La deportación migrantes irregulares es la nueva directriz del Gobierno colombiano, según anunció el presidente Abelardo de la Espriella. La medida, que busca expulsar a ciudadanos extranjeros que no hayan regularizado su estatus migratorio o que infrinjan la ley, representa un cambio significativo en la política de acogida del país, que ha sido el principal receptor de la diáspora venezolana en la última década. Las acciones operativas conjuntas entre la autoridad migratoria y la Policía Nacional comenzarán esta semana en diferentes puntos del territorio nacional.
Colombia, que hacia 2025 albergaba a cerca de tres millones de migrantes venezolanos, según estimaciones de Acnur, transita de una política de brazos abiertos a una postura más restrictiva. Este contexto es crucial para entender la magnitud del anuncio, pues impacta directamente a una vasta población que buscó refugio y oportunidades en el país. El endurecimiento no solo apunta a quienes cometan delitos, sino también a aquellos que, tras procesos de regularización previos, no subsanaron su situación.
¿Qué implica la deportación migrantes irregulares para Colombia?
La directriz sobre la deportación migrantes irregulares tendrá múltiples implicaciones para el país y su población. En primer lugar, se fortalecerán las inspecciones en fronteras y cascos urbanos, aumentando la presión sobre la comunidad migrante que aún no ha logrado regularizar su situación. Esto podría generar desafíos humanitarios y sociales, así como un impacto en sectores económicos donde la mano de obra migrante es significativa, formal o informalmente.
Las principales medidas anunciadas son:
Intensificación de controles fronterizos y urbanos para ubicar extranjeros sin permiso.
Priorización de la judicialización de migrantes que infrinjan leyes penales o administrativas.
Expulsión formal para quienes no subsanen su estatus migratorio dentro de los plazos.
Coordinación entre Migración Colombia y Policía Nacional en los operativos.
Endurecimiento de la Política de Seguridad Nacional
Paralelamente a la directriz de deportación migrantes irregulares, el presidente De la Espriella presentó una nueva estrategia integral de seguridad y orden público. El mandatario ordenó tratar a todas las estructuras armadas ilegales como organizaciones terroristas, sin distinción de su denominación. Además, se anunció la creación del Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, una unidad que integrará capacidades del Ejército Nacional, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, actuando en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se reactivará la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), bajo la dirección de la exfiscal Martha Luz Reyes, con acceso a registros bancarios de los últimos cuatro años para rastrear capitales ilícitos, según lo reportado por diversos medios nacionales como El Tiempo.
Esta estrategia de seguridad también contempla el restablecimiento del sistema nacional de recompensas, redadas urbanas y el traslado de personas privadas de la libertad de alta peligrosidad para desmantelar centros de extorsión que operan desde las cárceles. Ambas líneas de acción, la migratoria y la de seguridad, buscan consolidar el control estatal y la legalidad en el territorio colombiano.
