Más de 2,8 millones de nacionales venezolanos han arribado a Colombia en la última década, predominantemente en edad laboral —se estima que el 68 por ciento tiene entre 18 y 59 años—, lo que conlleva desafíos y posibilidades de inclusión socioeconómica en el país, especialmente, en el área laboral.
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La Fundación Andi y la Fundación Santo Domingo produjeron un documento en el que examinan los progresos y lo que queda por hacer en este reto, como lo demuestra un aumento de 7 puntos porcentuales (de 5 a 12 por ciento) en la cantidad de empresas que implementan iniciativas de inclusión de poblaciones vulnerables dirigidas a migrantes.
Se le observa caminando sin rumbo definido. Algunas familias mencionan que su destino final es Ecuador. Foto:Carlos Ortega
“La migración, más que un desafío, constituye una oportunidad para potenciar el capital humano, dinamizar la economía y edificar sociedades más prósperas. El reto consiste en fomentar asociaciones y mecanismos inclusivos que promuevan las habilidades que requieren las empresas actuales y futuras”, declaró Daniel Gonzales, director de Inversión Social de la Fundación Santo Domingo.
El perfil del migrante
La mayor parte de los migrantes venezolanos reside en los principales núcleos urbanos del país y se encuentra en edad laboral. También es significativo que poseen altos niveles de afiliación; sin embargo, sus contribuciones son bajas, lo que indica que en su mayoría están en la informalidad.
Conforme a los últimos datos oficiales de Migración Colombia (2025), más de 2,8 millones de migrantes venezolanos —51,8 por ciento son mujeres y 48,1 por ciento, hombres— se agrupan en Bogotá (590.009 personas, que corresponden al 21 por ciento total), seguida de Antioquia (390.529, 13,9 por ciento) y Norte de Santander (328.719, 11,7 por ciento).
Por edad, los adultos entre 30 y 59 años constituyen el grupo más numeroso (39 por ciento), seguidos por los jóvenes de 18 a 29 años (29 por ciento), los menores de 18 años (28 por ciento) y los adultos mayores de 60 años (4 por ciento).
En relación a la seguridad social, el informe indica que, de acuerdo con la última Encuesta Pulso de la Migración del Dane, el 71,7 por ciento está afiliado al régimen contributivo, mientras que el 26 por ciento forma parte del subsidiado y el restante 2,3 por ciento no proporciona información. Sin embargo, destaca que solamente el 12,6 por ciento de ellos hace aportes al sistema pensional, lo que sugiere una alta tasa de empleos informales.
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“Hay retos tanto en la integración laboral, así como en el acceso a servicios y la disminución de la pobreza. Las normativas migratorias colombianas, desde el Permiso Especial de Permanencia (PEP) hasta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), han intentado abordar estas dinámicas, aunque continúan existiendo desafíos significativos, particularmente en la formalización laboral y la cohesión social”, destaca el documento.
Límite fronterizo entre Colombia y Venezuela. Foto:Mario Caicedo. EFE
Alta informalidad
Aunque las tasas de ocupación (66,4 por ciento) y de participación laboral (73,8 por ciento) de los migrantes venezolanos superan la media nacional, el informe enfatiza que más del 75 por ciento de ellos laboran en condiciones informales.
Estos individuos enfrentan una precariedad laboral mayor que la media nacional. Por ejemplo, entre los empleados, el estudio señala que el 75,9 por ciento está en situación de informalidad, 21 puntos porcentuales por encima del 54,9 por ciento registrado para el promedio nacional.
“Los principales impedimentos son la ausencia de documentación y regularización, con un 59,2 por ciento de las personas indicando dificultades para conseguir permisos de trabajo y un 29,4 por ciento para obtener documentos de identidad. Además, el reconocimiento de competencias puede demorar de 60 a 180 días y tiene costos elevados, y uno de cada tres migrantes experimenta discriminación en la búsqueda de empleo”, se menciona en el informe.
Principalmente, los sectores laborales donde se desempeñan los migrantes venezolanos son el sector de hospedaje y servicios alimentarios (20,3 por ciento), seguido estrechamente por el comercio y la reparación de vehículos (19,9 por ciento) y la industria del suministro de electricidad, gas, agua y gestión de residuos (14,7 por ciento).
“Se concentran en tres sectores, y se destaca su escasa presencia en otras áreas económicas esenciales como la administración pública y defensa, educación y salud, donde enfrentan mayores barreras para acceder a oportunidades laborales. Además, es notable su baja involucración en actividades primarias como la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, sectores que tradicionalmente han absorbido mano de obra migrante en otros contextos”, señala el reporte.
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Principales obstáculos
Los migrantes se encuentran con diversas dificultades para ingresar al mercado laboral formal, entre ellas, la regularización. Según los recientes datos de la Encuesta Pulso de la Migración, los permisos de trabajo son el principal impedimento.
“Al formalizar su situación, los migrantes pueden contribuir al Sistema General de Seguridad Social en Salud y ampliar la base de tributación. Esto refuerza los recursos del Estado para satisfacer las necesidades de toda la población, tanto nacionales como extranjeros, y garantiza un sistema de protección social más fuerte e inclusivo”, indica el documento.
Con pancartas y consignas contra el gobierno de Maduro, se manifestaron venezolanos en Colombia. Foto:Sergio Acero Yate / El Tiempo
Además, el informe señala que los migrantes tienen acceso restringido a servicios esenciales como salud, educación, apoyo psicosocial, banca y programas de capacitación, y que la ausencia de documentos o reconocimiento de títulos académicos limita el acceso a muchas de estas prestaciones, lo que finalmente disminuye las oportunidades de empleo formal.
Un obstáculo adicional que se destaca es la discriminación, ya que el 28,6 por ciento de ellos ha reportado haberla experimentado debido a su nacionalidad.
Con base en estos hallazgos, el estudio sugiere una serie de recomendaciones, como establecer rutas de contratación inclusivas o facilitar la convalidación de competencias. También aconseja promover la formalización laboral y la inclusión financiera, crear alianzas estratégicas entre empresas, sociedad civil, gobiernos y cooperación internacional y sensibilizar y capacitar al personal interno en diversidad, equidad e inclusión.
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“La inclusión laboral no se resuelve únicamente con un aumento en la oferta de empleo. Es necesario entender y abordar los desafíos de la movilidad humana y, principalmente, aprovechar la oportunidad que presenta para construir ambientes laborales justos y culturalmente diversos”, destacó Catalina Martínez Guzmán, directora ejecutiva de la Fundación Andi.
Por ejemplo, se resalta la Ruta de Inclusión Laboral de Claro por Colombia, que desde 2019 ha integrado formalmente a cerca de 1.300 jóvenes, migrantes y retornados, así como la estrategia de la compañía Pavco Wavin, la cual contrata migrantes desde 2018 y promueve la diversidad y la equidad en su planta de Bogotá.
