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Incluso en un país que a lo largo de su historia ha sentido en incontables ocasiones el latigazo de la violencia, lo sucedido el jueves sacudió con particular fuerza a la opinión nacional. El motivo fue, además de la lamentable pérdida de tantas vidas, la impresión de que Colombia está volviendo sobre sus pasos y se expone a recorrer de nuevo una senda que, hasta hace algún tiempo, pareció haber quedado atrás para siempre.
Las sobrecogedoras escenas de muerte y destrucción acabaron plenamente con la quimera de una paz total que nunca sucedió, la misma que en 2022 fue planteada como el gran objetivo de Gustavo Petro. A decir verdad, el escepticismo sobre cualquier logro venía en aumento desde hace meses, junto con la percepción de que el clima de seguridad mostraba un franco deterioro.
Según el sondeo de Colombia Opina que realiza la firma Invamer en 84 municipios, desde 2017 -cuando comenzó a aplicarse la encuesta- hasta julio de 2024 el orden público nunca encabezó la lista de las preocupaciones de los colombianos. Ahora sí está de primero en la tabla de inquietudes, algo que empezó a verse en las postrimerías del año pasado y que en cada medición es más notorio.
Aunque se trata de una opinión subjetiva, numerosos indicadores respaldan la sensación generalizada de que hay un empeoramiento en marcha. Tanto las propias cifras oficiales como la información que recogen fundaciones y analistas muestran que la mayor aprehensión se apoya en la realidad.
Quienes se encargan de seguirle la pista al tablero del control de un asunto crucial, como es la tranquilidad de la ciudadanía, han lanzado numerosas alertas. Ahora suben de tono las advertencias ante la probabilidad de un deterioro adicional, a menos que venga un timonazo, algo que no parece viable en el corto plazo.
Las razones son múltiples y van desde la estrechez de recursos, hasta las circunstancias políticas, pasando por las equivocaciones y los conocidos problemas de gestión que han plagado a un Ejecutivo descrito como disfuncional. A lo anterior se agregan problemas de moral en las Fuerzas Armadas, combinados con un auge de la ilegalidad armada, sustentada por el narcotráfico y la minería criminal.
Además, aparecen dudas razonables respecto a lo que puede suceder en otros sectores. Uno obvio es la economía, cuyo aceptable desempeño depende de la buena salud del consumo interno y de que no existan tropiezos para la marcha de la actividad productiva. Mantener la confianza es crucial con el fin de que el empleo y el bienestar de los hogares no se vean afectados, lo cual se vuelve mucho más desafiante cuando la zozobra aparece.
Hablan los números
¿Qué muestra la fotografía actual? De acuerdo con el seguimiento que hace mensualmente el Ministerio de Defensa hay luces y sombras. Para citar un caso el hurto de vehículos -que comprende automotores y motocicletas- cayó 21 por ciento en los siete primeros meses de 2025. De la misma manera en lo que atañe a residencias y comercios ese mismo delito se contrajo en 19 y 36 por ciento, respectivamente.
También descendió en forma importante el abigeato, la piratería terrestre y el hurto a personas y entidades financieras. Hasta las denuncias por extorsión muestran un declive, así algunos aleguen que las que se hacen son una fracción del total.
Respecto a la minería ilegal hay, así mismo, mejoras operativas destacables. De tal manera el número de explotaciones intervenidas ascendió en 22 por ciento, el mismo guarismo de aumento en incautación de maquinaria amarilla.
No obstante, el panorama empieza a cambiar en cifras clave. Puede no ser un incremento mayúsculo, pero el acumulado de homicidios intencionales sube 4 por ciento hasta julio. Mucho más alarmante es el aumento de 90 por ciento en los casos de secuestro extorsivo, cuyo conteo de 188 hasta julio está cerca de los 209 registrados en todo 2024.
