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El juez brasileño Alexandre de Moraes continúa demostrando que no es fácil de intimidar. En el último año se ha enfrentado al hombre más rico del mundo, Elon Musk, y ha recibido críticas y sanciones del Gobierno del presidente Donald Trump.
El mandatario estadounidense incluso impuso mayores aranceles a Brasil que a otros países con el fin de presionar a De Moraes y el resto de los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) para que desistan de su investigación sobre el expresidente Jair Bolsonaro por presunto complot golpista, mientras que el Departamento de Estado acusó al juez de “violar derechos humanos”, perseguir a la oposición y amenazar a la democracia, por el mismo caso.
Solo unos días después de esos comunicados y medidas, De Moraes ordenó el arresto domiciliario de Bolsonaro por incumplir las restricciones que le había impuesto previamente. El ex presidente desmiente por completo las acusaciones sobre su supuesta participación en un golpe de Estado e insiste en que esos cargos están motivados políticamente.
De Moraes es conocido en Brasil por un carácter que muchos describen como estricto e inflexible. Parte de esa fama la ganó cuando en 2024, pese a que Musk lo llamaba “dictador malvado disfrazado de juez” por sus exigencias a la red X en el marco de un proceso relacionado con la moderación de discursos de odio en la plataforma, el multimillonario no logró presionarlo y finalmente cedió a las órdenes judiciales para que se levantara la suspensión de la red social en Brasil.
“Es un tipo muy preparado, escribió muchos libros de derecho constitucional, es reconocido como jurista”, destacó el abogado y politólogo Murillo de Aragão, presidente de la consultora Arko, en diálogo con CNN. “Tiene una trayectoria jurídica sólida, innegable”, aseguró.
De Moraes, de 56 años, nació en Sao Paulo, ciudad donde hizo toda su carrera académica y profesional antes de pasar a Brasilia, la capital del país. En 1991 ingresó al Ministerio Público estatal tras obtener el ganar el concurso y ejerció varios cargos hasta 2002, cuando fue elegido secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía, el más joven de la historia paulista, según señala su biografía publicada por el STF.
Tras ejercer otros cargos, en 2010 fundó su estudio y se dedicó al sector privado hasta que volvió a un cargo público en 2015, cuando asumió el cargo de secretario de Seguridad de Sao Paulo. “Tiene un perfil muy duro. Como secretario de Seguridad, tuvo a cargo una fuerza policial gigante, casi como la de un país”, destacó Aragão.
Cuando dejó esa posición, ese estado reportó una reducción anual de todos los índices de criminalidad y la menor tasa de homicidios desde que las cifras comenzaron a publicarse dos décadas atrás. En su gestión llegó a calificar como “actos de guerrilla” las protestas de 2016 contra el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, según reportó Folha, en las que la Policía Militar fue señalada varias veces de uso excesivo de la fuerza.
Una vez concretado el juicio político, el nuevo mandatario brasileño, Michel Temer, lo convocó para encabezar el Ministerio de Justicia, como parte del gabinete que llamó la atención por ser integrado únicamente por hombres blancos. El presidente que reemplazó a Rousseff era “su amigo de hace más de 20 años de las clases de derecho constitucional”, explicó De Moraes en una reunión previa a su nombramiento, reportó Globo.
El historiador y politólogo Fernando Horta aseguró que la cercanía entre ambos se afianzó cuando De Moraes intervino en un caso de presunto chantaje a la esposa de Temer, para el que creó un grupo de tareas que detuvo a un hacker, que luego fue condenado. “Acá creemos que ese episodio dio condiciones para que confiase plenamente en él”, dijo a CNN.
Estuvo en el Ministerio menos de un año, ya que fue nominado por Temer para el STF a inicios de 2017, tras la muerte del juez Teori Zavascki. Su candidatura, recordó Horta, era vista con agrado por sectores conservadores y despertaba recelo entre los progresistas. Aunque no era una causa que él iba a manejar, era una época de convulsión por los operativos y detenciones en el marco del Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción basada en sobornos a cambio de obra pública en la historia de Brasil.
Aragão matizó los señalamientos de una supuesta cercanía de Moraes al conservadurismo. “Siempre fue vinculado a la socialdemocracia de Sao Paulo, al centro político. Él se formó en la Fiscalía, tiene background jurídico”, comentó.
