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“Podría afectar la calidad y la continuidad en la prestación de los servicios públicos”esta fue la advertencia que hizo la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) frente al nuevo método propuesto por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento (CRA) para el pago de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo el próximo año.
El cobro de estos servicios todavía no se ha definido, pero la alternativa que está sonando es un sistema en el que se establecen tarifas justas bajo un esquema en el que los usuarios paguen de manera proporcional a la calidad, continuidad y oportunidad del servicio.
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La nueva regulación propone clasificar a los prestadores en cuatro segmentos según sus costos operativos y administrativos. Incluye incentivos para el uso de energías renovables en acueductos y establece que los activos sólo podrán cargarse a la tarifa cuando entren en operación, con devolución de recursos no invertidos en un plazo máximo de un año.
En cuanto al servicio de aseo, la regulación que plantea la CRA busca clasificar a los prestadores por costos, impulsar energías renovables en acueductos, exigir la devolución de recursos no invertidos, incorporar un Plan de Sostenibilidad Hídrica, promover la reducción de pérdidas de agua y fortalecer la voz del usuario en la calidad del servicio.
Acueducto. Foto:Alcaldía de Bogotá
Según la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, se han puesto a consideración de la opinión pública dos propuestas de marcos tarifarios enfocadas en mejorar la calidad, cobertura y continuidad en la prestación de estos servicios.
El cobro del servicio de acueducto, alcantarillado y aseo para 2026 todavía no se ha definido. Para llegar a un método, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento planteó un sistema en el que se establecerán tarifas justas bajo un esquema en el que los usuarios paguen de manera proporcional a la calidad, continuidad y oportunidad del servicio. Sin embargo, desde Asocapitales advirtieron riesgos que vendrían con la propuesta.
La alerta se da porque aseguran que hay algunos elementos del diseño regulatorio actual que “generan tensiones operativas y financieras” que podrían afectar la sostenibilidad de los sistemas locales y la capacidad de los gobiernos para que se presten los servicios públicos.
Con esta decisión, el Acueducto deja de recibir casi 2.000 millones de pesos. Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO
Desde la asociación advirtieron que, después de revisar técnica y jurídicamente los nuevos proyectos de marcos tarifarios, las finanzas de las empresas que prestan los servicios y de los gobiernos locales que los financieros o regulan estarían en riesgo.
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Por ello, le ssolicitaron a la CRA realizar un análisis para estudiar y medir con cifras cómo las nuevas tarifas afectarían la economía de las empresas, los usuarios y las finanzas públicas.
También le pidieron crear un mecanismo permanente de diálogo entre la CRA, los municipios y sus asociaciones para que los gobiernos locales puedan participar activamente en la elaboración de las normas que los afectan.
Además, solicitaron a la Comisión publicar los modelos y bases de datos para que haya transparencia sobre cómo se calcularon las tarifas propuestas y todos puedan revisarlas.
TATIANA MORENO QUINTERO
REDACCIÓN BOGOTÁ
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