[ad_1]
El Estado, mediante el Ministerio de Minas y Energía, dirigido por el ministro Edwin Palma, persigue una meta: reducir los precios del gas y la electricidad. Además, el gobierno intenta prevenir un colapso en el suministro de gas natural, y el ministro sugiere un acuerdo entre el sector público y privado para eludir una grave crisis en la disponibilidad de gas natural.
El ministro Palma garantiza a este reportero, en una conversación para EL TIEMPO, que existirá seguridad energética en lo que respecta al gas. De acuerdo con el Gestor del Mercado de Gas Natural, este año Colombia podría enfrentar un déficit del 8,2 por ciento en la demanda de gas, cifra que podría ascender al 20,6 por ciento en 2026.
En respuesta a esto, el Gobierno plantea que, a pesar de disponer de gas nacional en reservas, se ha optado por importar gas desde hace varios años, lo que resulta considerablemente más costoso que producirlo localmente. Mientras tanto, los sindicatos han solicitado que se explote más gas y que se formalicen más contratos de exploración y explotación para resolver esta situación de manera definitiva.
Palma cursó la carrera de Derecho en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Barrancabermeja, donde alcanzó su título de abogado. Posteriormente, se especializó en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad Libre de Colombia, sede Socorro. Más adelante, realizó una especialización en Derecho Constitucional y logró una maestría en Derecho del Trabajo en la Universidad Externado de Colombia. Además, complementó su preparación con un curso de especialización para profesionales latinoamericanos en Relaciones Laborales en la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Dio inicio a su trayectoria profesional en Ecopetrol, donde permaneció más de 20 años, sobresaliendo en el área sindical. Entre 2018 y 2021, lideró la Unión Sindical Obrera (USO), organización en la que previamente se desempeñó como vicepresidente durante nueve años.
En marzo de 2024, Palma se incorporó a la junta directiva de Ecopetrol. Inició el diálogo con el ministro Palma planteando la siguiente pregunta:
¿Cuál es el estado actual y futuro del gas?
Está asegurado. Estamos explorando todas las alternativas para que el país cuente con seguridad energética, especialmente en lo relacionado al gas.
Si usted afirma que está asegurado, ¿por qué el presidente de la República acaba de comunicar que Ecopetrol consideraría incluso importar gas de Catar para satisfacer el suministro nacional?
El país ha estado importando gas desde hace varios años. El Presidente, durante su visita a Catar y otros países árabes, ha mantenido conversaciones con sus autoridades y la instrucción que hemos recibido es que evaluemos la posibilidad de importar gas de Catar.
¿Ya se están llevando a cabo negociaciones?
Por supuesto, ya hemos iniciado las primeras conversaciones a través de la embajada, ya que desde hace años estamos importando gas. Entonces, lo que el Presidente desea es fomentar la competencia, ya que actualmente existe un monopolio en torno al gas que está controlado por el grupo de Luis Carlos Sarmiento y su gasificadora (*).
Sin embargo, señor ministro, hay un considerable debate nacional respecto al anuncio de la importación de gas natural de Catar por considerarse excesivamente costosa…
Hace un año teníamos un amplio debate sobre si traer o no gas de Venezuela, que sigue siendo una opción. No ha sido aún descartada. Lo primero que todos deberíamos hacer es buscar un acuerdo público-privado entre todos los sectores sobre lo que es viable y lo que no.
Usted menciona que el suministro de gas para Colombia está garantizado, pero al mismo tiempo afirma que están llevando a cabo conversaciones con Catar para importar gas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Está garantizado el gas o no?
Está garantizado satisfacer la demanda esencial. Desde
2017, se trae.
No de Catar…
Correcto. Se está importando de diversas fuentes, incluso de Estados Unidos.
Usted afirma que el suministro de gas está asegurado. ¿Por qué?
La producción actual garantiza la demanda fundamental. La próxima semana, iniciaré diálogos con los sindicatos sobre un asunto que está siendo examinado por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque, al parecer, una porción de la demanda básica fue adquirida por las plantas térmicas para revender en el mercado secundario y, evidentemente, a un precio más alto, afectando las tarifas.
¿Está en discusión de dónde vamos a importar y a través de quién?
En la actualidad, una única empresa se encarga de la importación. Y lo que ha deseado el señor Presidente es precisamente ampliar ese portafolio para fomentar la competencia.
¿Pero el único propósito, señor ministro, es generar competencia en la importación?
No necesariamente. Lo que realmente se preocupa al señor Presidente es que los consumidores tengan acceso al gas y que haya competencia.
¿El ‘offshore’ de Colombia ya está en marcha?
Sí. Ecopetrol ha declarado que hemos realizado el mayor descubrimiento de la historia del país con Sirius-2. Pero también contamos con Chuchupa, Cusiana, Ballena; en resumen, el país está haciendo lo que le corresponde para garantizar la soberanía y seguridad energética en relación al gas.
¿Las reservas de gas que poseemos aseguran el suministro. ¿Hasta cuándo?
El país dispone de reservas para 6 o 7 años más, pero con estos nuevos descubrimientos, anticipamos contar con reservas de gas durante varios lustros adicionales.
En otras palabras, ¿no habrá conflictos por el suministro de gas?
No lo habrá. Está asegurado y es uno de los puntos que deseamos comunicarle a la nación. Por ello hemos convocado a los gremios, para que dialoguemos, para que dejemos de estar anunciando cortes de energía y racionamientos.
¿Cuál es el propósito de sus diálogos con los gremios, señor ministro?
Igualar la información. Por ejemplo, nos han presentado algunas propuestas sobre la posibilidad de que los contratos de importación sean de mayor plazo. Todo lo estamos considerando. Esperamos poder forjar acuerdos, pero también es fundamental establecer acuerdos sobre la base de tener conversaciones transparentes, con datos e información veraz. Y, por supuesto, la negociación implica que ambas partes deseen llegar a un acuerdo. Es decir, si ellos nos solicitan contratos a largo plazo, eso podría significar, por ejemplo, que estas tarifas que los usuarios están pagando en la actualidad, que han aumentado, se restablezcan a su precio original. Esto es lo que he estado conversando con varios líderes gremiales. Pero deseo hacerlo formalmente a partir de la próxima semana, y por eso asistiré al evento más relevante del sector energético la semana próxima en Cartagena.
El Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea. Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO
¿Con el fin de qué, señor ministro, exactamente?
Para explicar cuál es la perspectiva de este Ministerio, que pretende proponer acuerdos en torno a la seguridad energética del país, pero en la base de que podamos dialogar con calma. ¿No tiene sentido que estemos convocando a la conversación, a construir acuerdos y al día siguiente, por ejemplo, el gerente de Afinia (comercializadora y distribuidora del servicio de energía en Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre) anuncie que se cortará el servicio en esos departamentos, o que surja el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, porque ni siquiera el gerente de EPM lo ha hecho como su estandarte político?
¿Quéquiere decir, señor ministro, con su expresión “dialogar con calma”?
Con calma implica que aclaremos y ajustemos la información. Las organizaciones han presentado su solicitud de demandas, por decirlo de otro modo.
¿Respecto a sus inquietudes?
Así es. Las estamos evaluando desde una perspectiva técnica, económica y política. Reitero, que esa conversación tenga lugar en un ambiente tranquilo.
Señor ministro, su solicitud parece más una denuncia…
El objetivo de las discusiones que he convocado con los diversos sectores, no únicamente con los gremios, sino también con expertos, la academia, los trabajadores y los sindicatos, es recibir propuestas en torno a asegurar la estabilidad energética, la seguridad eléctrica y la soberanía en relación al gas. Pero con un fin principal, que es reducir tarifas, disminuir los costos de energía y, que evidentemente, el gas siga siendo un servicio público a precios accesibles. Y esto depende de que todos los involucrados, incluyendo el Gobierno que participa en la regulación del mercado, lleguemos a un consenso y avancemos en conjunto.
Entonces, señor ministro, “avancemos juntos” ¿con qué propósitos?
