El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich, ha interpuesto una denuncia penal contra Karina Andrade, la jueza que rápidamente dejó en libertad a los arrestados tras los incidentes acontecidos el miércoles 12 de marzo en las proximidades del Congreso, durante la manifestación de jubilados.
El Gobierno ha acusado a la magistrada de Prevaricato, Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Encubrimiento Agravado, basándose en su determinación de liberar a 114 arrestos sin realizar una evaluación apropiada de las evidencias o de los antecedentes penales de los implicados.
El Ministerio de Seguridad asevera que la jueza actuó de forma arbitraria, interfiriendo impropiamente en un proceso de flagrancia, el cual es competencia exclusiva del Fiscal.
En lugar de ajustarse a los procedimientos legales establecidos, Andrade eligió excarcelar a los detenidos a través de un servicio de mensajería instantánea como WhatsApp, sin dejar un registro oficial ni involucrar formalmente a la Fiscalía, según señala la acusación.
Además, la magistrada permitió que defensores no designados participaran en el proceso, lo cual representa una clara violación de las normativas procesales, dado que de acuerdo con el Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los defensores oficiales solo pueden actuar cuando han sido expresamente asignados.
Entre los detenidos que fueron excarcelados, había personas con antecedentes por delitos como lesiones, tráfico de estupefacientes, posesión de armas y robo, lo que agrava aún más la conducta de la jueza del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La denuncia indica que la jueza no realizó ninguna evaluación de las evidencias ni de los antecedentes de los arrestados antes de ordenar su liberación, lo cual contradice la normativa vigente.
El Ministerio también subraya que, al valorar la situación, la magistrada incumplió el procedimiento de flagrancia, el cual establece que es responsabilidad del Fiscal evaluar la detención.
En su resolución, Andrade argumentó su decisión citando la falta de espacio en los centros de detención, un argumento que fue desmentido posteriormente, ya que había disponibilidad en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y en la Policía Federal.
La denuncia también menciona que la decisión de Andrade de liberar a los detenidos no solo carece de justificación legal, sino que podría haber facilitado el encubrimiento de las faltas cometidas durante los disturbios.
La jueza no únicamente evadió la gravedad de los incidentes, sino que su intervención
facilitó que los imputados eludieran la justicia.
El Ministerio de Seguridad ha requerido el inicio de un proceso penal relacionado con los delitos informados y la recolección de evidencias pertinentes, abarcando la documentación audiovisual de los sucesos ocurridos en la Plaza de los Dos Congresos el 12 de marzo de 2025. Esta situación continúa bajo investigación, considerando que los tumultos ocasionaron más de una docena de agentes heridos y provocaron daños materiales significativos en el espacio público.
Además, la denuncia incluye la solicitud de que la jurisdicción federal gestione los hechos puesto que involucran delitos de sedición, ataques contra el orden constitucional y asociación ilícita agravada, circunstancias que afectan directamente la estructura democrática y constitucional del país.
