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La Defensoría Distrital de Barranquilla emitió una advertencia sobre la alarmante situación del sistema penitenciario en el Atlántico, que enfrenta índices de hacinamiento que se consideran como “hiperhacinamiento” en comisarías y centros de detención temporal, además de sobrecupos en las principales prisiones de la localidad.
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Frente a esta situación, el defensor Miguel Ángel Álzate pidió la implementación urgente de brigadas legales para reducir la congestión en los centros de reclusión y asegurar condiciones mínimas de dignidad para las personas encarceladas.
De acuerdo con cifras oficiales, los establecimientos penitenciarios de Barranquilla tienen disponibles 1.916 espacios, pero albergan alrededor de 2.530 internos, lo que representa un hacinamiento que supera el 50%. La única excepción es la cárcel El Buen Pastor, destinada a mujeres, que presenta cifras aceptables con aproximadamente 120 reclusas frente a una capacidad de 130.
Miguel Alzate Salcedo, defensor de Barranquilla. Foto:Cronos
Las “brigadas legales” mencionadas son grupos formados por abogados y funcionarios del sistema judicial que se dirigen a los centros de reclusión para revisar documentos, acelerar trámites y desbloquear procesos que mantienen a personas encarceladas por períodos prolongados sin sentencia o con beneficios legales pendientes. Su meta es reducir la congestión en el sistema penitenciario. mediante la implementación de medidas como preacuerdos, libertad condicional, sustitución de sanciones y repaso de detenciones preventivas.
La Defensoría de Barranquilla plantea esta táctica como una respuesta inmediata al hacinamiento severo en prisiones y estaciones de policía donde la falta de infraestructura y la morosidad judicial han creado ‘condiciones inhumanas’. Según el defensor Miguel Ángel Álzate, estas brigadas deben ser promovidas por organismos judiciales y administrativos para asegurar derechos fundamentales y mitigar la crisis que actualmente afecta al Atlántico.
Estaciones de Policía: hacinamiento extremo
La situación más crítica se encuentra en las ocho estaciones de Policía del Distrito, que no están preparadas para alojar detenidos durante períodos prolongados. Allí, el hacinamiento excede el 1000%, con condiciones que el defensor calificó como “verdaderamente inhumanas”.
Los casos más alarmantes son:
- Estación San José: Capacidad para 12 personas, pero alberga 168 detenidos.
- Estación Simón Bolívar: Espacio para 8 personas,
- Estación Norte: Creado para 16 individuos, actualmente con 115 arrestados.
- CAI La Victoria: Capacidad para 8 personas, sin embargo, sostiene 33 privados de libertad.
Las situaciones de hacinamiento severo constituyen peligros sanitarios y de seguridad. Foto:archivo
“La crisis está agudizada en las estaciones de Policía, donde las condiciones son realmente inhumanas”, alertó Álzate. Miguel Ángel Álzate fue claro en la urgencia de medidas inmediatas:
“Desde la Personería de Barranquilla Deseamos activar el pabellón que se construyó en la penitenciaría El Bosque con 500 espacios. Esto aliviaría el sistema en nuestra localidad y solucionaría muchas de las deficiencias que hemos señalado. Asimismo, hemos solicitado que se realicen brigadas jurídicas promovidas por diferentes entidades que faciliten el desbloqueo de los procesos judiciales y administrativos”.
Estas brigadas jurídicas tendrían el propósito de revisar situaciones aptas para beneficios legales, acelerar trámites y disminuir la población en centros transitorios, donde una estancia prolongada vulnera derechos fundamentales.
Además, existe un inconveniente que no se restringe a los lugares físicos: 7.000 individuos están bajo arresto domiciliario en Barranquilla, aunque solo 10 funcionarios del INPEC están asignados para su supervisión. Estos mismos empleados deben gestionar trámites legales, notificaciones y procesos administrativos, lo que pone de manifiesto una sobrecarga operativa que afecta la eficacia del control.
La activación de brigadas jurídicas evitaría que la situación empeore. Foto:Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
La situación ilustra una problemática estructural en el incremento de la población privada de libertad, sumada a la escasez de infraestructura adecuada y la lentitud en los procesos judiciales. Mientras tanto, las estaciones de Policía y los CAI continúan siendo escenarios de hacinamiento extremo, con peligros sanitarios y de seguridad que repercuten en los detenidos y el personal policial.
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La Personería reitera que la activación del nuevo pabellón en El Bosque y la implementación de brigadas jurídicas son imprescindibles para prevenir que la situación se agrave. “Nos encontramos ante una crisis humanitaria que demanda respuestas inmediatas”, finalizó Álzate.
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