Colombia
El Gobierno endureció los controles a los presos de alto riesgo: no podrán tener contacto físico con las visitas
El Gobierno ha intensificado los controles sobre los reclusos ubicados en pabellones de alto riesgo del Servicio Penitenciario Federal, mediante la Resolución 153/2025 del Ministerio de Seguridad, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
A partir de hoy, un año después de la instauración del Sistema de Alto Riesgo, las visitas para los internos en prisiones federales dentro de esta categoría se verán restringidas de manera aún más intensiva, con el objetivo de “neutralizar las mafias intra carcelarias”, según informaron a Infobae fuentes del ministerio liderado por Patricia Bullrich.
Estas fuentes apunten a que algunos de los presos más peligrosos estarían utilizando un nuevo método para enviar instrucciones al exterior: valerse de sus familiares directos y abogados defensores para transmitir órdenes operativas a sus compañeros delictivos.
“Se han registrado, desde el año pasado hasta ahora, 11 casos en los que se detuvo a 9 familiares y 2 abogados por pasar información destinada a la criminalidad,” destacaron. Entre los implicados se encuentran la esposa de Luciano “Lucho” Cantero y la hija de Ariel “Guille” Cantero, de Los Monos.
Los cargos que enfrentan incluyen asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros.
En cuanto a los arrestos de familiares y abogados de los reclusos de alto riesgo, las autoridades enfatizaron que “existen razones objetivas y justificadas que respaldan el incremento de las medidas relacionadas con las visitas de todos los internos incorporados al Sistema, aplicando restricciones que son razonables y proporcionales”.
Asimismo, subrayaron que el endurecimiento de los controles es esencial “para cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en relación con la prevención y lucha contra el crimen organizado”.
El miércoles pasado, los agentes penitenciarios encontraron un papel escrito por un preso de alto riesgo que fue entregado a su madre durante una visita. “En el mismo, se daban órdenes específicas para continuar con delitos que causarían más muertes, por lo que la visitante fue retenida y puesta a disposición de la Justicia, que ordenó su detención inmediata”, indicaron.
A raíz de este incidente, junto con otros, los reclusos de alto riesgo recibirán visitas de hasta 2 familiares directos mayores de 16 años y de sus hijos menores, cada 15 días durante 60 minutos. Además, las visitas se llevarán a cabo exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.
Desde que a finales de 2023 se transfirió el Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad, bajo la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, liderada por Julián Curi, se han implementado medidas para evitar el ingreso de drogas, objetos punzantes y teléfonos móviles.
Por otro lado, el Sistema ha regulado el régimen de visitas, comunicaciones telefónicas y correspondencia, estableciendo en particular que se prohíbe a los internos comunicarse con el exterior para fines ilegales.
Simultáneamente, se habían reforzado las medidas tras recibir alertas sobre dos capos presos, Esteban Lindor Alvarado y Claudio “Morocho” Mansilla, quienes pudieron haber encargado algunos de los delitos ocurridos en Rosario durante 2024.
En esa ocasión, se suspendieron sus comunicaciones telefónicas por 30 días, excepto las que mantuvieran con sus abogados defensores y organismos de control. También se decidió suspender las visitas autorizadas por el mismo periodo, salvo las de sus defensores acreditados en los expedientes judiciales.
Para esquivar los controles, los internos han comenzado a emplear esta nueva táctica.
Ahora, el Servicio Penitenciario Federal deberá consultar a la Justicia para determinar si hay algún impedimento para permitir las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incluidos en el sistema.
Si un preso revoca la autorización de un visitante, no podrá volver a solicitar su autorización en un período de seis meses.
La medida establece que no se permitirá la visita de personas condenadas o que estén bajo investigación por posibles delitos. Asimismo, los internos sujetos a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni allegados.
“El Servicio Penitenciario Federal deberá denunciar todos los delitos que se conozcan en el marco del ‘Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal’”, se decree en el artículo 2° del documento.
Si se detecta una infracción, se les ha otorgado a los agentes penitenciarios la autoridad para aplicar sanciones, como por ejemplo, intervención de las comunicaciones telefónicas, monitoreo de visitas, suspensión o prohibición de visitas, así como cualquier medida que pueda ser útil para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Esta decisión surge tras la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 56 bis inciso 10 de la Ley 24.660 y el 14 inciso 10 del Código Penal, que limitaban el acceso a la libertad condicional para aquellos condenados por delitos de narcotráfico, por parte de la Cámara Federal de Casación Penal, en su Sala de Feria.
El fallo, que fue impugnado por el fiscal Raúl Pleé, permitió que 15 mil encarcelados por venta de drogas puedan solicitar la libertad condicional.
