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El estado crítico de las finanzas colombianas llevó al ministro de Hacienda, Germán Ávila, a abandonar su propio compromiso adquirido por ley de no gastar en exceso para asegurar la sostenibilidad fiscal y a anunciar una nueva reforma tributaria para obtener un mínimo de 19 billones de pesos para el próximo año.
Tras varios días de rumores, Ávila confirmó en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2025, realizada el viernes, que se saltará la regla fiscal, la cual actúa como límite para que el Gobierno se endeude año a año en exceso.
En Bogotá se realizó la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
Lo hará a través de una cláusula de escape de la propia norma que le permite, hasta por tres vigencias, dejar de cumplir las metas fiscales sin ser castigado por cuenta de un evento extraordinario o que comprometa la estabilidad económica del país, como ocurrió en la pandemia del covid-19 cuando se activó.
“Reconocemos que existe un escenario fiscal con complejidades y establecemos una senda de recuperación. Se trata de una decisión responsable y cuidadosa”, aseguró el ministro en rueda de prensa.
Sin embargo, los analistas aseguran que romper las metas que se establecen en la ley de la regla fiscal, que existe en Colombia desde el 2011, y así poder tener vía libre para gastar más, envía una señal preocupante de incertidumbre y elevaría el costo de endeudarse.
“Al suspenderla, sin una justificación real y extraordinaria para hacerlo, llegaremos a una pérdida de credibilidad en el manejo macroeconómico y fiscal. Por ende, habrá dificultades en el acceso a financiamiento, mayores costos de intereses de deuda y menos espacio presupuestal a inversión social”, aseguró el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
Igualmente, José Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, explicó que la activación de esta cláusula pone en riesgo la calificación crediticia, puede encarecer el financiamiento mediante tasas de interés más altas e incluso amenazar la continuidad de instrumentos clave como la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Enviará una señal preocupante de incertidumbre y debilitamiento institucional. Con una deuda neta que ya bordeó en 2024 el 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un pago de intereses que representa cerca del 5 por ciento del PIB, el país enfrentará un panorama de mayor endeudamiento, menos espacio para el gasto social y creciente presión sobre las finanzas públicas”, sostuvo.
La suspensión de la Regla Fiscal podría llevar a un aumento en el costo de la deuda pública Foto:iStock
En la misma línea, el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, aseguró que no se soluciona el problema fiscal y que pasará al próximo gobierno. “El Marco Fiscal confirma una lamentable tradición colombiana: hecha la ley, hecha la trampa. En vez de ajustar las finanzas públicas para cumplir con la Regla, el Gobierno sube el gasto en 20 billones de pesos, activa una cláusula de escape sin mucha explicación, le deja el problema al próximo gobierno y cierra con un llamado a un pacto fiscal”, sentenció.
Y es que, de prever hace unos meses que el déficit fiscal cerraría este año en 5,1 por ciento del PIB, el Gobierno proyectó el viernes que se elevará a 7,1 por ciento, es decir, el peor dato desde que se tienen registros, sin contar con la pandemia (7,8 por ciento). Después, en el 2026 sería de 6,2 por ciento, en el 2027 llegaría a 4,9 por ciento del PIB y ya en el 2028 sería de 3,1 por ciento.
Algo similar ocurre con la deuda del Gobierno, la cual la Regla establece que el nivel adecuado es de 55 por ciento del PIB y su límite peligroso de 71 por ciento. El Gobierno prevé que termine este año en 61,3 por ciento del PIB, un dato superior al 59,3 por ciento del 2024. Además, seguiría subiendo en el 2026 al 63 por ciento del PIB y en el 2027 hasta el 63,8 por ciento.
“La preocupación central sobre la situación fiscal es que la deuda pública aumentará en 9,6 puntos del PIB –equivalente a 173 billones– en apenas tres años, en el contexto de una economía que no ha tenido ningún choque interno o externo significativo en ese periodo. El recorte del gasto, necesario e ineludible, se deja al próximo gobierno, que heredará unas cuentas fiscales en estado crítico y deberá poner en marcha un plan inmediato de ajuste fiscal”, expresó Luis Fernando Mejía, director del centro de pensamiento Fedesarrollo.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó la decisión. Foto:Néstor Gómez EL TIEMPO
¿Cuál es el plan?
Ante esta situación, Ávila anunció una reforma “estructural” tanto del lado de los ingresos como de los gastos para que el país retorne de manera “sostenible y creíble” a la senda de cumplimiento de las metas.
“Se requiere de un pacto fiscal que atienda la problemática de la dinámica de los ingresos y de los gastos inflexibles. Solo con el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gasto de los subsidios de energía y gas, y las amortizaciones de la Línea de Crédito Flexible del FMI, tenemos un impacto de altísimo nivel de 120 billones”, aseguró el ministro.
