¿Descertificación a la vista? Así serían los efectos económicos de la medida que adoptaría el Gobierno Trump contra Colombia

En el mes de septiembre, se estima que se conozca la decisión del Gobierno de Estados Unidos sobre si certifica o no a Colombia, en su lucha contra el narcotráfico.

A las tensiones recientes entre los dos países, encabezadas por los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, se suman hechos clave como el aumento en las cifras de cultivos de hoja de coca, que hacen prever que las posibilidades de que Colombia sea descertificada sean muy altas.

El riesgo de descertificación ha aumentado en los últimos meses, pues, como explica un informe de Corficolombiana, se ha debilitado la confianza del gobierno estadounidense en los esfuerzos de Colombia en su lucha contra el narcotráfico.

Este hecho se confirma en el incremento sostenido de los cultivos de coca y la producción de cocaína: Colombia pasó de tener 143.000 hectáreas sembradas en 2020 a 253.000 en 2023, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. Si se mantiene la tendencia de los últimos años, se estima que este año la cifra podría superar las 300.000 hectáreas sembradas de coca.

Al mismo tiempo, la erradicación ha caído dramáticamente. Según el estudio, ha pasado de 69.000 hectáreas en 2022 a solo 9.400 en 2024. “Aunque se han planteado metas de reducción y se han alcanzado niveles récord de incautaciones (960 toneladas métricas en 2024), la eficacia de estas medidas se ve opacada por la falta de control territorial en regiones rurales estratégicas, dominadas por grupos armados. Con estas cifras, Colombia es catalogada como el principal productor mundial de coca del mundo, seguido de Perú, una etiqueta que vuelve a manchar la legitimidad del país con sus compromisos internacionales de lucha antinarcóticos”, asegura Corficolombiana.

¿Cuáles pueden ser las implicaciones económicas de una eventual descertificación? Podrían darse distintos alcances: desde una reducción en la asistencia económica y logística de los Estados Unidos a Colombia, hasta la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que sería un escenario extremo, pero no descartable.

Colombia ha sido tradicionalmente un aliado estratégico de Estados Unidos en el hemisferio occidental y uno de los principales receptores de asistencia estadounidense. En el año fiscal 2024, Colombia recibió 696 millones de dólares en desembolsos, cerca de 8 veces el promedio de la asistencia que recibió el hemisferio. En su mayoría, estos recursos fueron destinados a programas de seguridad, paz y asistencia humanitaria; además, hay un financiamiento relevante de programas de desarrollo y sociales. Aproximadamente, el 94 % de esta asistencia corresponde a ayuda económica y el 6 % restante a apoyo militar.

“Una eventual descertificación podría reducir en hasta 50 % esa asistencia, donde potencialmente, las actividades más afectadas serían las de apoyo a programas sociales, los programas de paz y seguridad no relacionados con la lucha antinarcóticos, y las actividades de desarrollo económico”, explica el informe.

Agrega que, si bien la normativa excluye de la suspensión a la ayuda humanitaria y a los programas antinarcóticos, “los fondos que se perderían en otros rubros podrían debilitar indirectamente estas mismas metas, pues implicaría menor financiamiento para las Fuerzas Armadas y para programas de desarrollo en zonas afectadas por el conflicto. Además, las restricciones en el acceso a financiamiento de bancos multilaterales podrían deteriorar aún más la prima de riesgo país”.

También plantea el estudio un escenario más adverso que podría incluir la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

“Según la actualización de los aranceles recíprocos publicados la semana pasada, Colombia quedó con el arancel mínimo base del 10 %, pero podría ser mayor de aplicarse sanciones comerciales en el marco de la descertificación. De hecho, quedó exento del último anexo de países sujetos a aranceles, no por voluntad, sino por no estar clasificado como país en negociación ni con compromisos sustanciales en defensa o seguridad. Su aplicación requeriría una orden ejecutiva del presidente; y podría incluir sanciones comerciales, restricciones al comercio bilateral y nuevos aranceles por consideraciones de seguridad nacional”, asegura el informe de Corficolombiana.

El estudio explica que el presidente Donald Trump ha usado reiteradamente la ley IEEPA para justificar el aumento unilateral de los aranceles a las importaciones, convirtiéndola en una herramienta de negociación para conseguir acuerdos comerciales más favorables para Estados Unidos e, incluso, incidir en la política interna de algunos países.

Puso como ejemplo el caso reciente de Brasil, cuyas exportaciones fueron cargadas con un arancel total del 50 %: un 10 % como “arancel recíproco” y un 40 % adicional tras catalogar las acciones del gobierno brasileño como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta decisión se enmarcó en el deterioro de las relaciones bilaterales a raíz del proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de intentar desconocer los resultados de las elecciones de 2022. Además de las medidas comerciales, la administración estadounidense impuso sanciones personales al juez Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo brasileño encargado del caso.

“Este precedente evidencia que, más allá de medidas estructurales, Estados Unidos recurre cada vez más a sanciones focalizadas contra individuos para ejercer presión política, lo que refuerza la posibilidad de que un escenario de descertificación para Colombia conlleve restricciones específicas contra funcionarios, más que sanciones amplias sobre el comercio o la economía en su conjunto. En este contexto, preocupa que las recientes manifestaciones del Secretario de Estado, Marco Rubio, frente al proceso judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe, sugieran un escenario en el que la política exterior estadounidense podría incorporar elementos de presión institucional en casos considerados estratégicamente relevantes”, advierte el informe.

¿Qué puede venir con una posible descertificación? “Esperamos que las sanciones se concentren en funcionarios específicos (a través de restricciones de visado o congelación de activos), más que en medidas generalizadas que afecten al sector privado. La experiencia previa, cuando Colombia fue descertificada en 1996, demostró que el país enfrentó una notoria reducción del financiamiento a programas de seguridad y restricciones temporales, pero pudo recuperar la certificación mediante acciones correctivas”, afirma Corficolombiana.

Dentro de la estrategia que debe adelantar Colombia frente a este panorama, el análisis asegura que el país debe reforzar su diplomacia bilateral, especialmente con actores clave del Congreso de Estados Unidos en decisiones presupuestales y de asistencia.

Pero recordó que Estados Unidos ya propuso recortar la asistencia a Colombia a 208 millones de dólares para el año fiscal 2026; proyecto que fue aprobado recientemente en el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de ese país y será debatido en septiembre por ambas cámaras del Congreso. “Esto implica una reducción de cerca de la mitad de la asistencia, llevándola a mínimos en más de dos décadas”, puntualiza el informe.

Asegura que el manejo de las relaciones diplomáticas entre el gobierno colombiano y estadounidense, “que se ha deteriorado notablemente este año”, será determinante para mantener la asistencia estadounidense, una ayuda indispensable en los programas de paz, seguridad y conflicto. “También es necesario mantener relaciones estratégicas con la banca multilateral para asegurar financiamiento; y recuperar la confianza institucional, reorientando su enfoque de lucha contra el narcotráfico hacia resultados verificables, con metas claras de erradicación y sustitución de cultivos”, dice el informe.

Y concluye: “La descertificación de Colombia podría tener consecuencias reputacionales, financieras y diplomáticas significativas. Por esto, la capacidad del gobierno colombiano para anticiparse, dialogar y demostrar compromiso será indispensable para mitigar sus efectos. Por su parte, el sector privado también requiere una estrategia de gestión de riesgos: es necesario monitorear las decisiones de entidades federales como la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, ONDCP, y el Departamento de Estado; y establecer mecanismos de respuesta ante la posible suspensión de apoyo financiero, aumentos en las primas de riesgo o, en el peor de los casos, a barreras comerciales adicionales”.