Empresas de licores de Colombia rechazan aumento en impuestos

Bogotá, 21 de octubre de 2025. Las principales empresas de licores nacionales e internacionales de Colombia emitieron una declaración conjunta en la que rechazan el incremento de hasta el 40% en la carga fiscal para bebidas alcohólicas contemplado en la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional. El comunicado, firmado por entidades como la Fábrica de Licores de Antioquia, Industria Licorera de Caldas, Diageo, Pernod Ricard y la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (ACIL), advierte que la medida podría impulsar el mercado ilícito y afectar el empleo y la recaudación fiscal, en un sector que contribuye con el 1,5% del PIB nacional y genera más de 200.000 puestos de trabajo.

La declaración, dirigida al Gobierno Nacional, el Congreso de la República y la opinión pública, prioriza tres ejes: el empleo como fuente de dignidad, la legalidad como motor de progreso y la idiosincrasia cultural colombiana. Las firmantes argumentan que tradiciones como el brindis con aguardiente, ron o whisky no solo forman parte de la identidad nacional, sino que sostienen una cadena productiva que abarca desde la agricultura hasta el turismo y la hostelería.

El sector licorero aporta anualmente 3,9 billones de pesos a la hacienda pública, recursos que financian directamente el salario de 232.140 maestros y enfermeras en todo el país, según datos incluidos en el comunicado. Las empresas enfatizan su compromiso con el consumo responsable de alcohol, promovido mediante alianzas público-privadas, pero cuestionan la efectividad de la tributación selectiva para fines de salud pública.

Argumentos contra la reforma: Riesgo de mercado ilícito y penalización de la legalidad

El documento detalla tres impactos principales de la propuesta:

• Desvío al mercado ilícito: Históricamente, encarecer el licor legal no reduce el consumo, sino que lo redirige hacia productos irregulares. Actualmente, el 22,4% del alcohol consumido en Colombia es ilegal; con el aumento propuesto, esta cifra podría escalar al 50%, según estudios citados en la declaración, incrementando riesgos para la salud del consumidor.
• Selectividad tributaria: La carga diferenciada solo sobre licores destilados excluye gran parte del mercado de alcohol, penalizando al sector formal sin lograr el objetivo de reducción general del consumo. Las firmantes sostienen que esta asimetría «castiga directamente la legalidad».
• Efectos en salud y educación: La industria se presenta como «socio fiscal estratégico», y el recorte en aportes podría comprometer financiamiento para servicios públicos esenciales, afectando indirectamente la salud y la educación departamental.

Las empresas de licores departamentales firmantes incluyen la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia EICE, Industria Licorera de Caldas, Empresa de Licores de Cundinamarca, Industria de Licores del Valle, Fábrica de Licores del Tolima, Nueva Licorera de Boyacá, Industria Licorera del Cauca, Unidad de Licores del Meta y Aguardiente Nariño. En el ámbito internacional, adhieren Diageo, Pernod Ricard, Brown Forman y Global Wine and Spirits, junto con ACIL y Prolicores.

Contexto de la reforma tributaria y el sector licorero

La reforma tributaria, presentada por el Ministerio de Hacienda el 15 de octubre de 2025, busca recaudar 12 billones de pesos adicionales en 2026 para financiar el presupuesto nacional, incluyendo incrementos en IVA y gravámenes selectivos. El sector de bebidas alcohólicas, que genera 200.000 empleos directos e indirectos –desde productores agrícolas hasta bares y eventos culturales–, representa un foco de controversia por su peso cultural y económico.

En 2024, el sector contribuyó con 3,9 billones de pesos en impuestos, equivalentes al 2,5% de la recaudación total, según la DIAN. La declaración conjunta se produce en un momento de debate legislativo, con audiencias públicas programadas para noviembre en el Congreso. Las firmantes reiteran su apoyo a políticas de consumo responsable, pero advierten que la tributación desproporcionada podría erosionar la base formal del mercado.

El comunicado autoriza su reproducción y difusión, y concluye enfatizando que «hablar de impuestos al licor es hablar de salud pública, de empleo, de cultura y de responsabilidad ciudadana». No se detallan acciones adicionales, pero fuentes cercanas indican que las empresas podrían presentar contrapropuestas en foros parlamentarios.

El sector licorero, regulado por la Ley 160 de 1994 y la Resolución 604 de 2017 del Ministerio de Salud, ha invertido 500.000 millones de pesos en campañas de consumo responsable desde 2020, en alianza con el Gobierno.