La Ley de Fronteras, que en su momento se concibió como una herramienta para aliviar las condiciones económicas de los territorios limítrofes y frenar el contrabando de combustibles, hoy muestra señales de desgaste. Así lo advirtieron los panelistas del foro sobre zonas de frontera, realizado en el marco del Congreso Nacional de Fendipetróleo – Comce, en el que participaron Julián Flórez, director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, y varios representantes del gremio, como María Eugenia Martínez, Diego Fernández y Mario Beleño.
El espacio, moderado por Raúl Fragozo Daza, presidente de la junta directiva de Fendipetróleo, dejó claro que las estaciones de servicio en Norte de Santander, La Guajira, Nariño y otras zonas limítrofes viven una situación crítica, marcada por la competencia desleal del contrabando, las distorsiones en los precios y una distribución desigual de los cupos de combustible.
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“La ley tuvo una buena intención: evitar que los combustibles baratos del otro lado acabaran con el negocio legal en Colombia. Pero hoy observamos riesgos y problemas que persisten”, reconoció Julián Flórez, del Ministerio de Minas. “Hay dificultades en la asignación de cupos, diferencias en precios con el país vecino y factores técnicos, como la mezcla del 10 por ciento de biocombustible en Colombia, que distorsionan aún más el mercado”.
Flórez invitó al gremio a adelantar, junto al Gobierno, un análisis “objetivo y con datos” para determinar los impactos reales de la Ley 191 de 1995 y sus posteriores modificaciones. Según explicó, los beneficios deben mantenerse, pero con ajustes que garanticen sostenibilidad fiscal y equilibrio en la distribución de cupos.
“Entendemos el estrés que genera a los propietarios no contar con los volúmenes suficientes. Cuando el cupo se agota al 15 o 20 del mes, no pueden comprar combustible nacional porque es más costoso, y eso abre espacio para el contrabando”, señaló.
Puede conseguir el combustible a un gran precio en Florida Foto:iStock
Un modelo que se desajustó
Desde el lado empresarial, las voces fueron aún más críticas. Mario Beleño, representante de los distribuidores del norte de Santander, aseguró que la ley “se desdibujó con los años”.
“En su momento fue una herramienta vital para las zonas de frontera. Pero hoy está golpeada por el cierre de estaciones, el contrabando de gasolina venezolana y una estructura de precios que ya no tiene sentido”, afirmó.
Beleño explicó que la estructura tarifaria actual sigue cargando costos como la ‘reconversión laboral de los pimpineros’ y el transporte por poliducto, pese a que muchas zonas no están conectadas a esta red.
“La ley 191 dice que Ecopetrol debe asumir una tarifa de compensación para los municipios sin poliducto, y eso no se cumple. A eso se suma que, cuando se acaba el cupo y llega el combustible nacional, es más caro que en el resto del país”, sostuvo.
El dirigente gremial también advirtió sobre la proliferación de combustibles ilegales: “Tenemos gasolina de contrabando a 13.000 pesos el galón mientras el precio oficial supera los 15.000. En varios municipios se vende a la vista de todos. La ley fue buena, pero se ha degradado”.
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Freno a la saturación
Otro punto de consenso fue la necesidad de revisar la metodología de asignación de cupos, que —según los empresarios— no refleja las diferencias entre departamentos ni las realidades de operación.
Diego Fernández, representante de estaciones de servicio del sur del país, sostuvo que el Gobierno debe trabajar “de la mano con las regiones”.
“Una estación con 5.000 galones asignados no puede sobrevivir, y menos si debe cumplir la misma normatividad que una de Bogotá o Medellín. Las metodologías deben reconocer las particularidades de cada frontera”, subrayó.
Precio de la gasolina. Foto:iStock
El dirigente propuso que la distribución de cupos se base no solo en la capacidad de almacenamiento, sino en las dinámicas económicas de cada municipio.
“Una zona turística requiere más combustible que una agrícola. Si no se consideran esas variables, el sistema seguirá siendo inequitativo”, advirtió.
En el cierre del debate, Mario Beleño planteó una alerta adicional: el crecimiento desmedido de estaciones de servicio, que está afectando la viabilidad del negocio.
“El problema de los cupos es que no se aumentan, se redistribuyen. Entre más estaciones haya, menos combustible le toca a cada una. En el norte de Santander pasamos de 42 estaciones en 1999 a más de 170. Eso es una saturación evidente”, dijo.
Pidió al Ministerio de Minas declarar la saturación del mercado, una facultad que ya contempla la ley, pero que no ha sido ejercida.
“Los alcaldes no saben de este tema y siguen aprobando nuevas estaciones. El Ministerio tiene la herramienta legal para hacerlo”, enfatizó.
A su turno, María Eugenia Martínez, dirigente gremial y una de las voces más experimentadas del sector, respaldó esa petición y pidió al Ministerio asumir un papel más activo.
“No se trata solo de respetar la autonomía local, sino de garantizar la sostenibilidad del mercado. Si los municipios siguen otorgando licencias sin criterio técnico, estamos condenando a la quiebra a las estaciones existentes”, advirtió.
Martínez recordó que la Ley 2135 de 2021 y el artículo 245 del Plan Nacional de Desarrollo facultan al Ministerio de Minas para intervenir en estos casos.
“El Gobierno tiene la sartén por el mango. No podemos seguir esperando que los alcaldes, que desconocen la dinámica del sector, declaren la saturación. Se necesita decisión desde el nivel central”, dijo.
Panel estaciones de frontera Foto:Comce
Respuesta del Gobierno
El director de Hidrocarburos, Julián Flórez, reconoció que la situación exige medidas estructurales.
“Hay municipios, como San Andrés de Tumaco, con más estaciones de servicio por habitante que Bogotá o Medellín. Esa es una deformación que debemos corregir”, afirmó.
Explicó que el artículo 245 del Plan Nacional de Desarrollo faculta al Ministerio para negar registros a nuevas estaciones, incluso si cuentan con aval local, y anunció que se prepara una resolución para establecer reglas claras sobre distancia mínima y densidad poblacional.
“No queremos actuar de forma autoritaria, pero sí fijar criterios que eviten que el mercado se siga desbordando”, señaló.
Flórez también recordó que la asignación de cupos es competencia de las alcaldías, y exhortó a las autoridades locales a usar ese instrumento para fortalecer sus cadenas productivas.
“Los cupos no son propiedad de las estaciones, sino herramientas para apoyar la economía local. Si un municipio es turístico, agrícola o minero, los cupos deben orientarse a ese desarrollo”, subrayó.
El foro cerró con un llamado conjunto al diálogo entre Gobierno y sector privado para ajustar la Ley de Fronteras sin perder su propósito original: aliviar las condiciones de los territorios más vulnerables.
“Esta política debe recuperar su espíritu”, concluyó Raúl Fragozo Daza. “La frontera necesita equilibrio, legalidad y oportunidades, no más parches ni soluciones temporales”.
