Desentrañando el Futuro: ¿Puede Colombia Garantizar la Sostenibilidad del Financiamiento Educativo?

El acceso a la educación superior en Colombia ha representado una de las prioridades del avance social y económico del país. Sin embargo, la viabilidad de su financiamiento continúa siendo un desafío que inquieta a especialistas, académicos y a los mismos alumnos.

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De acuerdo a un reciente reporte de Fedesarrollo y la Fundación Empresarios por la Educación, el sistema actual presenta carencias que impactan tanto a las universidades públicas como a las instituciones tecnológicas y técnicas, así como a las privadas.

La educación superior en Colombia se financia mediante dos principales mecanismos: los subsidios a la oferta y los subsidios a la demanda. Los primeros implican transferencias del gobierno a las instituciones de educación superior (IES), mientras que los segundos incluyen préstamos educativos y subsidios de soporte para los estudiantes.

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Sin embargo, el informe señala que la financiación estatal no ha crecido de forma equivalente al incremento de la matrícula estudiantil. “Mientras el crecimiento de la población atendida por las IES públicas entre 2000 y 2022 fue del 169%, la base presupuestal constituida por los aportes de la Nación para su funcionamiento solo se incrementó en un 52%”, indica el documento.

Esta desigualdad ha llevado a que las universidades públicas busquen fuentes alternativas de financiamiento. Actualmente, aproximadamente el 48% de los recursos necesarios para su operación provienen de fuentes distintas a las transferencias gubernamentales, lo cual representa una presión adicional sobre las instituciones, que deben recurrir a matrículas, venta de servicios y convenios. “El Sistema de Universidades Estatales estima una deuda histórica acumulada de más de $18,2 billones”, menciona el informe.

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El gobierno ha respondido con asignaciones extraordinarias de presupuesto, especialmente tras las manifestaciones estudiantiles de 2018. En 2024, se asignó un presupuesto histórico de $70 billones para el sector educativo. Sin embargo, los expertos advierten que el problema no se limita solo a las cifras, sino a la estructura de asignación.

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“El modelo actual de financiación resalta la inequidad en

la distribución de recursos, teniendo en cuenta que se basan en el comportamiento histórico y no representan el crecimiento diferencial entre regiones e instituciones”, comentan.

Por otro lado, otro aspecto crucial es la cobertura. Aunque la educación superior ha experimentado un crecimiento en los últimos veinte años, Colombia continúa por debajo del promedio de la Ocde en términos de acceso. La cobertura bruta nacional se sitúa en el 55,3%, muy inferior al 75,1% de la Organización. Adicionalmente, las disparidades regionales son evidentes, ya que mientras que en Bogotá la tasa de cobertura excede el 100%, en departamentos como La Guajira y Amazonas no alcanza el 10%.

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La permanencia en la educación superior también representa un desafío, según el documento de las entidades. La deserción en las instituciones públicas es del 13,3% en estratos bajos, en comparación con un 7,1% en estratos altos. Los costos de matrícula, el bajo nivel académico de algunos estudiantes que egresan de la educación media y la falta de apoyo financiero son factores clave en esta problemática. “Aproximadamente uno de cada tres estudiantes que ingresan al sistema de educación superior en Colombia no finalizan sus estudios”, subrayan.

Financiamiento de la educación

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Sistema General de Participaciones

Es importante señalar que la financiación de la educación en Colombia ha sido históricamente un asunto de discusión, ajuste y reforma. A pesar de que el Sistema General de Participaciones (SGP) ha asegurado una cobertura casi universal en educación básica y secundaria, su influencia en la calidad del sistema educativo sigue siendo objeto de cuestionamiento.

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La reciente reforma al SGP, aprobada en diciembre de 2024, promete un incremento significativo en los recursos, pero aún persisten interrogantes sobre su ejecución y sostenibilidad fiscal. Pues es el mecanismo mediante el cual el gobierno transfiere recursos a las entidades territoriales para financiar la educación, la salud y el saneamiento básico.

No obstante, su estructura actual limita la autonomía de los territorios para invertir en mejoras de calidad. De acuerdo con el informe de Fedesarrollo, el 98% de los recursos educativos del SGP se destinan a la prestación del servicio, es decir, al pago de nómina de docentes y administrativos. Solo el 2% se utiliza en calidad y gratuidad, lo que deja poco margen para inversiones en infraestructura, dotación y formación docente.

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Financiamiento de la educación

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“El sistema educativo debería proporcionar espacio financiero para que tanto las entidades territoriales como los establecimientos educativos realicen inversiones fundamentales para la mejora constante“, señala el documento. Aun así, la realidad evidencia que los recursos carecen de una asignación flexible, lo que restringe la capacidad de actuación de los gobiernos locales.

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Cabe destacar que, de acuerdo con las entidades, el Acto Legislativo 018 de 2024 modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, incrementando los recursos transferidos a los territorios del 20% al 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) para 2035.

Teóricamente, este aumento permitirá reforzar sectores clave como la educación, garantizando la financiación de tres años de educación preescolar, nueve de básica, dos de media y hasta dos años de educación superior pública.

“La reforma contempla una adición de $172,7 billones en las transferencias del SGP a las regiones entre 2026 y 2034“, manifiesta el estudio. Para el ámbito educativo, esto traduciría en un aumento de $101 billones en comparación con el escenario sin reforma. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda proyecta que, para cumplir con estas obligaciones, el país necesitaría al menos nueve reformas tributarias que generen $16,1 billones cada una, lo que crea incertidumbre sobre la viabilidad de la propuesta.

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Financiamiento de la educación

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El desafío del financiamiento

A pesar de los intentos del gobierno y del aumento del presupuesto educativo, las universidades públicas afrontan un déficit histórico que pone en riesgo su viabilidad. Según el informe, el Sistema de Universidades Estatales (SUE) estima, considerando únicamente recursos que generan base presupuestal, una deuda histórica acumulada superior a $18,2 billones.

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Por otro lado, los subsidios a la demanda están constituido por créditos educativos del Icetex y programas de apoyo para la permanencia de los alumnos en el sistema. Sin embargo, esta estrategia también ha sido objeto de críticas. “Para seguir siendo una opción relevante de acceso, el Icetex debería modificar tanto su mecanismo de financiación como la forma de los créditos, que al estar estructurados financieramente asignan todo el riesgo al estudiante”, alertan.

Un desafío adicional es la deserción estudiantil, un problema estrechamente vinculado con la falta de apoyo financiero. “Del total de graduados de bachillerato de estrato 1, solo el 22% accede a educación superior“, lo que pone de manifiesto que las barreras económicas continúan representando un obstáculo considerable.

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Ante esta situación, el gobierno ha impulsado estrategias como la gratuidad en las universidades públicas. No obstante, esta medida es insuficiente sin un financiamiento sostenible a largo plazo. Según los expertos, “la política de acceso del presente gobierno se ha enfocado en buscar la gratuidad universal en el sistema de educación superior oficial, con esfuerzos de dudosa efectividad por incrementar su cobertura”.