En abril de 2018, De Moraes se mostró en contra del habeas corpus presentado por Lula da Silva que buscaba evitar que el expresidente fuera a prisión, en una votación que terminó 6 a 5 en rechazo del recurso presentado por la defensa. Lula pasó más de un año en prisión por una condena por corrupción que luego sería anulada por el STF, una decisión ratificada por De Moraes.
Ya en el gobierno de Bolsonaro, el juez tuvo varios desacuerdos con el presidente. En los primeros meses de la pandemia de covid-19, ordenó al Ministerio de Salud que reanudara la publicación de datos epidemiológicos y abrió investigaciones por declaraciones falsas del mandatario sobre el virus y también sobre la fiabilidad del sistema electoral. Bolsonaro lo llamó “canalla” en un acto en Sao Paulo y lo acusó de oprimir al pueblo brasileño con sus medidas, ya que De Moraes era entonces el titular del Tribunal Superior Electoral.
“De Moraes fue víctima de una persecución de los aliados más radicales de Bolsonaro. La cuestión llega a su familia, a su persona. Nunca hubo en Brasil una cuestión de enfrentar a un juez del STF de una manera tan agresiva”, dijo Aragão.
Por su parte, Horta reconoció su desempeño en la máxima corte en el contexto electoral. “Había preocupación por un ministro de esa configuración, pero cuando se dio la elección de 2022, fue esencial para la manutención de la democracia. Como presidente del Tribunal Electoral, actuó con máxima discreción, velocidad y técnica para neutralizar los efectos” del complot por el que ahora Bolsonaro está siendo enjuiciado, dijo el analista.
El propio De Moraes, junto a Lula, era blanco de un plan de asesinato, según esa investigación de la supuesta trama golpista. De esta forma, ambos personajes han ido acercándose, una situación que pocos imaginaban años atrás.
Américo Martins, analista de CNN Brasil, contó: “Conocí a De Moraes cuando era secretario de Seguridad y era muy crítico de Lula. Recuerdo que él, hablando con otros colegas, hacía muchas críticas a Lula de forma informal en un club de Sao Paulo”. El columnista dijo que se esperaba que De Moraes tuviera un rol más político en la corte, pero que eso no sucedió. “No creo que sea un juez ideológico. Nada de lo que hace es para proteger a Lula o a la izquierda”, agregó. “Ahora (De Moraes y Lula) son cercanos, hablan mucho”, contó.
El alto perfil que ha tomado De Moraes no es una excepción, considera el consultor Aragão. “En Brasil se politiza mucho el proceso judicial desde el inicio del siglo, la política tiene una participación muy grande. Los ministros pasaron a ser figuras muy conocidas”, dijo, y citó una frase que circula como chiste sobre este escenario: “Los brasileños no sabemos quiénes son los 11 futbolistas de la selección, pero sabemos quiénes son los 11 jueces del STF”. De Moraes, como muchos jugadores, tiene un apodo en las calles: “Xandão”, que podría ser traducido como “Alexandre el grande”.
De Moraes goza de cierta influencia entre los jueces, pero prima un espíritu de órgano judicial, dice Aragão. En lo que sí coinciden los magistrados, añadió, es que consideran un exceso las sanciones del gobierno estadounidense. “Hay un apoyo personal”, aseguró.
Ahora, De Moraes enfrenta pedidos de destitución en el Congreso por parte de sectores bolsonaristas. El fin de semana, simpatizantes del líder de ultraderecha reclamaron una amnistía para el exmandatario, y congresistas presentaron este martes una nueva solicitud en la que acusan al juez de censura y persecución política.
Días atrás, De Moraes agradeció en una sesión del STF el apoyo de la corte frente a las medidas recientes de EE.UU. y denunció que se han visto “acciones de diversos brasileños que están siendo procesados por la Fiscalía o investigados por la Policía” y que “actúan de manera cobarde y traicionera para intentar someter el funcionamiento” del tribunal a un Estado extranjero.
La apertura de un proceso depende del presidente del Senado, quien no se ha manifestado sobre el tema. Aragão no pone muchas expectativas al pedido, pero advierte: “Cuando hay una sucesión de hechos que elevan la temperatura tal como ahora, todo es posible”.
