permitir que una persona presuntamente inhabilitada ejerza el control fiscal de Bolívar podría “viciar la legitimidad de los actos de la Contraloría“y afectar la moralidad administrativa.
“La conservación del acto mientras se resuelve el proceso podría generar daño irreparable al interés público”, señala la demanda, subrayando que las decisiones administrativas y disciplinarias tomadas bajo este período podrían resultar posteriormente anulables.
Entre las pruebas alegadas al Tribunal por los abogados Germán Percy Rodríguez y Willian Augusto Jácome Urrea se encuentran:
La Resolución 0289 de 2021: Documento de nombramiento de Romero Luna como Subcontralora.
Certificaciones de talento humano: Registros de posesión, ejercicio y fechas de vinculación a la Contraloría Departamental.
Acta de elección: Documento emitido por la Asamblea Departamental de Bolívar que oficializa la designación cuestionada.
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El Tribunal Administrativo de Bolívar deberá decidir ahora si admite la demanda y si, en una decisión preliminar, ordena suspender a la Contralora Romero Luna antes de que su administración tome vuelo definitivo.
Esta polémica se suma a la situación en Cartagena, capital de Bolívar, donde la elección de Contralor para Cartagena fue suspendida, por segunda vez en el Concejo Distritalluego de que un juzgado ordenara excluir a cuatro de los aspirantes.
En el caso de Cartagena, la Veeduría Jurídica Nacional (Veerjurídica) ha radicado alertas urgentes ante el riesgo de lo que califica como una ‘elección materialmente ilegal’.
Así, la respuesta de Rafael Meza Pérez, presidente del Concejo, en la mañana de este viernes, fue que no iban a elegir al primer cargo entidad de control fiscal durante la jornada.
Además, te invitamos a ver nuestro documental:
Documental de la periodista Jineth Bedoya. Foto:
cartagena
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