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La expedición del Decreto 1474 significó un punto de inflexión crítica para la industria de bebidas alcohólicas en Colombia.
Bajo el amparo de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional, el panorama para el sector de licores se tornará sombrío a partir del 1 de enero de 2026.
Esta medida, que busca mitigar el déficit fiscal del país, ha generado una respuesta inmediata y unánime de rechazo por parte de los principales actores de la industria y el comercio, quienes advierten sobre las consecuencias devastadoras que van desde la asfixia financiera de las regiones hasta la pérdida masiva de empleos y riesgos graves para la salud pública..
Decreto Petroemergencia económica Foto:Presidencia
La Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA) fue una de las primeras voces en manifestar una profunda preocupación ante lo que consideran una carga tributaria insostenible.
Según Esteban Ramos, gerente de la entidad, las nuevas disposiciones representan una carga impositiva que podría alcanzar hasta un 90% sobre el valor del producto, una cifra que pone en jaque la viabilidad misma de la industria licorera.
El cambio más drástico se observa en la tarifa del IVA, que pasaría del 5% al 19%, sumado a un incremento desproporcionado en los componentes del impuesto al consumo.
Productos de la FLA Foto:FLA
Desde la perspectiva de la FLA, esta medida no solo afecta la rentabilidad de las empresas productoras, sino que golpea directamente el corazón de las finanzas regionales.
Ramos ha señalado con firmeza que el Gobierno Nacional, mediante este decreto, se está apropiando de recursos que constitucionalmente deben ser destinados a sectores vitales como la salud y la educación en los territorios.
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Al centralizar estos recursos para cubrir gastos del presupuesto general de la nación, se genera un detrimento directo en la inversión social de los departamentos, lo cual compromete la estabilidad económica de las regiones que dependen históricamente de las rentas del licor.
Los cálculos de la fábrica muestran que una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que anteriormente tributaba cerca de $17.500, pasará a pagar un total de $33.000 en impuestos, lo que representa un aumento cercano al 50% en el precio final que debe asumir el consumidor.
En términos de precios al público, el impacto es tangible y significativo según los datos proyectados bajo el Decreto 1474. Una botella de aguardiente de 750 ml que actualmente tiene un costo de $50.000 experimentará un salto hasta los $63.000 aproximadamente.
El impacto es aún más evidente en productos como el ron, que pasaría de costar cerca de $55.800 a alcanzar los $70.470, un valor que ya incluye el IVA incrementado y el impuesto asociado a sus 35 grados de alcohol. El whisky no se queda atrás en esta escalada de precios, pues su valor comercial, que ronda habitualmente los $63.980, podría llegar a los $80.313 con la aplicación de los nuevos impuestos.
Productos de la FLA Foto:FLA
Lo que dice Asobares
Por otro lado, la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (ASOBARES) se ha unido al rechazo de estas medidas, calificándolas como un golpe severo al comercio formal y la sostenibilidad de la economía nocturna.
El gremio advierte que el sector de entretenimiento, que incluye bares, discotecas y gastrobares, todavía se encuentra en un proceso de recuperación tras los efectos de la pandemia, la inflación y el alza en los costos laborales.
Para Asobares, agregue una nueva carga tributaria sobre los licores, que son su principal insumo de venta, es una decisión regresiva y desconectada de la realidad económica que enfrentan millas de pequeños y medianos empresarios en todo el país.
Turistas en Provenza Foto:AFP
El impacto social de esta decisión es otra de las grandes alarmas encendidas por el gremio. La economía nocturna en Colombia genera aproximadamente 1’680.000 empleos, de los cuales una gran proporción corresponde a poblaciones vulnerables: un 28% son jóvenes y un 54% son mujeres.
Gravar excesivamente este sector amenaza la estabilidad de estos puestos de trabajo y pone en riesgo la viabilidad de negocios familiares que operan con márgenes de ganancia cada vez más reducidos. Asobares enfatiza que el sector no puede seguir siendo visto únicamente como una “fuente inagotable de recursos fiscales” sin considerar los efectos en la formalidad y la competitividad del país.
Más allá de los números y las finanzas, existe un riesgo latente para la salud pública que tanto la FLA como Asobares han resaltado.
Seguridad en Medellín Foto:Policia Metropolitana
El incremento desmedido en los precios del licor legal no suele traducirse en un mayor recaudo fiscal de manera lineal, sino que históricamente ha incentivado el consumo de licor adulterado y el fortalecimiento de las redes de contrabando.. El mercado ilegal se convierte en una alternativa peligrosa ante la imposibilidad de los consumidores de acceder a productos formales, lo cual no solo drena las finanzas territoriales, sino que pone en peligro la vida de los ciudadanos.
En conclusión, la industria del licor en Colombia enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos. Mientras el Gobierno Nacional defiende la medida como una necesidad para estabilizar las cuentas del país, los productores y comerciantes hacen un llamado urgente a la reconsideración y al diálogo técnico.
La preocupación es clara: una política tributaria que asfixie al sector productivo podría terminar destruyendo empleo y fomentando la ilegalidad, dejando a las regiones sin los recursos necesarios para sus programas sociales básicos.
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