El contrabando de cigarrillos fortalece al crimen organizado en Colombia

El contrabando de cigarrillos se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiación del crimen organizado en Colombia, desplazando su percepción de simple infracción aduanera a un fenómeno de alto impacto que amenaza la economía y la seguridad nacional.

De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, el 36 % de los cigarrillos comercializados en el país provienen del contrabando. Este negocio ilegal representa pérdidas fiscales superiores a un billón de pesos anuales para los departamentos, recursos que deberían destinarse a salud, educación y programas sociales.

Una red criminal que se fortalece con el contrabando

Lejos de ser una actividad aislada, el contrabando constituye una estructura compleja de crimen transnacional. Las redes ilegales controlan rutas marítimas y terrestres, utilizando puertos como Turbo, Cartagena, Puerto Nuevo y Buenaventura para ingresar productos que luego se distribuyen hacia Medellín, Bogotá, Cúcuta y Bucaramanga.

En regiones fronterizas como La Guajira, Norte de Santander, Antioquia y Nariño, organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN y el Tren de Aragua han encontrado en esta práctica una fuente rentable y sostenida de ingresos, obteniendo márgenes de ganancia que pueden alcanzar el 700 %.

“El contrabando de cigarrillos no solo afecta las finanzas públicas, también financia estructuras criminales, genera violencia y deteriora la seguridad nacional”, afirmó un oficial de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA).

Millones de cigarrillos aprehendidos, pero el negocio sigue creciendo

Entre enero y junio de 2025, la POLFA reportó la incautación de más de 5,8 millones de cajetillas de cigarrillos ilegales, una cifra que, aunque significativa, refleja apenas una fracción del comercio ilícito que circula en el país.

Según Invamer, las principales marcas ilegales comercializadas en Colombia son Rumba (13,4 %), Carnival (3,5 %) y Real (1,8 %), con orígenes detectados en Uruguay, Corea del Sur y Estados Unidos.

La rentabilidad de esta economía ilegal permite que las organizaciones criminales obtengan ingresos cercanos a los 250 millones de dólares al año, fortaleciendo su capacidad logística y armada.

Impacto en la salud y la seguridad pública

Más allá del daño fiscal, el contrabando representa un riesgo sanitario para los consumidores, ya que muchos productos ingresan sin control de calidad ni regulación. Además, la disputa por las rutas de transporte y distribución ha incrementado los niveles de violencia y extorsión en zonas estratégicas del país.

Expertos coinciden en que combatir el contrabando requiere coordinación interinstitucional, modernización de los sistemas de control aduanero y campañas de sensibilización ciudadana para reducir la demanda de productos ilegales.