“Red de Empresarios Colombianos: Piqueteaderos y Empresas como Fachadas para un Traficante de Cocaína Buscado por la DEA y el FBI”

Jorge Hernán González Ortiz, de 50 años, y Carlos Andrés Aldana Gil, de 43, dos emprendedores colombianos, admitieron su culpabilidad por conspirar para exportar cocaína a Estados Unidos, después de un operativo conjunto entre las autoridades colombianas y norteamericanas.

Entre 2016 y 2023, González Ortiz, líder de la organización, organizó una red delictiva que empleaba vuelos comerciales para trasladar grandes cantidades de cocaína.

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Los envíos salían del aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Cali, Colombia, donde la droga era oculta en cajas de frutas. Posteriormente, los cargamentos eran dirigidos al aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla en San Andrés, desde donde se enviaban en barco a Nicaragua o Honduras. Más tarde, la cocaína continuaba su trayecto hacia México y, finalmente, arribaba a EE.UU.

De acuerdo con el documento emitido por la Oficina de Justicia de Estados Unidos, entre 2016 y 2023, la red consiguió introducir cocaína en al menos 27 vuelos comerciales, acumulando un total de 43.000 kilogramos (94.798 libras) de droga. La operación se sostenía gracias a la corrupción de policías en Colombia, quienes facilitaban la descarga de la droga y su traslado hacia embarcaciones para su envío a otros países.

Aldana Gil, quien era responsable de la logística entre 2021 y 2023, desempeñó un papel fundamental al coordinar el traslado de la droga, pagar sobornos a un supervisor de seguridad para desactivar las cámaras de vigilancia en el aeropuerto y manipular los manifiestos de carga. Además, se encargaba de contratar a las personas que cargaban la cocaína en las aeronaves.

La red fue detenida en julio de 2023, cuando las autoridades colombianas confiscaron uno de los cargamentos de cocaína en San Andrés, lo que permitió desmantelar parte de la operación. Los dos imputados se enfrentan ahora a una posible condena de cadena perpetua en prisión federal, aunque aún no se ha determinado una fecha para la sentencia.

La investigación evidenció que González Ortiz utilizaba negocios aparentemente legítimos como fachada para blanquear dinero derivado del narcotráfico. Según El Tiempo, se rastrearon dos empresas relacionadas con el empresario: una cadena de locales de comida conocida como Fritanga La Negra y una compañía de espectáculos.

El primer local de comida fue inaugurado en 2019 con un capital inicial de 30 millones de pesos colombianos (alrededor de 7.500 dólares estadounidenses).

Según el medio mencionado, en solo cinco años, los ingresos de la cadena superaron los 1.500 millones de pesos (aproximadamente 375.000 dólares). Sin embargo, un socio de González Ortiz afirmó al medio que el negocio tiene más de 40 años de trayectoria y que no está vinculado a las actividades ilícitas del empresario.

En lo que respecta a la compañía de espectáculos,esta fue establecida en 2022 en colaboración con un conocido. De acuerdo con el colaborador, la empresa se declaró en quiebra el año anterior tras las revelaciones sobre González Ortiz.

González Ortiz, quien carecía de antecedentes delictivos en Colombia, llevaba una vida silenciosa a pesar de su implicación en actividades ilegales. Según El Tiempo, su función como organizador de eventos y dueño de establecimientos de comida le permitió integrarse en la comunidad caleña sin generar sospechas.

Por otro lado, Aldana Gil, aunque menos notoria públicamente, jugaba un rol fundamental en la logística del narcotráfico. Su habilidad para gestionar el transporte y asegurar la protección de los envíos fue crucial para el éxito de la operación.

La misión particular de la Fuerza de Tarea de Ejecución de Crímenes Organizados y Narcotráfico (Ocdetf) consiste en interrumpir y desmantelar a las Organizaciones Criminales Transnacionales implicadas en el tráfico de drogas a gran escala, el blanqueo de capitales y actividades conexas, tal como lo realizaron con la organización colombiana.

La Fuerza de Tarea Ocdetf está conformada por agentes y oficiales del Servicio de Investigaciones de la Guardia Costera (Uscg), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y la acusación está siendo liderada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

El fiscal estadounidense Roger B. Handberg subrayó la envergadura de esta operación, enfatizando que la red encabezada por González Ortiz y Aldana Gil consiguió movilizar enormes volúmenes de cocaína durante casi una década.