El auge del contrabando de cigarrillos en Colombia: un impacto económico devastador.

El tráfico ilegal de cigarrillos representa una problemática internacional con serias repercusiones sociales y económicas. En Colombia, en los años recientes hemos observado un aumento en esta cifra: mientras en 2016 el tráfico ilícito de cigarrillos alcanzaba el 13 % del total del mercado, en 2024 llegó por primera vez al 36 %, el nivel más alto desde que iniciaron las mediciones de INVAMER en 2011.

Silvia Barrero, Vicepresidenta de Asuntos Externos para el Clúster Andino de Philip Morris International, declaró: “Las repercusiones del contrabando de cigarrillos son catastróficas: impulso del crimen organizado y financiación de actividades Delictivas como la corrupción y el narcotráfico; pérdidas billonarias para las entidades territoriales en impuestos que deberían destinarse a salud y deporte, y, por último, el fortalecimiento del mercado negro, donde los contrabandistas, que actualmente poseen el 36 % del mercado de cigarrillos, no se preocupan si sus productos llegan a niños, niñas y adolescentes”.

De acuerdo con datos de INVAMER, desde 2017, Colombia ha dejado de recibir más de 5,3 billones de pesos a causa del contrabando de cigarrillos. Esta cifra equivale a la mitad del presupuesto de Medellín para 2024, lo que evidencia el impacto significativo de esta actividad ilegal en las finanzas nacionales. Solo en 2024, la pérdida de ingresos superó el billón de pesos.

En Colombia, aproximadamente el 35 % del mercado de cigarrillos corresponde a productos de contrabando, lo que implica que de cada 10 cigarrillos consumidos, entre 3 y 4 son ilegales. Con el precio de una cajetilla de cigarrillos legales, se podrían adquirir 2.4 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Además, cuando se incrementan los impuestos sobre los cigarrillos legales, los precios de los ilegales también se elevan, lo que hace que los traficantes obtengan aún más beneficios ilícitos.
                                          
Este fenómeno impacta principalmente a las áreas rurales y a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, donde la diferencia de precios entre los cigarrillos legales e ilegales permanece siendo notable, lo que fomenta la preferencia por los productos ilegales debido a su costo reducido.

Según INVAMER, en los estratos 1 y 2, el 42 % del consumo proviene del mercado ilegal. “El costo es la razón principal por la que los fumadores adultos optan por el comercio ilegal. En promedio, un cigarrillo ilegal es $6.569 más económico que uno legal. Por ello, un aumento desproporcionado de los impuestos al cigarrillo amplía las brechas de precios, vuelve más atractiva la ilegalidad y, como resultado, acelera el contrabando”, enfatizó Barrero.

Reducir el tráfico ilícito de cigarrillos es factible si se logra una colaboración coordinada entre los sectores público y privado, bajo marcos impositivos técnicos que prevengan desviaciones de mercado, y si se mantiene la efectividad en el control y la contundencia operativa. De lo contrario, nos arriesgamos a mayores niveles de inseguridad, a menos recursos públicos y a la inviabilidad de la industria legal.