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Una decisión de la Corte Suprema el mes pasado que limitó el uso de medidas cautelares a nivel nacional parecia allanar el camino para que el presidente Donald Trump comenzara a aplicar este domingo su plan para poner fin a la ciudadanía por nacimiento este domingo. Pero los tribunales inferiores lo frenaron.
El presidente podría haber comenzado a aplicar la orden si estos tribunales inferiores hubieran modificado significativamente una serie de medidas cautelares antes de que venciera el plazo de 30 días otorgado por los jueces. Pero eso no ocurrió. De hecho, los jueces de tribunales inferiores tomaron una dirección distinta e impidieron que el decreto de Trump para terminar con la ciudadanía por nacimiento entre en vigor ahora —y posiblemente nunca— mediante tres nuevos fallos adversos. Y podrían venir más decisiones judiciales en contra del Gobierno.
A principios de este mes, un juez federal en New Hampshire bloqueó la orden de Trump a nivel nacional a través de una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Este tipo de demandas son una de las formas en que la Corte Suprema sugirió que los demandantes podrían intentar frenar la aplicación de la política para quienes se verían afectados por ella.
El Departamento de Justicia no ha apelado ese fallo del juez de distrito de EE. UU. Joseph LaPlante, quien fue nombrado por el expresidente George W. Bush.
El Gobierno sufrió otro revés la semana pasada, luego de que un tribunal federal de apelaciones decidiera que una medida cautelar a nivel nacional emitida por un juez en Seattle a principios de este año contra la orden de Trump no representaba un exceso judicial que debía limitarse a la luz del fallo de la Corte Suprema.
La Corte Suprema ordenó a los tribunales inferiores que emitieron o mantuvieron intactas medidas cautelares amplias que reconsideraran esos fallos para determinar si cumplían con la decisión de los jueces de que tales medidas pueden no ser necesarias para proporcionar a los litigantes el “alivio completo” que buscan.
“Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden cautelar universal para dar a los estados un alivio completo”, dijo el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU. en una decisión de 2-1 en un caso presentado por varios estados liderados por demócratas contra la orden de Trump.
El Gobierno aún no ha apelado ese fallo. La decisión del 9º Circuito podría llevar pronto el tema de la ciudadanía por nacimiento nuevamente ante la Corte Suprema, ya que el tribunal de apelaciones también revisó los méritos del decreto y concluyó que era inconstitucional. La decisión de la Corte Suprema del 27 de junio no abordó la legalidad de la política, solo el uso de medidas cautelares a nivel nacional.
Otro golpe llegó el viernes, cuando el juez de distrito de EE.UU. Leo Sorokin determinó que su medida cautelar previa a nivel nacional contra la política de ciudadanía por nacimiento no podía reducirse de una manera que “protegiera de manera factible y adecuada” contra los daños que más de una docena de fiscales generales estatales demócratas, el Distrito de Columbia y varias ciudades dijeron que enfrentarían si la política se aplicara, incluso parcialmente.
En ese fallo, Sorokin, un designado del expresidente Barack Obama que ocupa un cargo en el tribunal federal de Boston, reiteró su conclusión de que la orden de Trump “es inconstitucional y contraria a una ley federal”.
No está claro si, en ausencia de esos tres fallos de este mes, la política podría haber entrado en vigor este fin de semana. En los tribunales, los abogados del Gobierno han evitado proporcionar detalles específicos sobre lo que ocurriría una vez que se levante la pausa de 30 días de la Corte Suprema.
“Es una situación inusual lo que hizo la Corte Suprema”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, a Sorokin a principios de este mes.
Es posible que Trump nunca logre implementar por completo su orden. Todos los tribunales inferiores en Estados Unidos que han examinado la política la han declarado inconstitucional.
Firmada por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGER EL SIGNIFICADO Y EL VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, establece que el gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense” a ningún niño nacido en suelo estadounidense cuyos padres estuvieran en el país ilegalmente, o de manera legal, pero de forma temporal.
Pero los tribunales han concluido de manera contundente que la política de Trump viola la Enmienda 14 de la Constitución, el fallo de la Corte Suprema de 1898 conocido como United States v. Wong Kim Ark y años de práctica de presidentes anteriores.
Si el Gobierno decide apelar en los casos que impugnan el decreto no es un asunto menor: los expertos legales han dicho desde hace tiempo que la decisión del gobierno de llevar el tema a la Corte Suprema solo sobre la cuestión técnica de si los tribunales se excedieron al bloquear su política a nivel nacional representaba un intento estratégico de debilitar el poder de los tribunales inferiores frente a la gran cantidad de litigios sobre las acciones de Trump.
“El Gobierno de Trump fue muy deliberado y estratégico en su decisión de acudir a la Corte Suprema con la pregunta de qué remedio pueden obtener las personas cuando impugnan acciones ejecutivas, en lugar de sobre los méritos de este decreto en particular”, dijo Jessica Levinson, profesora de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de Loyola.
Podrían avecinarse más fallos adversos contra el decreto de ciudadanía por nacimiento de Trump.
Una jueza federal en Maryland, Deborah Boardman, quien ya bloqueó la orden de Trump a nivel nacional, dijo a principios de este mes que estaba preparada para hacerlo de nuevo después de que los demandantes en ese caso presentaran nuevamente la demanda como una acción colectiva.
Pero primero, un tribunal de apelaciones con sede en Richmond, Virginia, tendría que devolverle el caso.
Mientras tanto, la Corte Suprema permitió al Gobierno elaborar una guía sobre cómo el gobierno federal aplicaría la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, pero no han surgido detalles sobre cómo se vería esa guía.
“Las agencias están trabajando ahora mismo en una guía pública para explicar cómo se implementará el decreto del presidente”, dijo Hamilton a Sorokin el mes pasado, en respuesta a la pregunta del juez sobre lo que se ha hecho a puertas cerradas.
