El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el cierre de nueve procesos de diálogo, conversaciones sociojurídicas y zonas de ubicación temporal que habían sido establecidos durante la administración anterior. La decisión está vigente desde el 7 de agosto de 2026 y fue confirmada públicamente este 15 de septiembre de 2026, según informó la Presidencia de la República y reportó Infobae Colombia.
Los nueve procesos cerrados y las estructuras involucradas
Entre las instancias clausuradas figura la mesa con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes. También fueron terminados los diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el proceso con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
La medida abarca además los espacios de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, las organizaciones armadas de crimen de alto impacto que operan en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, y los grupos criminales activos en Quibdó y Buenaventura. Estas dos últimas ciudades han sido especialmente golpeadas por extorsiones y disputas entre estructuras ilegales.
El argumento del Gobierno: los grupos usaron las mesas para ganar tiempo
La Casa de Nariño justificó la decisión afirmando que las estructuras armadas aprovecharon los cuatro últimos años para ampliar su presencia territorial y aumentar su capacidad operativa mientras sostenían contactos con el Estado. “Para el presidente De la Espriella no habrá más espacios de diálogo utilizados para ganar tiempo, fortalecer estructuras criminales o evadir la responsabilidad ante la justicia”, señaló la Presidencia en su comunicación oficial.
El vocero del Gobierno, Miller Soto, afirmó que la nueva política parte de una condición: las estructuras que pretendan acceder a beneficios judiciales deberán abandonar la violencia y aceptar los mecanismos de la justicia. De lo contrario, enfrentarán operativos de las autoridades. El Ejecutivo también señaló que durante la administración anterior se destinaron más de 7.000 millones de pesos en honorarios para voceros, representantes y negociadores de estos procesos.
Qué significa la nueva postura en la práctica
La decisión implica un cambio de estrategia oficial frente a los grupos armados y las organizaciones criminales. Se descartan negociaciones con estructuras que mantengan actividades violentas, narcotráfico, extorsión u otras acciones ilegales. La administración presentó la medida como el cumplimiento de una promesa de campaña: De la Espriella había cuestionado los mecanismos de diálogo y los beneficios otorgados a actores armados en el gobierno anterior.
El Gobierno argumentó que esos espacios “no produjeron resultados suficientes en materia de reducción de violencia ni de desarticulación de las organizaciones ilegales”. La Casa de Nariño anunció que reforzará la protección de comunidades y el respaldo a las Fuerzas Militares y la Policía en las regiones donde operan los grupos afectados por el cierre.
Fuente: Presidencia de la República e Infobae Colombia, 15 de septiembre de 2026.