Estados Unidos intensifica detenciones migratorias en cortes de inmigración. Mira lo que le sucedió a esta cubana

Jenny, una joven cubana de 25 años que ingresó al país legalmente tras huir de la represión en la isla, salió de la Corte en Texas con un resultado favorable en su caso. Sin embargo, así y todo, ICE la detuvo.

En una investigación reciente de The Guardian, se revela una tendencia preocupante en las cortes de inmigración de Estados Unidos: migrantes que asisten a sus audiencias legales están siendo detenidos por agentes federales al salir de las salas. Uno de los casos más impactantes es el de Jenny, una joven cubana de 25 años que ingresó al país legalmente tras huir de la represión en la isla. Aunque su audiencia en Texas resultó favorable —con una nueva fecha programada para 2026— fue interceptada por agentes de ICE justo al salir de la corte, sin explicación clara ni orden judicial visible.

Según testigos, los agentes actuaron en grupo y con el rostro cubierto, lo que generó un ambiente de intimidación y desconcierto. “Ella era legal, y no les importó”, dijo su acompañante, citado por The Guardian. Desde entonces, Jenny permanece detenida, su caso ha sido reprogramado con carácter inmediato, y transferido a un juez que aprueba solicitudes de asilo en menos del 22 % de los casos.

Este tipo de arrestos no es aislado. El medio británico documentó incidentes similares en ciudades como San Antonio y Chicago. Aunque inicialmente ICE se enfocaba en personas con menos de dos años en el país —para someterlas a deportaciones aceleradas—, ahora también se está deteniendo a solicitantes de asilo con casos activos, incluso a quienes tienen vías legales para permanecer en EE. UU., como visas por ser víctimas de delitos.

Los detenidos suelen ser enviados a centros de reclusión lejanos, a menudo privados y con escaso acceso a abogados, como es el caso de Alligator Alcatraz, en la Florida, un recién inaugurado centro de detención para los inmigrantes en los Everglades, gestionado por el estado de Florida bajo poderes de emergencia y con capacidad inicial para 2 000 personas y expansión proyectada hasta 5 000.

Las denuncias sobre este centro se suceden cada semana, por no decir cada día, con abogados y organizaciones como ACLU demandando medidas cautelares contra el centro. Alegan que los detenidos son retenidos sin cargos, con audiencias canceladas y sin acceso efectivo a abogados o tribunales con jurisdicción válida. Se estima que cientos de inmigrantes, muchos sin antecedentes penales, han sido enviados a este centro remoto, que algunas voces comparan con un “campo de concentración”, por su ubicación inhóspita rodeada de fauna peligrosa como caimanes y pitones, como indica The Times.

Los testimonios de los propios detenidos describen condiciones inhumanas: presencia de gusanos en la comida, agua contaminada, falta de higiene, agotamiento térmico, negligencia médica y prohibición de prácticas religiosas básicas, destaca CBS News.

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En muchos otros casos, sus familiares pierden el rastro por días debido a retrasos en los registros públicos de ICE. Esta situación está generando un efecto paralizante en comunidades migrantes: algunos temen tanto ser arrestados que prefieren no acudir a sus audiencias, lo que, irónicamente, los pone en riesgo de ser deportados por “incomparecencia”.

Para activistas como Emily Miller, lo que está ocurriendo socava los principios básicos del debido proceso. “Ver cómo se llevan a personas obedientes, con cita legal en mano, en silencio y sin mirarlas a los ojos, rompe la idea que uno tiene de un país con leyes”, declaró al diario. El miedo, dicen los defensores, está reemplazando al derecho. Y la legalidad, a la discreción sin rostro.