Por su parte, los actos de terrorismo crecen 12 por ciento y se encaminan a su punto máximo en más de diez años. El elemento individual más grave es la voladura de oleoductos con un salto del 600 por ciento en la primera mitad de 2025.
Más complejo de calificar es el balance contra el tráfico de narcóticos. Así, el Gobierno destaque que la cocaína incautada superó las 600 toneladas en los primeros siete meses del año, un máximo histórico que supera en casi cuatro veces lo decomisado en 2015, la base de comparación es otra.
Y es que el área cultivada en coca es la más alta desde cuando hay registros (253.000 hectáreas en 2023, que es el dato más reciente) y la erradicación manual apenas alcanzó las 3.636 hectáreas hasta julio, muy lejos de las 54.578 hectáreas intervenidas en 2020 durante el mismo lapso. Al ritmo observado parece poco factible que la meta de llegar a 30.000 hectáreas al final del año se logre.
No obstante, el verdadero campanazo de atención suena cuando se constata que la cantidad de miembros de la fuerza pública asesinados en actos del servicio se disparó en 149 por ciento hasta julio, mientras que los heridos lo hicieron en 88 por ciento. Parte de la explicación reside en un esfuerzo orientado a recuperar el control territorial perdido por cuenta del repliegue atribuible a la política de la paz total, pero los golpes recibidos son de tal magnitud que obligan a una reflexión de fondo.
Que ha habido un debilitamiento de las Fuerzas Militares es algo que pocos ponen en duda. Así lo considera el profesor Eduardo Pizarro, considerado una verdadera autoridad en la materia y quien viene de escribir un texto sobre el tema.
En su diagnóstico, el académico destaca como el pie de fuerza ha disminuido y se encuentra en cerca de 181.000 efectivos, 27 por ciento menos que en el pico alcanzado en 2012. Como si eso no fuera preocupante, el deterioro de la capacidad aérea es flagrante. Tanto, que cerca de un centenar de helicópteros están fuera de servicio, para no hablar de los aviones de combate.
Decisiones tomadas por la Casa de Nariño, como la de cortar de un tajo con la cooperación recibida de Israel, han tenido un impacto enorme. Una de las consecuencias es que los equipos de comunicación que usan las tropas se han vuelto obsoletos o inoperantes, con lo cual aplicaciones de mensajería como WhatsApp han acabado siendo utilizadas para coordinar operaciones a pesar del riesgo de que estas sean intervenidas y de la falta de cobertura en zonas rurales.
Sobre el papel, el ramo de seguridad y defensa ha podido mantener asignaciones presupuestales importantes, así haya perdido participación dentro de los gastos estatales. El problema es que cerca del 80 por ciento de lo que se gira va para el rubro de personal, mientras lo que se destina a modernización es relativamente poco.
Por ejemplo, en el proyecto de Presupuesto de 2026 que está para consideración del Congreso, el monto de funcionamiento para el sector de Defensa y Policía es de casi 65 billones de pesos, mientras que para inversión irían 3,7 billones. Los reajustes salariales de los últimos tiempos y la carga pensional explican por qué la tajada de personal es cada vez más grande.
Debido a la combinación de los factores mencionados y de otros más, la lectura actual indica que el Estado colombiano es incapaz de efectuar el control territorial debido. La situación en las zonas de frontera es especialmente crítica, al igual que en aquellas áreas en las que confluyen diferentes grupos armados irregulares. Contener el deterioro es urgente, como lo demuestran los testimonios de tantos lugares en problemas.
El futuro
No se necesita una bola de cristal para afirmar que este asunto tendrá una gran relevancia en el debate electoral que ya se encuentra en marcha. Si bien la realidad del país es distinta a la de comienzos de siglo, quien convenza a los votantes de que sus propuestas sobre seguridad son las indicadas y muestre un futuro de progreso social viable, tendrá mayores probabilidades de llegar a la Presidencia de la República.
