Colombia
“Intrigas y Conflictos: La Sombra de Funcionarios y Notarios en el Saqueo de Espacios Públicos”
Un estudio liderado durante más de doce meses por el grupo anti-corrupción de la dijín y la fiscalía general de la nación logró desmantelar una red delictiva dedicada al Robo de Tierras en los municipios de Soledad y Barranquilla en el departamento del Atlántico.
Las denuncias ciudadanas y las alertas provenientes de diversas instituciones estatales fueron el origen de una operación que hoy ha colocado a 17 personas tras las rejas, entre las que se encuentran registradores, notarios, inspectores, abogados y particulares.
Los investigadores constataron que esta estructura criminal operaba en al menos cuatro frentes esenciales: Registro, Jurídico, Notarial y Policía, coordinando esfuerzos para la legalización de predios baldíos, áreas en litigio o terrenos de uso público como si fueran propiedades privadas. Posteriormente, estos lotes eran revalorizados y vendidos, generando un beneficio ilícito que podría superar los 16 billones de pesos, según estimaciones preliminares.
Los roles de los involucrados en esta maquinaria delictiva:
Iván Carlos Páez, Registro de Instrumentos Públicos en Soledad, fue fundamental en el frente registral. Según las autoridades, facilitaba el registro y revalorización irregular de terrenos, así como desbloqueaba resoluciones que impedían la comercialización de predios con antecedentes jurídicos.
Juan Manuel Ucrós y David de Castro Macías, ambos ex registradores, replicaban este patrón en otras regiones, facilitando la inscripción de inmuebles sin cumplir con los requisitos legales estipulados.
José Luis Pacheco, calificador en la Oficina de Registro de Soledad, ignoraba deliberadamente la revisión de documentos y el cumplimiento de obligaciones tributarias antes de permitir el registro, allanando así el camino para la legalización de propiedades fraudulentas.
En el ámbito policial, Neisy Esther Cantillo, conocida como alias ‘la doctora’, desde su posición como inspectora de Policía, emitía órdenes policiales para legitimar ocupaciones ilegales. Un papel similar desempeñaba Marlon José Mora, inspector en Cereté, quien tramitaba denuncias amañadas para entregar terrenos a los miembros de la red.
En el área notarial, Francisco María Mejía, notario único de Santo Tomás, y Ana Dolores Meza, notaria segunda de Barranquilla, protocolizaban escrituras con documentos falsos o incompletos, sin exigir revisión catastral ni tributaria, facilitando así la venta fraudulenta de predios.
Por su parte, Andrés Díaz Granados, funcionario de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Soledad validaba actos administrativos para dar un barniz de legalidad a la ocupación de los terrenos.
A estos se suman ocho particulares: Luis Miguel Martínez, Ismael Cárcamo Albarino, Inés Aminta Salas, Alex Manuel Ahumada, Wilmar Machuca Caicedo, José Luis Márquez, Roque José Lugo y otro más no identificado, quienes, según la Fiscalía, se encargaban de contactar compradores, falsificar documentos, ejercer presión sobre funcionarios y mover las piezas necesarias para cerrar los negocios ilegales.
El rol de ‘Negrito’ Rubí: poder político al servicio del despojo
Las autoridades tardaron más de un año en la investigación que permitió la captura de 17 personas. Imagen:Política
Uno de los individuos que ha captado más el interés es Lias Enrique Rubí, conocido como Negrito, un político influyente en Soledad que ha desempeñado cargos electivos y posee poder en la gestión pública del municipio. Aunque su arresto todavía no se ha concretado, su nombre aparece en diversas declaraciones como un supuesto articulador político del esquema.
Rubí habría actuado como el vínculo entre un funcionario corrupto y estructuras privadas. Según los investigadores, aprovechaba su poder para facilitar el nombramiento de inspectores y registradores que colaboraban en la ejecución del fraude. Además, intervenía ante las dependencias municipales para garantizar que los terrenos quedaran fuera del alcance de fiscalización o fueran incluidos en planes de ordenamiento con el fin de aumentar su valor artificialmente.
Asimismo, se le relaciona con la desviación de terrenos destinados a megainfraestructuras educativas, como los denominados megacolegios. Según la fiscalía, al menos tres proyectos de megacolegios en Soledad fueron suspendidos o nunca se llevaron a cabo porque los terrenos planificados fueron ilegítimamente apoderados por la red criminal.
En su lugar, los terrenos se vendieron a terceros o se utilizaron como garantía para préstamos y contratos privados, impactando directamente a más de 3.000 estudiantes de escasos recursos.
Yid PeñaComandante de la Regional Ocho de la Policía Nacional
CÓMO FUNCIONABA LA RED: Un Despojo Sistemático
La policía presentó detalles de la operación que permitió desarticular la red de invasores de terrenos. Imagen:Política
El modus operandi era minucioso: primero identificaban terrenos vacantes o con problemas de titularidad (muchos de ellos destinados a obras públicas o en proceso de restitución). Luego, un inspector de la ONU expedía un amparo policivo a favor de algún “poseedor” ficticio. Con este documento, un notario protocolizaba la supuesta propiedad, y el registrador, sin realizar una verificación real, inscribía el título en el folio de matrícula inmobiliaria. Todo quedaba “legalizado”.
Una vez que el terreno aparecía en los registros como propiedad privada, lo reloteaban y vendían rápidamente a empresas de fachada o particulares, algunos de los cuales actuaban de buena fe, pero la mayoría formaba parte del esquema.
El área total comprometida supera los 277.000 metros cuadrados, afectando parques, centros de desarrollo infantil, vías proyectadas y espacios reservados para la expansión. El daño no es solo patrimonial, sino social, pues los territorios robados están destinados a satisfacer necesidades esenciales de miles de habitantes.
Martillo la fiscalía sigue investigando si hay más funcionarios involucrados. Mientras tanto, la comunidad espera que los proyectos interrumpidos puedan ser recuperados y que el estado logre revertir el daño causado por esta red que convirtió la tierra pública en una fuente de enriquecimiento ilícito.
Video que puede ver aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=QRYNOH2HCAC[/embed>
