¿En qué ha avanzado la política pública de actividades sexuales pagas en Bogotá?

La Política Pública de Actividades Sexuales Pagadas es la única de su clase en el país. Se trata de una iniciativa que busca garantizar los derechos de las personas que realizan esta actividad y visibilizar las acciones para prevenir, controlar y sancionar las violencias y los delitos sexuales. Tras cinco años de estar vigente, alcanza un 70,35 por ciento de avance.

Se comenzó su implementación en 2020 y tiene un período de ejecución hasta 2029. La política pública abarca las actividades sexuales en contextos de prostitución en establecimientos y en calles. Es decir, no incluye servicios de webcam, líneas telefónicas eróticas, servicios de acompañantes ni agencias escort.

¿Por qué fue necesario hacer la política pública en Bogotá? La Secretaría de la Mujer aseguró que, en la caracterización más reciente frente a la prostitución en calle y en establecimiento, el 42 por ciento ha sufrido algún tipo de violencialo que además muestra que en el caso de mujeres lesbianas y bisexuales el 53,8 por ciento afirmó haber sido víctima.

El panorama, según esta cartera, es que el 88,2 por ciento son mujeres, el 10,4 por ciento son hombres y el 0,34 por ciento son personas intersexuales, lo que también ha visto una transformación a través de los años.

En un inicio, apenas se formuló la política, se tomó como línea la caracterización realizada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género que el 96,5 por ciento mujeres; el 1,8 por ciento mujeres trans y los hombres y hombres trans aparecen en proporciones mucho menores.

De acuerdo con la Secretaría de la Mujer, para la implementación de la iniciativa se articularon 14 sectores distritales en 73 acciones orientadas al reconocimiento, la atención integral y la participación de los ciudadanos que realizan estas actividades.

Con la iniciativa se buscaba dar acceso a servicios estables de salud, educación y vivienda, seguridad social, redes de apoyo y reconocimiento de particularidades.

También, se planeaba que se garantizara la seguridad humana con acceso a la justicia, igualdad, protección frente a la violencia y persecución, y tener capacidades y recursos, además de crear y articular instancias, presupuestos y programas que lideraran y sostuvieran la garantía de derechos.

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En estos años, con corte a junio de este año, se reportaron 20.521 servicios jurídicos, 9.581 intervenciones sociales y 13.339 atenciones psicosociales de la Secretaría de la Mujer, 38.437 atenciones en salud integral y 14.982 tamizajes y asesorías del sector Salud y 155 emprendimientos productivos fortalecidos por el sector Desarrollo Económico.

Además358 personas trans recibieron acompañamiento en procesos de cambio de nombre y sexo en su documento de identidad.

“En estos cinco años hemos consolidado una apuesta conjunta como ciudad, poniendo en el centro la garantía de los derechos humanos de las mujeres que realizan actividades sexuales pagadas. El reto sigue siendo transformar los estereotipos y las barreras que aún limitan sus oportunidades y su pleno ejercicio de ciudadanía”, señalóvonne Rico Vargas, subsecretaria de Derechos y Diseño de Política de la Secretaría Distrital de la Mujer.

Para el desarrollo de esa política, según lo muestra el Conpes del Consejo Distrital de Política Económica y Social del Distrito Capital, en un documento de 156 páginas, el presupuesto es de 95.957.803.714 pesos, un valor que se aclara es estimado al cumplimiento de los objetivos de la misma y no compromete vigencias futuras. Además, este es un plan que tiene la posibilidad de reajustarse por variaciones presupuestales, cambios de administración o incorporación de nuevos actores.

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Los encargados de llevar a cabo esta política y ejecutarla son la Secretaría de la Mujer, quien la lidera, con la corresponsabilidad de las secretarías de Ambiente, Cultura, Desarrollo Económico, Gobierno, Hábitat, Hacienda, Integración Social, Planeación, Salud, Seguridad, Justicia, Movilidad, Educación y Jurídica.

La política todavía tiene cuatro años para ejecutarse en su totalidad, lo que la convierte en una política que abarca tres administraciones distintas en Bogotá, con el objetivo de llevarse a cabalidad y cumplir con la garantía de estos derechos, así como proteger a los ciudadanos. que realizan actividades sexuales pagadas en la capital.

TATIANA MORENO QUINTERO

REDACCIÓN BOGOTÁ