Desplazamiento forzado en Nariño: 200 familias huyen de enfrentamientos armados

El desplazamiento forzado en Nariño afecta a más de 200 familias que viven actualmente en residencias estudiantiles y viviendas particulares del municipio de Cumbitara. Estas familias han sido obligadas a abandonar sus hogares tras 10 días de intensos enfrentamientos entre estructuras criminales que compiten por el control de rutas del narcotráfico en la región.

Según la Defensoría del Pueblo, los combates iniciaron el pasado 23 de marzo entre el frente “Franco Benavides” de disidencias de las Farc, los “Comuneros del Sur” y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN). El gobernador Luis Alfonso Escobar precisó que al menos 166 familias provienen de veredas específicas como Desplayado, Boca de Mares, La Florida, San Agustín y San José de Bijao.

¿Qué causa el desplazamiento forzado en Nariño?

El desplazamiento forzado en Nariño es resultado directo de la disputa territorial entre grupos armados ilegales por el control de rutas de narcotráfico. Según la Defensoría del Pueblo, estos enfrentamientos generan una “grave afectación a la población civil” y alteran las condiciones de seguridad en todo el territorio departamental.

Las consecuencias de esta violencia incluyen:

Desplazamientos masivos: más de 200 familias han abandonado sus viviendas en 10 días
Crisis humanitaria: afectados están viviendo en condiciones precarias en albergues temporales
Ruptura institucional: se ha perdido el control territorial en zonas de cordillera
Riesgo de nuevos desplazamientos: la Defensoría advierte sobre posibles aumentos en el número de afectados

Respuesta institucional ante el desplazamiento forzado en Nariño

El gobernador Escobar rechazó “categóricamente las confrontaciones protagonizadas por estructuras armadas ilegales” y anunció la realización de un Consejo de Seguridad extraordinario para evaluar la situación y adoptar medidas urgentes. El mandatario reiteró su respaldo a la Fuerza Pública para el restablecimiento del control territorial y la protección de derechos humanos en la región.

El desplazamiento forzado en Nariño evidencia el impacto humanitario significativo de la violencia criminal en territorios donde coexisten múltiples estructuras ilegales. Las autoridades han señalado que estos hechos “atentan de forma directa contra la vida, los derechos humanos y el proceso de paz” que se promueve en el departamento.

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