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La paz urbana en Barranquilla está en una fase decisiva. A un mes de la firma de la tregua entre las estructuras criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’el Gobierno nacional sigue estudiando el posible traslado de sus principales cabecillas, Digno Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castordesde la cárcel La Picota hasta centros penitenciarios en el Atlántico. La medida, aún en evaluación, ha generado un Intenso debate sobre los riesgos, beneficios y condiciones institucionales que rodean el proceso.
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Camilo Pineda Serje, delegado de la Consejería Comisión de Paz (CCP) en el Atlántico y facilitador del proceso, explicó que la decisión no está tomada y que se requiere un análisis riguroso. “Esta es una decisión que pasa por múltiples filtros institucionales. Ya hemos elevado la consulta a varios niveles, y debe tomarse con la mayor rigurosidad y sensatez”, indicó.
El traslado, según Pineda, permitiría mantener una comunicación más directa con los líderes del proceso, pero también implica revisar las condiciones de seguridad penitenciaria. “Desde el Inpec se ha hecho un llamado a la mesura. No podemos traerlos y ubicarlos en cárceles como La Modelo o El Bosque sin analizar los riesgos. Hay que revisar quiénes están allí, cuáles son las condiciones de convivencia y si su presencia podría generar conflictos internos”, advirtió.
Camilo Pineda Serje, facilitador del proceso de paz en Barranquilla. Foto:Cortesia / @HOLLMANMORRIS
Ambos internos están clasificados como de alta seguridad.mientras que los centros penitenciarios en Barranquilla operan bajo condiciones de mediana seguridad. Esta brecha técnica ha llevado a considerar alternativas como traslados parciales, reubicaciones temporales o alojamientos en Bogotá con canales de comunicación reforzados.
Avances y compromisos: menores fuera del crimen
Pese a los retos, el consejero destacó que el acuerdo entre las estructuras armadas ilegales ha permitido una reducción significativa en los homicidios y extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana. De cara al 2026, uno de los compromisos más relevantes es mantener a los niños y adolescentes fuera de las dinámicas del crimen organizado.
“Estamos definiendo una ruta metodológica que nos permita verificar que los esfuerzos sean reales. Debemos garantizar que los menores no sean reclutados. ni usados en estas estructuras, y que el gasto de drogas se mantiene alejado de colegios, parques y bulevares”, explicó Pineda.
La meta es cerrar el año con resultados tangibles y dejar bases sólidas para que el próximo gobierno dé continuidad al proceso. “Si logramos sostener la reducción de delitos y dar pasos firmes hacia el control social del territorio, estaremos frente a una oportunidad histórica para la ciudad”, concluyó.
Sin embargo, hace pocos días la Defensoría del Pueblo en un encuentro con medios de comunicación y tras la presentación del ‘Informe Defensorial de Salud 2025’ pidió esclarecer este proceso de paz para que no se convierta en ‘una repartición de economías ilícitas’. Las palabras fueron expresadas por la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortíz.
Las declaraciones se dieron en el marco del ‘Informe Defensorial de Salud 2025’. Foto:defensa del pueblo
“Nosotros tenemos información sobre la tregua y se ha visto una reducción de hechos de violencia letal en la ciudad. Esto es positivo. Sin embargo, también Hemos pedido al Gobierno algunas claridades respecto de cuál es el ámbito de estas conversaciones.para evitar que estos diálogos sean sencillamente como unos acuerdos provisionales de distribución de las economías ilícitas, sin que conduzcan realmente a un desescalamiento de las violencias más estructurales”, expresó Marín Ortiz.
Las mesas de trabajo del proceso de paz urbana
Entre el 9 y el 11 de octubre, se realizó en el Hotel El Prado las primeras mesas de trabajo institucionales, con participación del comisionado de Paz, Otty Patiño; Camilo Pineda Serje; alcaldes del área metropolitana; Policía; gremios; academia; y víctimas del conflicto urbano.
Estas mesas marcaron un punto de inflexión al establecer una articulación institucional para territorializar el modelo de paz urbana. Se trazaron líneas de acción en sectores sociurbanos complejos, considerados laboratorios de paz, y se abrió la puerta a una agenda más amplia que incluir nuevos sectores sociales en noviembre.
Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño. Foto:Presidencia/Archivo Particular
Precisamente uno de los temas más sensibles fue el traslado de los cabecillasque desde entonces ha sido objeto de análisis técnico y político. Las mesas también permitieron recoger inquietudes sobre extorsión.el delito que más golpea a comerciantes y transportadores. Según Orlando Jiménez, presidente de Undeco, al menos 500 negocios han cerrado en los últimos seis años por intimidaciones.
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El proceso, respaldado por la estrategia de “Paz Total”busca avanzar hacia una reconciliación sin renunciar a la aplicación de la ley. Como lo expresó el comisionado Patiño, “este es apenas el inicio de un camino que esperamos lleve a resultados irreversiblesdonde los ilegales retrocedan y la institucionalidad recupera los espacios que hoy ocupan”, pero aún falta mucho.
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