es Colombiael uso de cámaras de vigilancia se ha convertido en una herramienta para la seguridadpero también en un foco de estrictas obligaciones legales para quienes las operan.
Esta infraestructura, sumada a los sistemas privados, debe someterse rigurosamente a la Ley 1581 de 2012que protege los datos personales de los ciudadanos captados en video.
Esta infraestructura debe someterse rigurosamente a la Ley 1581 de 2012. Foto:Secretaría de Seguridad de Bogotá
LEA TAMBIÉN
El marco legal y la protección del ciudadano
La legislación colombiana es claro al señalar que cualquier tratamiento de imágenes debe cumplir con principios de legalidad, finalidad y transparencia.
Tal como indica el texto normativolas grabaciones en espacios públicos o áreas privadas con incidencia en zonas comunes están bajo la lupa de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Esta entidad es la encargada de velar por que la información recolectada sea y proporcionales y necesarios para multas legítimasevitando abusos sobre la privacidad de las personas que transitan frente a los lentes de seguridad.
El incumplimiento de estas normas no es un asunto menor. Foto:Alcaldía de Bogotá
LEA TAMBIÉN
Sanciones económicas y cierres de operación
El incumplimiento de estas normas no es un asunto menor. De acuerdo con el artículo 23 de la ley mencionada, la SIC tiene la facultad de imponer multas que alcancen los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Estas sanciones pueden ser de carácter personal o institucional y, en casos de persistencia en la falta, tienen la capacidad de ser sucesivas.
Además de la carga económica, las empresas se exponen a la suspensión de sus actividades relacionadas con el tratamiento de datos por hasta seis meseso incluso al cierre definitivo si se trata de datos sensibles manejados sin los correctivos ordenados por la autoridad.
El uso de cámaras se ha convertido en un foco de estrictas obligaciones legales. Foto:alcaldia de cartagena
LEA TAMBIÉN
Tratamiento de datos sensibles y excepciones
La normativa establece una prohibición general para el tratamiento de datos sensiblesa menos que existan condiciones especificas.
Entre estas excepciones se encuentran la autorización expresa del titularla necesidad de salvar el interés vital de una persona incapacitada o multas históricas y estadísticas.
Es relevante mencionar que, según lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1581estas sanciones económicas se aplican exclusivamente a entres privados.
En el caso de que una autoridad pública vulnere estas disposiciones, el proceso debe ser remitido a la Procuraduría General de la Nación para su investigación respectiva.
La normativa establece una prohibición general para el tratamiento de datos sensibles. Foto:iStock
LEA TAMBIÉN
Responsabilidad en la administración de la información
La gestión de la seguridad publica y privada hoy exige no solo tecnología, sino una aadministración transparente de la información.
El acceso a los registros visuales por parte de las autoridades requiere fundamentos legales explícitosgarantizando siempre la confidencialidad de los archivos.
Las empresas y administraciones deben entender que una cámara no es solo un equipo de vigilancia, sino un punto de recolección de datos personales que, de ser mal administrados, pueden derivar en consecuencias jurídicas y financieras de gran magnitud.
Andrés Felipe Bejarano Bejarano
REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS
