La demanda Petro Angie Rodríguez es la acción penal que el presidente Gustavo Petro interpuso contra su exsecretaria general, Angie Rodríguez, por el presunto delito de calumnia. El mandatario hizo el anuncio público el martes 28 de julio de 2026, indicando que acudirá a las vías judiciales tras las declaraciones de la exfuncionaria.
Las acusaciones de Rodríguez incluían supuestos actos de intimidación, la existencia de redes de corrupción en el Ejecutivo y manejos irregulares en la asignación de partidas presupuestales. El presidente Petro rechazó categóricamente estas afirmaciones, calificándolas de falsas y atribuyéndolas a desacuerdos administrativos que surgieron durante el tiempo de Rodríguez en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y el Fondo Adaptación.
¿Qué implica la demanda Petro Angie Rodríguez para el Gobierno?
La decisión del presidente de interponer la demanda Petro Angie Rodríguez surge de los cuestionamientos sobre la entrega de espacios institucionales en el departamento del Cesar a sectores políticos sin autorización previa del Ejecutivo, lo que motivó la salida de Rodríguez de la secretaría general. Petro también desmintió las insinuaciones de presiones u órdenes al margen de la ley desde la Casa de Nariño.
El presidente Gustavo Petro se refirió a varios puntos específicos de las denuncias de su excolaboradora:
Muerte del coronel Óscar Dávila: Recordó que las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la Nación, insistiendo en su respeto por la vida.
Nombramiento de Juliana Guerrero: Aclaró que su postulación al viceministerio de la Igualdad no se concretó por un criterio técnico objetivo, al no cumplir con el requisito de edad mínima de 25 años.
Contratación de Guerrero: Desmintió cualquier relación personal o injerencia indebida en su contratación en otras dependencias del Estado.
Redistribución de partidas presupuestales para La Mojana: Argumentó que la reorientación de recursos cuenta con amparo legal para la preparación ante emergencias climáticas, priorizando el abastecimiento de agua potable ante una sequía severa, según El Tiempo.
Este desarrollo subraya la tensión entre el presidente y su antigua colaboradora, llevando el debate al ámbito judicial.
La Presidencia de la República busca con esta acción penal reafirmar la veracidad de su gestión y desvirtuar las denuncias que, según el mandatario, carecen de fundamento. Este proceso judicial será clave para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Encuentre más noticias de Colombia en nuestro portal.
