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La indignación nacional por el asesinato de Shelsy Navarro Ojedala niña de tres años encontrada muerta en Mingueo, La Guajira, no derivada en justicia institucional. Derivó en un castigo público atroz.
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En menos de dos horas, la violencia cambió de víctima: el adolescente de 14 años señalado por la comunidad como responsable fue torturado, mutilado y decapitado.
Según versiones conocidas por las autoridades y documentadas por defensores de derechos humanos, la orden no fue espontánea ni producto exclusivo de la ira colectiva, sino una decisión tomada desde la cúpula de un grupo armado con control territorial en la región.
El nombre que aparece es el de Nain Pérez Toncelalias El Bendito Menor, señalado como cabecilla de un bloque de más de 200 hombres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
El castigo anunciado en redes sociales.
Antes de que el crimen se consumara, el mensaje ya había sido enviado. Desde su cuenta de Facebook, alias El Bendito Menor publicó videos y mensajes en los que exhibía al adolescente retenido por la comunidad.
“Gracias a la rápida reacción de mis perros, mis hijos. Ya ellos saben qué hacer. con el cerdo ese”, escribió.
En sus redes sociales anunciaron lo que pasaría con el joven retenido por la comunidad. Foto:redes sociales
Horas después, la imagen de la cabeza del joven colgada de un árbol circuló como un trofeo. No fue una advertencia velada. Fue una demostración de poder específica.
Para defensores de derechos humanos, la exhibición del crimen en redes no fue un exceso, sino una estrategia deliberada de control y terror.
“No fue justicia popular, fue ley criminal”
La defensora de los derechos humanos. Norma Vera Salazar es enfática y señala que lo ocurrido en Mingueo no puede entenderse como un simple linchamiento. “Esto no fue un arrebato colectivo ni una reacción espontánea. Fue la aplicación de la ley criminal de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra”, afirmó.
Según Vera, el adolescente pasó por dos fases de violencia: primero, la agresión de la comunidad; luego, la entrega al grupo armado que controla el territorio.
Lo ocurrido en Mingueo ha conmocionado emocionalmente a la comunidad. Foto:redes sociales
“Fue golpeado por la comunidad y después entregado al grupo armado que opera bajo una gobernanza criminal. Allí fue sometido a tortura, mutilación y degollamiento, sin juicio y sin que mediara culpabilidad comprobada”, explicó.
El lapso entre ambos momentos fue de aproximadamente dos horas. En ese tiempo, no hubo presencia efectiva de la Policía ni de la Fiscalía.
Tortura, confesiones forzadas y ausencia de verdad.
Vera advierte que cualquier confesión obtenida bajo ese nivel de violencia carece de valor. “Cualquier persona sometida a tortura extrema va a terminar diciendo lo que el grupo armado ordena. Eso no es justicia ni verdad. Eso es terror”, señaló.
La consecuencia, dice, es devastadora: probablemente nunca se sabrá quién mató a la niña Shelsy. “Este crimen puede quedar en la impunidad absoluta. No hubo investigación seria, no hubo judicialización, no hubo autoridad legítimamente activa”, agregó.
Nain Pérez, alias El Bendito Menor, habría dado la orden de ejecutar al joven señalado del crimen. Foto:redes sociales
El caso dejó al descubierto un fenómeno más profundo: autoridad criminal. Según Norma Vera, en varios municipios de La Guajira y la Sierra Nevada son los grupos armados quienes imponen normas, castigos y control social.
“No se mueve una aguja sin la orden de este grupo. Patrullan, deciden, castigan. La autoridad legítima dejó de gobernar hace mucho tiempo”, aseguró. Ese control explica, según la defensora, por qué nadie impidió que el menor fuera subido a una moto, trasladado a la sierra y ejecutado públicamente.
El beneficio judicial y la exhibición del poder
Uno de los aspectos más polémicos del caso es la situación jurídica de alias El Bendito Menor. De acuerdo con Vera, cuenta con levantamiento de órdenes de captura, otorgado por el Gobierno en el marco de procesos exploratorios de sometimiento a la justicia. “Eso le ha permitido moverse libremente por La Guajira y Magdalena, exhibir lujos en redes sociales y, al mismo tiempo, exhibir crímenes como este”, denunció.
En Mingueo se realizó una velatón para despedir a la niña asesinada. Foto:redes sociales
Para la defensora, el mensaje es de impunidad, burla institucional y dominio armado. Aunque reconoce el dolor colectivo por la muerte de la niña, Norma Vera rechaza de forma tajante cualquier justificación del castigo impuesto al adolescente. “Nunca una muerte puede justificar otra. Ambos hechos son repudiables. La autoridad es la única que debe investigar, juzgar y sancionar”, afirmó.
Lo ocurrido en Mingueo, resume prácticas de ilegales que han tenido presencia histórica en la región, ahora amplificadas por las redes sociales. “Hoy el mensaje se transmite en vivo: aquí manda la autoridad ilegalaquí la justicia es penal”, concluye.
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Mientras las autoridades insisten en que todo es materia de investigacionlas imágenes ya circularon, el mensaje fue enviado y el miedo se instaló. Dos muertes y un territorio sometido por un grupo armado que impone su ley penal.
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Por Roger Urieles, para EL TIEMPO, Santa Marta. En X @rogeruv
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