¿Cese al fuego en Gaza: ¿se abrirá el camino para el carbón colombiano hacia Israel? La inquietud de los productores de carbón.

En el mes de agosto del año anterior, el mandatario Gustavo Petro, a través de una orden, comunicó la interrupción de las exportaciones de carbón colombiano hacia Israel, a causa de “la gravedad de la situación humanitaria que se ha desencadenado en Palestina como resultado de la operación militar llevada a cabo por Israel tras el 7 de octubre de 2023 ″.

En esa fecha, Hamás penetró el territorio israelí, una incursión que dejó más de 1 200 personas fallecidas y numerosos secuestrados. La respuesta de Israel en sus ataques a Gaza causó la muerte de más de 10 000 individuos, lo cual fue el fundamento del Gobierno de Petro para detener las exportaciones colombianas de ese mineral hacia Israel, país con el que Colombia mantiene un tratado de libre comercio.

Estas transacciones constituyen aproximadamente el 5 % del total de las ventas de carbón al exterior, sumando alrededor de 500 millones de dólares y generando regalías e impuestos por 650 000 millones de pesos.

En Colombia, la decisión del Gobierno respecto al carbón hacia Israel fue objeto de críticas por parte de los gremios, debido al impacto que genera para el sector en tiempos de gran incertidumbre por nuevas cargas fiscales y una regulación que, en opinión del negocio privado, está sofocando su operación y disminuyendo la competitividad de uno de los sectores que fue motor de la economía en su reciente historia. De hecho, al finalizar el 2024, la minería experimentó una disminución de más del 9 %, mientras que el carbón, específicamente, cayó a un ritmo notable del 13 %.

“Todo el mundo se encuentra esforzándose para intentar colocar su carbón y continuar con las ventas, porque si no se le vende a Israel, se les ofrecerá a otros mercados, pues lo cierto es que el mundo sigue demandando carbón en diversas partes y en diferentes regiones. No obstante, lo preocupante es perder un cliente como Israel, con volúmenes tan significativos como cerca de 3 millones de toneladas”, comentó Cante a SEMANA.

Sin embargo, el conflicto en Gaza ha ido evolucionando: en la actualidad hay un alto al fuego y se ha producido la liberación de secuestrados por parte de Hamás, así como de prisioneros palestinos que mantenía Israel.

Frente a esta situación, Cante planteó un nuevo tema de discusión: “Estamos por interrogar al gobierno si con el alto al fuego se levantará esa restricción, ya que aún no se ha aclarado”.

Este es solo uno de los elementos que mantiene al sector minero, y en particular al del carbón, en un estado de profunda incertidumbre. En términos de leyes, decretos y regulaciones, el carbón fue incluido entre los sectores que deberán abonar un impuesto bajo el decreto de conmoción interior para abordar la situación del Catatumbo, pero podría convertirse en un impuesto permanente si el Gobierno lo introduce en la discusión de la reforma tributaria que ha anunciado.

“El decreto de conmoción está instaurando un nuevo tributo, esto se asemeja a un acuerdo voluntario individual respecto al consumo nacional y a las exportaciones de carbón, que es un impuesto regresivo y en cadena, en el sentido de que grava de igual forma los carbones generados por la pequeña, por la mediana o por la gran minería. Y esto, por supuesto, tiene efectos completamente distintos. Evidentemente, algunos carbones producidos en el interior del país para el consumo nacional con un gravamen como el que se está implementando, que podría aproximarse a un dólar por tonelada, implica un impacto sobre los bienes de consumo nacional que utilizan carbón, tales como la generación de energía, la producción de coque, la fabricación de acero, la elaboración de cemento, la producción de ladrillos, y eso, sin lugar a dudas, generará un efecto inflacionario”, expone Cante.

Además, añadió que sobre los pequeños mineros habrá un efecto adicional. Habitualmente, los carbones que producen son agrupados por un comercializador internacional que, al reunir productos de distintas zonas del país y de diferentes títulos mineros, logra llenar un barco. “En tal situación, continúa Cante, el impuesto es doble: se aplica en la primera venta y en el momento de la exportación. Esto disminuye enormemente la competitividad de esos carbones que además deben enfrentar unos costos logísticos de transporte que, como hemos observado este año, con la justificación del aumento del precio del diésel, se han elevado de manera desmesurada”.

Cante enfatizó que todo esto es parte de una estrategia esencial, más que de crear posibilidades fiscales para la nación, “de aumentar los costos de producción de los carbones colombianos que nos lleven a la inviabilidad en términos de competitividad internacional, con el único objetivo de justificar una transición energética acelerada y mal ejecutada que hasta el momento no ha producido resultados. Al contrario, el consumo y la demanda de carbón a nivel internacional han continuado en aumento”, señala Cante.

Este acontecimiento se suma a otras disposiciones que está implementando el Gobierno. Por un lado, lo relacionado con una serie de decretos como las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appas), el decreto 044 que busca establecer un nuevo ordenamiento ambiental minero en torno al agua, que generan una gran incertidumbre en la inversión y en la industria hacia el futuro.

“Observamos con gran preocupación la creación continua de diferentes figuras de restricción de carácter ambiental, ahora agropecuario, que lo único que logran es limitar el aprovechamiento de nuestros recursos minerales. En el caso de las Appas está demostrado que la minería no excluye el desarrollo agropecuario, especialmente en la minería del carbón del