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La Región Metropolitana de Barriga ha pasado a ser un epicentro de ocupaciones ilegales de terrenos, llevadas a cabo por grupos delincuenciales que operan bajo una apariencia de legalidad.
Según el columnista Alfonso Camerano Fuentes, estas agrupaciones se están apoderando de terrenos de alto valor en Barranquilla y sus municipios colindantes, incluyendo Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y Tubará.
Camerano indica que estas organizaciones delictivas operan en diversas áreas del entorno metropolitano, abarcando Puerto Colombia, a lo largo de la Circunvalar desde la Vía 40 hasta los límites con Soledad, la Carrera 38 desde la Calle 84 hasta los límites con Tubará, el corredor de la Vía de la Prosperidad y la Zona Franca Zofía.
La MANERA EN QUE SE APODERA DE LAS TIERRAS
“RESULTA ASOMBROSO EL MODUS OPERANDI”, enfatiza Camerano al señalar el patrón básico en el que “los puntos comunes involucran nombres falsificados de profesionales del derecho, peritos técnicos en agrimensura de alta calidad, un grupo de demandantes y testigos; que facilitan la obtención de documentación de dominio y posesión; ‘BAJO LA PROTECCIÓN DE LA LEY’ Ya sea por ignorancia o, más frecuentemente, debido a corrupción física, señala.
Alfonso Camerano Abogado. Foto:Tomado de las redes sociales
El modus operandi de estas agrupaciones, advierte Camerano, involucra a abogados, peritos técnicos, demandantes y testigos que facilitan el acceso a documentación que acredita dominio y posesión sobre terrenos. También están implicados empleados de notarías, policías, inspectores corruptos, jueces y funcionarios de la rama judicial, quienes actúan con total impunidad y “bajo el amparo de la ley”, ya sea por ignorancia o por corrupción.
Las estructuras de estos grupos criminales organizados eligen propiedades de alto valor y obtienen información de las oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y del IGAC. Posteriormente, acuden a notarías donde “testigos” declaran falsamente conocer al “poseedor” de la propiedad, lo que da pie a demandas judiciales.
Los puntos comunes involucran nombres falsificados de profesionales del derecho, peritos técnicos en agrimensura de primera, un grupo de demandantes y testigos; que facilitan la obtención de documentos de dominio y posesión; utilizando a empleados de notarías; a policías de estaciones y cuadrantes adscritos a los barrios; a inspectores corruptos; a jueces y empleados de la rama;
Alfonso CameranoAbogado
Una vez admitida la demanda, se procede a la ocupación del terreno, con equipos de albañiles que construyen viviendas de manera rápida, al tiempo que se dilatan los procedimientos legales para “ganar tiempo” a la empresa criminal.
Cuando el propietario afectado intenta recuperar su terreno, los ocupantes se resisten alegando que han ocupado la propiedad por más de cuatro meses, el plazo máximo para acciones de restitución por vía policial, o que en el expediente de la propiedad existen anomalías que impedirían al inspector de policía restituir el bien usurpado.
La Zona Costera del Departamento del Atlántico Ha Incrementado Su Valor. Imagen:Gobernación del Atlántico
De acuerdo a Camerano, Entre Los Casos de Despojamiento están la Zona Franca Zofia en Galapa, La Finca Santa Isabel en la Vía al Mar y Parcelas en La Entrada A Puerto Colombia y Salgar, entre Otros[1].
El Columnista Indica que Estas Actividades Tienen el Apoyo de Políticos corruptos, Funcionario Públicos de Diversos Niveles, Notarios, Funcionarios del Poder Judicial, Sectores Corruptos de la Policía Nacional e Inspectores de Policía Corruptos.
Adicionalmente, involucran un sector de la ONU, privado que participa en el Negocio, revendiendo los terrenos a Los Grandes Urbanizadores A Tarifas Más Altas.
“Hasta el Momento no Existe una Sola Condena por Estos crímenes que Haga Retroceder a la Organización Criminal, Cada vez Más Fuerte e impune”, Specifica.
Hasta Ahora, no se han dado condenas que detengan a Estas Entidades Criminales, que operan con un creciente poder y falta de castigo.
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