Más allá de hacer cábalas respecto a candidaturas que en su mayoría están en etapa embrionaria lo importante es entender que hay salidas, algunas más rápidas de concretar que otras. Debido a su compleja trayectoria que comprende haber enfrentado múltiples manifestaciones de violencia, Colombia ha desarrollado una buena capacidad analítica que no es fácil de encontrar en otras latitudes y que se ubica tanto en las Fuerzas Militares como en la academia.
“Suena evidente, pero de lo que se trata es de contar con una fuerza pública más operativa”, dice Jorge Restrepo, de la Universidad Javeriana. “Dicho objetivo no solo pasa por examinar el pie de fuerza y las estrategias de presencia en el territorio, sino por incorporar el cambio tecnológico que se aceleró sustancialmente por cuenta de la guerra en Ucrania y que incluye el uso de drones y herramientas electrónicas y digitales”, añade.
Copar los espacios que hoy son disputados por numerosos grupos en armas, es un requisito indispensable, al que se le suman otras propuestas. En varios de los debates en los que han participado aspirantes a la Presidencia se ha mencionado reiteradamente acabar con la figura del delito político, que acaba siendo una salida para justificar los actos y ataques más abominables.
De otro lado, Restrepo sostiene que es obligatorio combatir un terrorismo con más cabezas y tentáculos. Subir la guardia y utilizar la inteligencia del Estado para enfrentar las amenazas resulta perentorio a la hora de evitar ataques que dejen todavía más sangre derramada.
Uno de los temas más complejos en el futuro cercano será el de apropiar más fondos, que son indispensables. Junto a la búsqueda de fuentes adicionales de dinero es impostergable un examen a fondo de los gastos, para buscar eficiencias y evitar desperdicios.
Ello incluye meterles el diente a asuntos muy complejos. Eduardo Pizarro muestra cómo Colombia dispone una de las veinte fuerzas militares más numerosas del mundo y la tercera en tamaño en América Latina, después de Brasil y México. Pero cuando se introduce el concepto de poder militar, el país desciende al puesto 46 pues los recursos humanos y de otro tipo no se utilizan apropiadamente.
Mientras llega el momento de las transformaciones, la gran incógnita es lo que puede suceder en los próximos meses. Para María Victoria Llorente, directora de la fundación Ideas para la Paz “los riesgos que se están aumentando y que seguirán así en el cierre de gobierno son el de enfrentamientos entre grupos armados, el ataque a la fuerza pública por los mismos grupos armados y las afectaciones humanitarias generadas por esta situación”.
Igualmente, la experta identifica “un mayor riesgo electoral, en la medida en que todas las condiciones de conflicto se están agravando, lo que implica considerar mayores alteraciones a las jornadas, constreñimientos a los votantes y posibles dificultades para habilitar puestos de votación por orden público”.
Tampoco se pueden pasar por alto las alertas en lo que concierne a la economía. Llorente identifica el costo que implica la pérdida de legitimidad institucional respecto a la inversión, la mayor incertidumbre que afecta a empresarios y consumidores y los gastos que le demandarían al sector privado eventuales bloqueos o acciones terroristas que pueden afectar la movilidad o el despacho de productos.
Dentro de esa lista no se puede olvidar que está en entredicho el buen desempeño que ha tenido el turismo. Conservar los buenos resultados recientes dependerá de que aquellos que se muestran atraídos por Colombia la sigan considerando un destino seguro que se puede recorrer sin sobresaltos.
Ante tantos interrogantes también resultan indispensables los mensajes que vengan de la Casa de Nariño. No hay duda de que la crisis de liderazgo actual -que comprende actitudes equívocas frente a los criminales y mensajes polarizantes- influye en lo que sucede con la seguridad. Y ello ocurre cuando la ciudadanía registra con creciente angustia como eso de hacer de Colombia una “potencia mundial de la vida” cada vez se aleja más de lo que pasa en el territorio nacional.
RICARDO ÁVILA PINTO
ANALISTA SÉNIOR
Especial para EL TIEMPO
En X: @ravilapinto
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