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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó este 5 de noviembre que no ha decretado “medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”.
La aclaración surge tras la controversia generada en torno a la tributación de gasolina y ACPM.
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Investigaciones y posición tributaria
Según la entidad, las importaciones de combustibles líquidos están gravadas con una tarifa del 19 %. Esta posición fue ratificada en los Conceptos 010763 (int 2305) de 2024 y 08922 (int 1324) de 2025, los cuales pueden consultarse en el Normograma de la DIAN.
En ejercicio de las facultades establecidas en el artículo 3 del Decreto 920 de 2023, la DIAN adelanta investigaciones sobre las declaraciones de importación de todos los importadores de combustibles. El propósito de estas acciones es verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros, que incluyen aranceles e IVA. Dichos procesos se encuentran en curso.
Antecedentes legales y obligaciones de los importadores
La entidad recordó que, conforme a la Ley 1819 de 2016, los combustibles —gasolina y ACPM— están gravados con el impuesto al valor agregado (IVA). En consecuencia, los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros en el momento de la nacionalización de los bienes, tal como lo han hecho varios agentes del sector.
Desde 2017, los minoristas de combustibles también pagan el IVA al adquirir estos productos. De acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación.
Garantía del debido proceso y control fiscal
La DIAN enfatizó que “los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo”. En estos casos, se adelantarán las investigaciones correspondientes bajo la reserva legal establecida en el artículo 17 del Decreto 920 de 2023.
Además, se garantizará el derecho al debido proceso y a la defensa en todas las instancias.
Compromiso con la seguridad fiscal
Finalmente, la autoridad tributaria recordó que, como se anunció en mayo pasado, su objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todos los sectores económicos.
Este control busca fortalecer la seguridad fiscal y la competitividad del país mediante la correcta aplicación de la normativa vigente.
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