Reducir tarifas. Sin duda, es un objetivo del Gobierno. Existe un proyecto de decreto también, con numerosos comentarios de la ciudadanía y de los actores implicados sobre la posibilidad de regular la venta en el mercado por parte de los generadores, donde también se presenta un oligopolio. El 70-75 por ciento de la energía eléctrica de este país es proporcionada por cuatro empresas. Y, por supuesto, es un mercado que debe ser regulado, intervenido, con el objetivo de cumplir la misión constitucional de que haya tarifas justas y accesibles para los ciudadanos. Los expertos académicos han sugerido, por ejemplo, que, unificando las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía eléctrica de propiedad pública, podría haber una disminución de la tarifa en el rubro de comercialización. Sin embargo, el Presidente insiste en que tratemos de influir en el aspecto de que esto se traduzca en un menor precio por el pago de energía a través de la tarifa para los ciudadanos.
¿Y ya han hallado la solución?
Estamos evaluando la posibilidad de reducir el componente de comercialización para que podamos tener una disminución en la tarifa del costo unitario de la energía y que ello se refleje en una factura de luz más asequible.
Ministro, ¿qué quiere decir con componentes de comercialización?
La tarifa. La tarifa se compone de diferentes elementos. Entre ellos, el de generación. El de comercialización es otro. El de pérdidas es otro, el de restricciones es otro. Es decir, tiene varios componentes. El más costoso es el de generación. Por eso, el Presidente instruyó a sus comisionados, que él designa en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), para que trabajen en que ese componente de generación sea el más económico posible.
¿Y cómo estamos en términos de pérdidas no contabilizadas?
Hay una mala relación entre las empresas y los usuarios, lo que provoca un ciclo vicioso: la empresa menosprecia al usuario, no proporciona un servicio eficiente y el usuario siente que tiene el derecho de no pagar o de sustraer energía eléctrica. Y hemos observado que, precisamente, quienes roban energía eléctrica no son los más pobres. Hay personas de estrato cuatro o cinco, en el sector industrial y comercial, que sustraen grandes cantidades de energía, lo que hace insostenible un negocio como el de la distribución de energía.
¿Pero de qué cifras estamos hablando?
Cuando estuvimos al frente de Air-e, identificamos que los robos de energía estaban cerca de 1.500 millones de pesos diarios. Y no precisamente en los estratos bajos, ni en los barrios comunes, sino en estratos 4, 5 y 6: industriales, comerciales, empresas que roban energía. Y así, ningún negocio prospera.
¿Usted me mencionó 1.500’000.000 de pesos diarios en el robo de energía en la costa?
No.
En únicamente tres zonas: La Guajira, Atlántico y Magdalena.
¿Quién es el que lo sustrae? ¿De qué manera lo sustrae?
Esa idea de que solo los indigentes hurtaan es un mito, dado que detectamos grandes sustracciones de energía en los estratos 4, 5 y 6. Negocios, empresas, robando electricidad. Fincas, residencias, empresas, fábricas, clínicas, gimnasios, algunas incluso con tecnología avanzada. Existe un hurto flagrante de energía. Considero que este delito debería ser sancionado más estrictamente, ya que causa un enorme perjuicio a la sociedad y a todo el sistema eléctrico.
¿Y cómo se le puede explicar al país que un ministro de Minas esté denunciando el hurto tan asombroso de energía en la Costa y no se tomen acciones?
Estamos bajo la competencia de la Fiscalía General de la Nación.
Países vecinos, señor ministro, han padecido cortes de energía y racionamientos…
Es parte de lo que deseo conversar con todos los sectores para que el país no experimente lo que sucede en otras naciones y evitemos tanto cortes como racionamientos.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
(*) EL TIEMPO forma parte de un grupo empresarial que abarca empresas vinculadas con el sector del gas. Dichas compañías, pertenecientes a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, no explotan ni producen gas, no lo importan ni comercializan; simplemente lo transportan y distribuyen en determinadas áreas del país.
[ad_2]