Con el objetivo de cuadrar las cuentas, anunció que a finales de julio presentará una nueva tributaria que logre recaudar un mínimo de 19 billones y un máximo de 25,4 billones de pesos. Hay que recordar que a finales del 2022 el gobierno de Gustavo Petro ya aprobó, con el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo a la cabeza, una reforma para recaudar 20 billones de pesos y, desde la época del también exministro Ricardo Bonilla se venía insistiendo sin éxito en otra por 12 billones.
“Como la reforma casi con seguridad no la aprobará el Congreso y no se anuncia ningún propósito genuino de disminuir el febril incremento de gasto burocrático en que andamos, significa que no habrá ninguna desactivación de la bomba fiscal que está estallando”, alertó el exministro Juan Camilo Restrepo.
Igualmente, la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, opinó que Colombia no necesita en estos momentos más impuestos ni discursos contradictorios. “El momento actual debería llevar al Gobierno a dar señales claras de responsabilidad en las decisiones fiscales y consistencia en el discurso económico. Es lo mínimo para generar confianza, atraer inversión y proteger el empleo”, dijo.
La nueva reforma buscará revisar propuestas inspiradas en la tributaria que se estaba pensando el año pasado, como modificaciones al impuesto al carbono, IVA a los juegos de suerte y azar en línea, o que tanto las plataformas digitales como las iglesias paguen impuestos, al tiempo que se revisaría un impuesto especial de carbón y petróleo y se plantearían alivios tributarios.
Gobierno seguiría con IVA de 19 por ciento en los juegos de suerte y azar en línea. Foto:iStock
De forma complementaria, también podrían evaluarse nuevos esquemas impositivos sobre actividades o productos que generan externalidades negativas, tales como el uso de plaguicidas, la emisión de ruido y dispositivos como los vapeadores. En total, con estas medidas, el Gobierno planea recaudar entre 4 y 8 billones de pesos este mismo año.
La segunda parte de la reforma, denominada por el ministro de carácter “estructural”, buscaría 19 billones. Aquí, el Gobierno está planteando revisar la estructura del IVA para reducir el gasto tributario, que son las deducciones, exenciones y tratamientos especiales que se les conceden a algunos contribuyentes para estimular el crecimiento.
Dentro del IVA, por lo que más se pierde es por los bienes y servicios que están excluidos, seguido de los que están exentos y los que tienen tarifas diferenciales. “Vamos a revisar de manera cuidadosa el gasto tributario. Son cerca de 89 billones de pesos de exenciones en IVA”, explicó el viceministro de Hacienda, Carlos Emilio Betancourt.
Para José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, la alerta más importante es la viabilidad política, pues es difícil que en el segundo semestre se apruebe una tributaria de tal magnitud. Además, señaló que hay mensajes contradictorios, pues el Gobierno había señalado que no estaría sobre la mesa reducir exenciones de IVA. “Esta es una solución inviable y el ajuste fiscal descansará en lo que pueda hacer un próximo gobierno”, opinó.
Igualmente, la reforma buscaría cambiar el impuesto al consumo y hacer modificaciones adicionales al impuesto de renta de las personas naturales. Según su propuesta, se podría explorar la posibilidad de fortalecer su progresividad mediante la revisión de las tarifas aplicables a los tramos más altos de ingreso. “En renta, creemos que todavía hay espacio entre una o dos tarifas marginales para aumentar la progresividad del tributo”, señaló el viceministro.
En total, para el 2026, el Gobierno proyecta que sus ingresos totales sean de 18,2 por ciento del PIB, lo que representa un aumento de 1,1 puntos frente al 2025, debido principalmente al mayor recaudo de esta tributaria.
Presentación Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 Foto:
En paralelo, el Gobierno propuso la creación de una Misión para reformar el gasto público y corregir los factores que generan ineficiencia e inflexibilidades. Esta debería desembocar en la formulación de un proyecto de ley y abordaría aspectos como una mayor eficiencia en la focalización de subsidios, la revisión de las exoneraciones en aportes a salud, Sena e ICBF para que sea el patrono y no la Nación quien asuma este costo, así como la posible redirección de recursos de las cajas de compensación hacia el sector salud.
Asimismo, debe contemplar la eliminación definitiva del subsidio implícito que entrega el FEPC al consumo de ACPM y la generación de eficiencias institucionales mediante la racionalización de funciones y estructuras redundantes.
Comité que vela por la regla, en desacuerdo
Hasta el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) anunció que emitió un concepto previo desfavorable a la activación de la cláusula y que el plan de ajuste propuesto por el Gobierno no es suficiente para apuntalar la confianza ni estabilizar la deuda en su nivel prudente.
“La crítica situación de las finanzas públicas pone de presente la urgente necesidad de que todos los sectores, incluyendo al Gobierno, el Congreso y la sociedad (entidades territoriales, organizaciones sociales, tejido empresarial y beneficiados por el gasto y las exenciones tributarias) acuerden las medidas necesarias para estabilizar las finanzas en un plazo razonable”, sentenció.
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